Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de los recursos de apelación interpuestos en fechas 13 de octubre de 2009 y 27 de octubre de 2009, por la representación judicial de la parte actora, y el Procurador General de la República respectivamente, contra la sentencia de fecha 8 de octubre de 2009, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la representación judicial del ciudadano CARLOS JULIO MENDOZA, contra el MINISTERIO DEL POPULAR PARA EL AMBIENTE. 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta por la representación judicial del ciudadano Carlos Julio Mendoza, y en consecuencia. 3.- PARCIALMENTE CON LUGAR la querella funcionarial interpuesta.

Por las razones expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto por el abogado Isauro Monasterio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº25.090, actuando con el carácter de apoderado Judicial de la ciudadana DENIS DEL CARMEN HIDALGO VALECILLO, titular de la cédula de identidad Nº 16.377.245, contra la sentencia proferida por el Juzgado Superior de Primera Instancia en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 12 de abril de 2011, que declaró sin lugar el recurso ejercido contra el INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES). 2- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto, en consecuencia: 3.-. CONFIRMA el fallo apelado.

Esta Corte Segunda declara: 1.- LA SUSPENSIÓN de la causa hasta que se cite a los sucesores del del causante, RICARDO CHACÓN BECERRA, titular de la cédula de identidad Nº 3.620.063, parte actora en la presente causa, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA. 2.- ORDENA a la Secretaría de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, librar Edicto de conformidad con lo establecido en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, y realizar la citación de conformidad con el artículo 144 ejusdem.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el presente recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, interpuesto por los abogados Juan Pablo Livinalli, Jorge Kiriakidis Longhi y Luis Vollbracht Serpa, procediendo en su carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos GILDA E. PABÓN GUDIÑO, NELSON J. MEZERHANE G., ANÍBAL J. LATUFF, ROGELIO TRUJILLO GARCÍA, MASHUD A. MEZERHANE, ENRIQUE URDANETA ALAMO y JOSÉ GONZÁLEZ CASADO, en su condición de ex directores de la sociedad mercantil FEDERAL BANCO DE INVERSIÓN C.A., contra la Resolución Nº 310.10 de fecha 15 de junio de 2010, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, mediante la cual se ordenó la intervención administrativa, con cese de intermediación financiera de la referida entidad bancaria.

Esta Corte ORDENA notificar al INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) para que dentro del lapso de cinco (5) días de despacho, contados a partir de la fecha en que conste en el expediente el recibo de la notificación, dé cumplimiento a lo ordenado en la presente decisión.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer de la apelación ejercida por el ciudadano Oliverio Acosta Cedeño, actuando con el carácter de Presidente del organismo recurrido, contra la sentencia de fecha 31 de julio de 2003, mediante la cual declaró con lugar la querella funcionarial interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por la ciudadana IRIS SALAZAR, contra el CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO AMAZONAS. 2. DESISTIDO el recurso de apelación. 3. PROCEDENTE la consulta de Ley prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.4. Conociendo el fondo del asunto se REVOCA la sentencia dictada por el iudex a quo, en consecuencia, se declara INADMISIBLE, la querella funcionarial interpuesta.

Esta Corte declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 24 de marzo de 2011, por la abogada Vicmar Olmos, actuando con el carácter de Síndica Procuradora del Municipio Mario Briceño Iragorry del Estado Aragua, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Región Central, Estado Aragua en fecha 22 de marzo de 2011. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación; 3.- IMPROCEDENTE la consulta de Ley prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 4.- FIRME la sentencia apelada.

En el presente recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Juan José González, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 65.585, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana ALEIDA ROJAS DE MARIN, titular de la cédula de identidad Nº 5.525.236, contra la Resolución Nº 2608 de fecha 19 de febrero de 2002 emanada de la ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS; esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte querellada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 27 de julio de 2004, mediante la cual declaró con lugar el recurso interpuesto; 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto y, 3.- CONFIRMA el fallo dictado por el referido Juzgado en fecha 27 de julio de 2004.

Con base en lo expuesto y efectuado el análisis del contenido de la decisión apelada, esta Corte estima que la sentencia dictada el día 2 de febrero de 2007, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano Rafael Virguez, debidamente asistido por la abogada Mierla Quiñonez Lizardo, contra la las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Lara, no vulnera normas de orden público ni se encuentra en contradicción con los criterios vinculantes emanados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En tal virtud, esta Corte declara DESISTIDO el presente recurso de apelación y, en consecuencia, FIRME el fallo apelado.

En el presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar de suspensión de efectos, por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil C.A. CENTRAL, BANCO UNIVERSAL, la cual pasó a conformar el BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL C.A, contra la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN); esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- IMPROCEDENTE LA HOMOLOGACIÓN DEL DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN formulada por el apoderado judicial de la recurrente; 2.- IMPROCEDENTE la solicitud de declaratoria de perención de la instancia formulada por el Fiscal Segundo del Ministerio Público ante las Cortes de lo Contencioso Administrativo, mediante diligencia suscrita en fecha 22 de noviembre de 2011, y 3.- Se ORDENA la continuación de la sustanciación de la presente causa, con todas las formalidades a que haya lugar conforme a la Ley.