Esta Corte declaró: 1.- SU INCOMPETENCIA para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por los abogados Alfredo Romero Mendoza y Beatriz Rojas Moreno, actuando en su carácter de representantes judiciales de la sociedad mercantil SURAMERICANA DE LICORES CENTRO, C.A., contra la Providencia Administrativa Nº 302-R de fecha 11 de marzo de 2003, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO LARA, en consecuencia; 2.- ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado Distribuidor de los Tribunales del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia y por autoridad de la Ley, declara: - La reanudación de la presente causa, para lo cual se ordena la notificación de todas y cada una de las partes intervinientes en la presente controversia, y se ordena notificarles del contenido del auto de abocamiento recaído en fecha 14 de junio de 2012. - Se les advierte a las partes que el estado en que se reanudara la misma, es el de remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de que notifique al Director de Inspectoría Nacional y Otros Asuntos Colectivos del Trabajo del Sector Privado y al Procurador General de la República, de la admisión de la presente demanda de nulidad, de conformidad con el contenido del artículo 78 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y una vez practicadas dichas notificaciones continúe con el procedimiento señalado en la ley in comento. -La remisión del expediente judicial al Juzgado de Sustanciación.....

Por las razones antes expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara DESISTIDO el procedimiento en el recurso por abstención o carencia interpuesto conjuntamente con amparo cautelar, por los abogados Felicia Escobar, Enrique Cheang y Marianella Montilla, antes identificados, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la COOPERATIVA COLANTA LTDA, antes identificada, en fecha 28 de enero de 2004 contra la DIRECCIÓN DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI).

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, dictó Auto para Mejor Proveer, en el cual ORDENA la notificación de LA GOBERNACIÓN, LA SINDICATURA y al DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA DEL ESTADO MONAGAS, para que dentro del lapso de diez (10) días de despacho, contados a partir del vencimiento de los seis (6) días continuos que se le conceden como el término de la distancia, los cuales comenzaran a computarse una vez que conste en el expediente el recibo de las respectivas notificaciones a que se refiere el presente auto, consigne la información solicitada. Asimismo, se ORDENA la notificación del ciudadano CÉSAR DAVID BARRIOS MOROCOIMA, en su condición de parte recurrente en la presente causa.

Esta Corte declaró que: 1.- ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuere declinada por el Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 3 de mayo de 2012, para conocer del recurso por abstención o carencia, interpuesto por el abogado Abelardo Víctor Jaspe Gámez, actuando en representación de la sociedad mercantil ALQUICEL, C.A. así como de las ciudadanas GLORIA ANTONIETA FRANCO RODRÍGUEZ, CARMEN AMELIA FRANCO DE ACEVEDO y NIEVES FRANCO RODRÍGUEZ, contra la FUNDACIÓN "OFICINA PRESIDENCIA DE PLANES Y PROYECTOS ESPECIALES", adscrita al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia. 2.- INADMISIBLE la presente demanda por abstención, por cuanto se ha verificado la caducidad de la acción.

Esta Corte ORDENA notificar al ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS y al Presidente del CABILDO DEL DISTRITO METROPOLITANO, así como de la sociedad mercantil TRANSEGURO, C.A. DE SEGUROS, para que dentro del lapso de diez (10) días de despacho, contados a partir de que conste en autos la última de las notificaciones, den cumplimiento a lo solicitado en el presente auto.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual: 1. DECRETA LA EJECUCIÓN VOLUNTARIA de la sentencia Nº 2011-0424 del 24 de marzo de 2011, mediante la cual declaró PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda interpuesta por el ciudadano LUIS ANTONIO SOLARTE BETANCOURT titular de la cédula de identidad Nº 8.860.904, contra la actual CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL S.A (CORPOELEC). 2. ORDENA a la sociedad mercantil CORPOELEC, dé cumplimiento voluntario a lo establecido por esta Corte en el particular 2 del citado fallo, dentro del lapso de 10 días de despacho siguientes a que conste en autos su notificación y vencido como fuere el lapso de suspensión a que alude el artículo 97 del Decreto que rige las actuaciones de la Procuraduría General de la República. 3. Se ORDENA a la Secretaría de esta Corte, que anexe a la referida notificación, entre otros, copia certificada de la sentencia Nº 2011-0424 del 24 de marzo de 2011 a ejecutar y, practicar la notificación del ciudadano Luís Antonio Solarte.

Esta Corte ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de que este se pronuncie sobre la competencia de Tribunal para conocer del presente recurso, así como de la admisibilidad del mismo.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el 24 de noviembre de 1999 por la abogada Luisa Aurelia Romero Echarry, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana YESENIA COROMOTO TERÁN NAVARRO, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 1º de noviembre de 1999, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los prenombrados abogados, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO MIRANDA. 2. DESISTIDO el recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 3. En consecuencia, se declara FIRME la sentencia de fecha 1º de noviembre de 1999.

Esta Corte declaró: 1.- La SUSPENSIÓN de la causa hasta que se cite a los sucesores del causante, ASTERIO DE JESÚS BOJANA BALZA, titular de la cédula de identidad Nº 1.046.572, parte actora en la presente causa, contra la CORPORACIÓN DE SALUD DEL ESTADO ARAGUA (CORPOSALUD-ARAGUA). 2.- Se ORDENA a la Secretaría de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, librar edicto de conformidad con lo establecido en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, y realizar la citación de conformidad con el artículo 144 ejusdem. 3.- Se ORDENA notificar de la presente decisión a las ciudadanas María Luisa Iglesias de Bojana, Sonia Luisa Bojana de Fernández y Lucía Mireya Bojana de Cruz, antes identificadas, en su carácter de herederas del causante.