La Corte declaró: QUE NO ACEPTA LA COMPETENCIA declinada por el Juzgado Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 3 de noviembre de 2010, para conocer de la demanda por estimación e intimación de honorarios profesionales interpuesto por el abogado José Ramón Escobar Vaamonde Durán, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 51.103, contra la COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL DE TELÉFONOS DE VENEZUELA. PLANTEA CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA para ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a la cual se ordena remitir el presente expediente.

La Corte Declaró que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto; Con lugar el recurso interpuesto. Revocó el fallo recurrido; Declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto; Ordenó la remisión del expediente al Juzgado de origen.

La Corte declara su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto por la recurrente contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 11 de noviembre de 2010, que declaró sin lugar sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana OLGA YUDITH FLORES ZERLIN contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE Y LA COMUNICACIÓN; CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. ; ANULA la sentencia apelada; PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, y en consecuencia; ORDENA la reincorporación de la ciudadana Olga Yudith Flores Zerlin en el cargo de Secretaria II, o en su defecto a uno de igual o superior jerarquía con el pago del sueldo correspondiente contado a partir de la referida reincorporación al cargo.

La Corte declaró SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos, presentado por la sociedad mercantil BANCO MERCANTIL, C.A., Banco Universal, representada por los abogados Rafael Badell Madrid y Camille Rieber Ricoy, contra la Resolución Administrativas N° 601-05 de fecha 8 de diciembre de 2005, respectivamente, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN).

La Corte declara Su COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta en fecha 21 de abril de 2010, por la representante judicial del recurrente, contra la sentencia dictada por el referido Juzgado en fecha 07 de abril de 2010, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto el 5 de agosto de 2009, por la abogada Aura Rincón, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 1.871, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano VÍCTOR PEREIRA, titular de la cédula de identidad Nº 4.421.054 contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES; SIN LUGAR la apelación interpuesta; y CONFIRMA el fallo proferido por el iudex a quo en fecha 7 de abril de 2010.

La Corte declaró PROCEDENTE la solicitud de medida cautelar innominada realizada por la representante judicial de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA; ORDENA la ocupación previa de todos los derechos, bienes muebles e inmuebles y, demás bienhechurías descritas en el artículo 1° del Decreto N° 6.657 de fecha 30 de marzo de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.150 de fecha 31 de marzo de 2009; OTORGA la Posesión y Administración de los bienes objeto de expropiación del Fundo conocido como Hato El Frío al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS; Se ORDENA se practique una INSPECCIÓN JUDICIAL; Se EXHORTA a los órganos de seguridad del Estado que presten el apoyo institucional a los fines de resguardar la seguridad en el procedimiento; Se ORDENA tramitar, de conformidad con las previsiones de los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

La Corte declara: Que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto; PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación incoado. REVOCA PARCIALMENTE el fallo apelado, únicamente en lo que respecta a la orden de pago de los dos (2) días adicionales de antigüedad, por cuanto sí se encuentra probado que la Administración tomó en consideración dicho concepto laboral, revocándose igualmente la orden de pago de los cestatickets reclamados, así como el bono vacacional y la prima geográfica no cancelados durante la relación funcionarial, por encontrarse dicha reclamación judicial caduca. CONFIRMA el resto del fallo apelado.

La Corte declaró: TERMINADO EL PROCEDIMIENTO POR ABANDONO DEL TRÁMITE, en la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado José Gregorio Cestari Paúl, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 66.111, actuando en representación de la EMBOTELLADORA TEREPAIMA C.A., sociedad mercantil debidamente inscrita por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, el 1 de diciembre de 1964, anotado bajo el Nº 255, según consta en poder debidamente autenticado por ante la Notaria Pública Cuarta de Barquisimeto en fecha 31 de mayo de 2004, anotado bajo el Nº 28. Tomo 80; contra los actos administrativos de fecha de mayo de 2004, emanados de la DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL Y CONTRALORÍA SANITARIA DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y DESARROLLO SOCIAL.

La Corte declara: Su COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta el 22 de abril de 2008 por el abogado Darío Augusto Balliache, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N°117.565, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Global Gas, C.A., contra la sentencia dictada el día 18 de ese mismo mes y año por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró improcedente la medida cautelar solicitada. SIN LUGAR la apelación planteada. CONFIRMA en los términos expuestos en el presente fallo la decisión apelada.

La Corte declaró: Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido por la abogada Nelexis Hernández Guanipa, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 108.526, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE BARBOZA Y PAREDES C.A. (BARPACA), contra la decisión dictada en fecha 27 de abril de 2010, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo del Estado Zulia, que declaró improcedente la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada en el marco del recurso contencioso administrativo de nulidad incoado. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. FIRME la sentencia apelada. Se ordenó remitir el expediente al tribunal de origen.