La Corte RATIFICÓ lo señalado mediante decisión de fecha 21 de octubre de 2010, esta Corte mediante decisión Nº 2010-01511, relativo a que la Superintendencia de Seguros deberá remitir a esta Corte, en un plazo de diez (10) días hábiles, una vez que conste en autos su notificación, proceda a determinar los bienes muebles propiedad de la sociedad mercantil SEGUROS PIRÁMIDE, C.A., a los efectos de ejecutar la medida cautelar de embargo preventivo solicitada por los representantes de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, contra las sociedades mercantiles GONZA, C.A., y SEGUROS PIRÁMIDE, C.A. Ordena la remisión del expediente a la Secretaría de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. Se ordenó la notificación.

La Corte Declaró que es COMPETENTE para conocer de las apelaciones ejercidas. Declaró IMPROCEDENTE el decaimiento del objeto. Declaró CON LUGAR la apelación incoada por los apoderados judiciales del qurellante. INOFICIOSO pronunciarse con respecto a la apelación formulada por la parte querellada. ANULÓ el fallo apelado. Declaró CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, en consecuencia: A) ORDENÓ el ajuste de la pensión por invalidez, a partir del 1º de enero de 2008, sobre el sueldo que corresponde al cargo de GERENTE. B) ORDENÓ el pago de la diferencia entre lo pagado por la parte querellada por concepto de dicha pensión, desde el 1º de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2009, más las diferencias de los tres meses de las bonificaciones de fin de año, desde el año 2007. C) ORDENÓ la realización de una experticia complementaria del fallo, la notificación de las partes y la remisión del exp.

La Corte declaró QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto por el abogado Miguel Ángel Padrino, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte recurrida, contra la decisión dictada en fecha 6 de agosto de 2003, por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, mediante la cual declaró Con Lugar el recurso interpuesto por el ciudadano CARLOS GREGORIO SALAZAR GUTIÉRREZ , asistido de abogado, contra la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO MONAGAS. CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. REVOCÓ el fallo dictado en fecha 6 de agosto de 2003, por el referido Juzgado. SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. Se ordenó remitir el expediente al tribunal de origen.

La Corte declaró Que es COMPETENTE para conocer en consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo del Estado Falcón, de fecha 5 de octubre de 2010, mediante el cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana ANNY MARÍA RODRÍGUEZ YANEZ, asistida por el abogado Alexis Faneite, identificados en el encabezado del presente fallo, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO FALCÓN. PROCEDENTE la consulta de Ley invocada por el referido Juzgado. Conociendo de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se REVOCA el fallo dictado por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo del Estado Falcón, en fecha 5 de octubre de 2010. INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

La Corte declaró Que es COMPETENTE para conocer en consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, de fecha 12 de abril de 2010, mediante el cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana ZOILA ELINA ARÉVALO OLLARVES, titular de la cédula de identidad Nº 4.174.768, asistida por el abogado Francisco Enrique Bolívar Boliívar, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 109.307, contra la República Bolivariana de Venezuela por órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN. Conociendo de la consulta prevista en el artículo 72 de Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se CONFIRMA la referida decisión.

La Corte declaró SIN LUGAR la oposición al amparo cautelar solicitado por el abogado Pedro Betancourt López, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 8.565, actuando con el carácter de apoderado judicial del Instituto Nacional de la Vivienda, a la medida cautelar otorgada por esta Corte en fecha 6 de febrero de 2007, bajo el N° 2007-00145, mediante la cual suspendió los efectos del acto administrativo dictado por el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) Nº 0180 de fecha 15 de junio de 2005, mediante el cual fue revocada la adjudicación de la vivienda realizada por el aludido ente a favor de la ciudadana Carmen Teresa Paredes Nasser. SE RATIFICÓ la medida cautelar acordada por este Órgano Jurisdiccional en fecha 6 de febrero de 2006. Se ordenó la notificación.

La Corte declaró QUE ES COMPETENTE para conocer de la consulta del fallo dictado el 9 de agosto de 2010 dictada por el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante el cual declaró declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con medida cautelar por el ciudadano JESÚS MANUEL DÍAZ, titular de la cédula de identidad Nº 11.663.474, asistido por el abogado Jaidan Alberto Lange, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 93.935, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE (INSETRA). IMPROCEDENTE la consulta de Ley invocada por el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, con motivo a la decisión de fecha 9 de agosto de 2010. FIRME el fallo dictado por el Juzgado a quo en fecha 9 de agosto de 2010.

La Corte solicitó a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras cualquier documento del cual se desprendan las funciones ejercidas por la recurrente en el cargo de Examinador de Bancos V, adscrita a la Gerencia de Inspección 8 de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), Manual Descriptivo de Cargos, Registro de Información de Cargos, Descripción del Cargo en referencia, u órdenes e instrucciones dadas para su cumplimiento, del cual se pueda evidenciar las funciones ejercidas por la ciudadana Loida Mariela Cisneros Prim, para el momento de su retiro, dicha información requerida, deberá ser consignada, dentro del lapso de ocho (8) días de despacho siguientes a la notificación del presente auto.

La Corte declaró DESISTIDO el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la abogada Yohanna Pedroso Maestracci, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 54.065, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano CÉSAR ALBERTO LARA BOTELLO, titular de cédula de identidad Nº 4.362.640 contra del acto administrativo S/N, emanado del INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS E INSULARES (INEA), de fecha 19 de agosto de 2004, mediante el cual declaró al referido ciudadano "responsable administrativamente por haber ordenado pagos a empresas por obras no ejecutadas, e igualmente le impone accesoriamente, la sanción de multa".

La Corte declaró Que es COMPETENTE para conocer en virtud de la consulta de Ley de la sentencia dictada el 26 de octubre de 2010, por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los apoderados judiciales de la ciudadana ELIZABETH IBARRA CELIS, contra el FONDO INTERGUBERNAMENTAL PARA LA DESCENTRALIZACIÓN (FIDES). Conociendo de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial Orgánica de la Procuraduría General de la República, CONFIRMA el fallo consultado.