Por los motivos expuestos, en el caso de marras, se reitera que la pretensión de la parte demandante luce a todas luces infundada, pues persigue el pago de una serie de proyectos, supuestamente elaborados y entregados a la Alcaldía del Municipio Libertador del Estado Monagas, no obstante la carencia de valor probatorio del documento contractual y de la inexistencia de plena prueba de tal obligación supuestamente contraída, con lo cual este Órgano Jurisdiccional no puede legitimar dicha pretensión.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró:1.- QUE ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuere declinada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de los Andes para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos interpuesto por el abogado Carlos Augusto Álvarez Paz, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ASOCIACIÓN COOPERATIVA "MIXTA FRATERNIDAD DEL TRANSPORTE" contra el acto administrativo Nº 465-10 de fecha 7 de junio de 2010, emanado de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COOPERATIVAS (SUNACOOP). 2.- ORDENA la remisión inmediata de la presente causa al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de que se pronuncie sobre la admisibilidad del presente recurso, con prescindencia de la competencia, ya analizada en el presente fallo, y asimismo ordene la apertura inmediata del respectivo cuaderno separado para resolver acerca de la.....

CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la representación judicial del querellante; REVOCA la sentencia de fecha treinta y uno (31) de octubre de dos mil siete (2007), dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, por haber errado al declarar la inadmisibilidad del recurso; ORDENA remitir el expediente al Juzgado antes mecionado a los fines de que éste proceda a pronunciarse sobre el fondo del asunto debatido.

En el recurso de apelación interpuesto por la Abogada María Auxiliadora Delascio Espinoza, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 25 de septiembre de 2003, que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana MARÍA EUGENIA GODOY CANELÓN, contra el referido órgano de control fiscal, esta Corte dictó decisión por medio de la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto; 2. CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto; 3. REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital; 4. SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

En la consulta de Ley de la sentencia dictada en fecha 23 de febrero de 2007, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, mediante la cual declaró Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana EMERY NAVA DE QUERO asistida por los Abogados Joel Rodríguez y Nayda Nava de Esteva, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer en consulta la sentencia dictada; REVOCÓ la sentencia dictada por el Juez A quo; y declaró PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

Esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer la demanda de expropiación interpuesta conjuntamente con "medida innominada de posesión y uso de los bienes", por el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA AGRICULTURA Y TIERRA, respecto a "¿los bienes muebles e inmuebles y bienhechurías presuntamente propiedad de la sociedad mercantil TRUCHICULTURA VALLE REY, C.A., 2. ADMITE la demanda de expropiación interpuesta, 3. PROCEDENTE medida cautelar innominada solicitada, 4. Otorga a la República Bolivariana de Venezuela, hasta tanto dure la tramitación del juicio de expropiación a que se contrae el presente fallo, identificados en la motiva del presente fallo, 5. ORDENA comisionar al Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Libertador y Santos Marquina del Estado Mérida, 6. ORDENA remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de que la causa continúe su curso de Ley y 7. ORDENA abrir cuaderno separado a los fines de la tramitación de la medida cautelar acordada.

En el recurso de apelación ejercido por los Apoderados Judiciales del ciudadano JESUS ALBERTO ROJAS DIAZ, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 02 de julio de 2003, que declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, contra EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación; SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido; y CONFIRMÓ la sentencia apelada.

En el recurso del recurso de apelación ejercido por la Apoderada Judicial de la parte recurrida, contra la sentencia dictada en fecha 9 de diciembre de 2010, por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana MIRNA TERESA CASTILLO MONTILVA, asistida por los Abogados Bethsy Chirinos Castillo y Francisco Lepore, contra el FONDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE). Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso del recurso de apelación ejercido; SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido; y CONFIRMÓ la sentencia dictada.

En el recurso de apelación interpuesto por la Apoderada Judicial del ciudadano CARLOS VELIZ HERNÁNDEZ, contra la sentencia dictada en fecha 10 de agosto de 2010, por el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, mediante la cual declaró Inadmisible la acción de amparo constitucional ejercida por el referido ciudadano contra la sociedad mercantil VIGILANCIA Y PROTECCIÓN MOR-MAR C.A. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto; SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto y CONFIRMÓ la sentencia dictada por el mencionado Juzgado Superior con la motiva expuesta en el fallo.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 30 de marzo de 2011, por el Abogado José Varela, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil BALMES BIENES INMUEBLES, C.A., contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra la Resolución Nº 00012972, de fecha 26 de marzo del año 2009, emanada de la DIRECCIÓN GENERAL DE INQUILINATO DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE Y COMUNICACIONES, esta Corte dictó sentencia por medio de la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto; 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; 3. FIRME el fallo apelado.