Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer de la consulta de Ley con motivo de la decisión de fecha 23 de diciembre de 2003, dictada por el Juzgado Superior Tercero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la abogada Rosa Linda Cárdenas Martínez, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana MILDRED JOSEFINA SERRANO DE BARRETO, 2.- PROCEDENTE la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto Nº 6.286, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 3.-ANULA la decisión de fecha 23 de diciembre de 2003, dictada por el Juzgado Superior Tercero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital y 4.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo interpuesto.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- SU COMPETENCIA para conocer el presente recurso de apelación 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.-REVOCA el fallo proferido en fecha 4 de octubre de 2011, por el Juzgado a quo.4.- PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

Esta Corte declaró: 1.- La NULIDAD parcial del auto dictado por este Tribunal el día 9 de marzo de 2010, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo; 2.- Se REPONE la causa al estado de iniciar el lapso de fundamentación de la apelación, contado a partir de que conste en autos la última de las notificaciones de las partes aquí ordenadas y, por consiguiente, la continuación del procedimiento de segunda instancia, ello a los fines de que la parte recurrente pueda ejercer efectivamente su derecho a la defensa ante esta instancia.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido por el abogado Guillermo Reina Hernández, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 87.894, actuando en su carácter de representante judicial de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO MIRANDA DEL ESTADO ZULIA, contra el auto dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental en fecha 9 de abril de 2007, mediante el cual declaró improcedente la solicitud de reposición de la causa; 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido; 3.- CONFIRMA el auto apelado.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de la apelación ejercido 2.- SIN LUGAR la apelación ejercida. 3.- CONFIRMA la sentencia apelada.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en fecha 11 de abril de 2011, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial. 2.- HOMOLOGADO el desistimiento formulado por el abogado Francisco Antonio Panto Parra, antes identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano OMAR ANTONIO PIÑA ALVARADO, respecto del recurso de apelación interpuesto.

esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- HOMOLOGADO el desistimiento de la presente controversia administrativa planteada por la UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, suscitada por el conflicto de competencia existente entre el CONSEJO UNIVERSITARIO y el CONSEJO DE APELACIONES de la mencionada casa de estudios, la cual fue interpuesta por el abogado Manuel Rachadell, antes identificado, actuando en su condición de apoderado judicial de la aludida universidad.

Esta Corte declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido en fecha 1º de junio de 2005, por el ciudadano ORLANDO PRIETO CUBEROS, titular de la cédula de identidad N° V.-541.045, debidamente asistido por el abogado Miguel Ricardo Gil, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 4.520, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 2 de marzo del 2005, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido. 3.- Se CONFIRMA el fallo dictado en fecha 2 de marzo del 2005, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta en fecha 27 de enero de 2004, por la apoderada judicial de la parte querellante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 16 de diciembre de 2003, mediante la cual declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la abogada Marisela Cisneros Añez, previamente identificada, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano ELIO DE JESÚS ALTUVE VALECILLOS, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO MITRANDA. 2.- La PERENCIÓN de la instancia.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la Sociedad Mercantil "TALLERES BELMOPAN Nº17", S.R.L. contra el INSTITUTO NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS), esta Corte declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad, interpuesto. 2.-.PERIMIDA LA INSTANCIA en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto.