La Corte declaró Su COMPETENCIA para conocer la causa; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; y FIRME el fallo apelado.

La Corte declaró Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental en fecha 17 de diciembre de 2013, mediante la cual declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar innominada por el ciudadano JOSE COROMOTO SANCHEZ, debidamente asistido por el Abogado Jean Carlos Lovera Pérez, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO PORTUGUESA; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia, FIRME el fallo apelado.

La Corte declaró: que es COMPETENTE para conocer la causa; SIN LUGAR la apelación interpuesta; y CONFIRMA el fallo apelado.

La Corte se declarò: Que es COMPETENTE para conocer de la consulta de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental en fecha 24 de octubre de 2005, mediante la cual declaró "inadmisible" el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con amparo y subsidiariamente medida cautelar innominada por el ciudadano GASPAR JOSÉ MUJICA, debidamente asistido por la abogada Mirla Quiñones Lizardo, contra la COMANDANCIA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS POLICIALES DEL ESTADO LARA. 2.- IMPROCEDENTE, la consulta de Ley de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental en fecha 24 de octubre de 2005 y en consecuencia, FIRME dicha decisión.

La Corte declaró Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 29 de abril de 2015, mediante la cual declaró Parcialmente con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el Abogado Pedro Roberto Moya Álvarez, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana CARMEN LEIDA MONZÓN, contra el CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO ZAMORA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia, FIRME el fallo apelado.

La Corte declaro: DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; REVOCA PARCIALMENTE el fallo apelado, únicamente en relación a la nulidad parcial de la Providencia Administrativa Nº 33 de fecha 24 de febrero de 2014, respecto al retiro de la accionante y la orden de practicar las gestiones reubicatorias de la querellante; FIRME el resto de consideraciones del referido fallo y SIN LUGAR el recurso interpuesto.

La Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo Accidental "A", administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, 1. ORDENA el cálculo de la corrección monetaria solicitada, tomando en consideración el "...índice inflacionario desde el mes de febrero de 1987, hasta la fecha de la ejecución [de dicho] fallo...", es decir, hasta la fecha de realización de dicho cálculo, sobre la cantidad arrojada por el avalúo realizado el 26 de febrero de 1997, esto es, cuarenta y un millones cuarenta mil setecientos diecinueve bolívares con cincuenta y siete céntimos (Bs. 41.040.719,57), hoy cuarenta y un mil cuarenta bolívares con setenta y dos céntimos (Bs. 41.040,72), conforme a los parámetros establecidos en la motiva de la presente decisión. 2. Conforme al principio de colaboración entre los Órganos del Poder Público, previsto en el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se ACUERDA oficiar a la Oficina Centr.....

La Corte declaró: 1.- IMPROCEDENTE la solicitud de oposición ejercida por el apoderado judicial de la Universidad Central de Venezuela (UCV). 2.- TEMPESTIVA la solicitud efectuada en fecha 14 de julio de 2015, por la apoderada judicial de la ciudadana ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ, mediante la cual solicitó "la CORRECCIÓN MATERIAL", en marco del recurso contencioso administrativo funcionarial ejercido por la prenombrada ciudadana en contra de la UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (UCV). 3.- PROCEDENTE la solicitud de corrección por error material, donde se indicó como último cargo desempeñado por la recurrente, fue el de "Vice Procuradora General de la Procuraduría General de la República" cuando lo correcto es el de Asesor Ejecutivo de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), de acuerdo a lo establecido en la decisión dictada en fecha 7 de agosto de 2012, por el Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital".

La Corte dictó decisión mediante la cual ACEPTÓ LA COMPETENCIA DECLINADA por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, para conocer en primer grado de jurisdicción la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por los Apoderados Judiciales de los ciudadanos CARLOS ANDRÉS LÓPEZ GALLEGO Y ARAMITH QUINTERO, contra el acto administrativo sin fecha, identificado con el expediente Nº DGG-060-R-2013, dictado por la DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN, adscrita al DESPACHO DE LA VICEMINISTRA DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA Y GESTIÓN DEL HÁBITAT DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA VIVIENDA Y HÁBITAT; y ORDENÓ remitir al Juzgado de Sustanciación a fin de que se pronuncie sobre las causales de admisibilidad y de ser procedente se abra el respectivo cuaderno separado para la tramitación de la medida cautelar solicitada.

La Corte declaró que es COMPETENTE para conocer la presente causa; SIN LUGAR la apelación interpuesta y CONFIRMA el fallo apelado.