En virtud de lo expuesto, esta Corte revoca la sentencia objeto de apelación dicta en fecha 30 de mayo de 2008 por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, únicamente en lo que se refiere al pago de las prestaciones sociales y de los restantes conceptos reclamados, en consecuencia confirma parcialmente la sentencia apelada con las modificaciones expuestas y se declara parcialmente con lugar el recurso contencioso funcionarial interpuesto.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer los recursos de apelación ejercidos en fecha 21 de marzo de 2011, por la apoderada judicial de la accionante y recurrida, respectivamente, contra la sentencia proferida en fecha 16 de marzo de 2011, por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta por la parte recurrida, 3.- PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación ejercida por la recurrente, 4.- Se REVOCA PARCIALMENTE el fallo apelado, 5.- Se CONFIRMA PARCIALMENTE, la decisión de fecha 16 de marzo de 2011, proferida por el Juzgado Superior antes señalado.

En aras de salvaguardar el derecho a la defensa de las partes, y en atención a lo estatuido en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, aplicable de manera supletoria al presente caso por mandato del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, debe esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo declarar la nulidad parcial del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 12 de mayo de 2011, únicamente en lo relativo al inicio del procedimiento de segunda instancia establecido en el Título IV, Capítulo III, artículo 87 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo, y en consecuencia, se repone la causa al estado de que se libren las notificaciones a que hubiera lugar, para que se dé inicio al procedimiento antes señalado. Así se decide.

Esta Corte se declara COMPETENTE para conocer en consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, de fecha 30 de noviembre de 2009, mediante el cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los apoderados judiciales de la ciudadana NERIS RAMONA GARCÍA JIMÉNEZ, contra la República Bolivariana de Venezuela por órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN. 2.- PROCEDENTE la consulta obligatoria de la sentencia; y Conociendo en Consulta, REVOCA PARCIALMENTE la decisión del Juzgado a quo, sólo en cuanto al pago de los intereses correspondientes a la prestación de antigüedad otorgados a favor de la recurrente desde el 1º de octubre de 2003 (fecha efectiva en que esta fue jubilada), hasta el 30 de noviembre de 2006 (fecha en que se efectuó su pago de las prestaciones sociales).

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente con solicitud de suspensión de efectos ejercido por los abogados Jesús Alberto Sol Gil, Karla D´Vivo Yusti, Rosa Ofelia Caballero Perdomo y Carlos José Almarza Parra, en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana BELKYS ROCÍO ALVARADO RAVELO contra la Resolución Nº 239.10 de fecha 6 de mayo de 2010, emitida por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN) hoy SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO, mediante la cual acordó sancionar a la referida ciudadana con multa por la cantidad de cincuenta y nueve mil doscientos setenta y cuatro bolívares fuertes con ochenta céntimos (Bs. F. 59.274,80), así como con su exclusión del.....

Esta Corte declara que es COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida por la abogada Irene Moros, actuando con el carácter de apoderada judicial de la parte recurrida, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativa de la Región Capital en fecha 14 de diciembre de 2010, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el el ciudadano GILBERTO ANTONIO CASTILLO ÁLVAREZ, titular de la cédula de identidad Nº 6.030.823, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 81.860 actuando en su propio nombre y representación, contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA; CON LUGAR la apelación incoada; ANULA el fallo apelado; y SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial ejercido.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- Su Competencia para conocer del Recurso de Apelación interpuesto. 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta por la parte recurrente. 3.- REVOCA la decisión dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 4 de febrero de 2011. 4.-PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la representación judicial de la ciudadana María Teresa Román. 5.-Se ORDENA la reincorporación de la recurrente por el lapso de un (1) mes de disponibilidad, al cargo que ejercía al momento de ser removida por la GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, con el pago del sueldo correspondiente a dicho período, a los fines de que se realicen las respectivas gestiones reubicatorias, y de resultar infructuosas se dicte el acto administrativo de retiro correspondiente.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por la abogada Juamelis Díaz, procediendo con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil INVERSIONES MM 5000 S.A., contra el acto administrativo contenido en la Resolución 102.11 dictada por la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN) en fecha 8 de abril de 2001, por medio del cual declaró sin lugar el recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución 660.10 de fecha 28 de diciembre de 2010, por la cual se acordó intervenir a la recurrente.

En la presente demanda por cobro de bolívares incoada conjuntamente con medida cautelar de embargo preventivo por la abogado Mary Echarry Mendoza, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 41.552, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil PROTECCIÓN Y VIGILANCIA C.A. (PROVICA), contra la UNIVERSIDAD DE ORIENTE (UDO); se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA efectuada en fecha 9 de mayo de 2011 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, para conocer la presente demanda, y 2.- ORDENÓ la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de que se pronuncie acerca de la admisión de la misma y de ser procedente proceda a abrir el respectivo cuaderno separado a los fines de tramitar la medida cautelar solicitada.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto. 2-. CON LUGAR la apelación interpuesta por la parte recurrida. 3.- REVOCA la decisión dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 25 de febrero de 2008. 4.- PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial, en consecuencia ordena la reincorporación del recurrente por el lapso de un (1) mes de disponibilidad, al cargo que ejercía al momento de ser removido por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, con el pago del sueldo correspondiente a dicho período, a los fines de que se realicen las respectivas gestiones reubicatorias.