La Corte declaró su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto por el abogado el 9 de agosto de 2010 por el abogado Ramón Segundo Ruiz Moreno, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte demandante contra la sentencia dictada en fecha 2 de agosto de 2010 el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, mediante el cual se declaró inadmisible el presente recurso de nulidad interpuesto por la ciudadana Aimar Josefina Pérez Reyes de Ruiz, asistida por la abogada Leylane Arévalo Leidenz, contra el Municipio Colina del Estado Falcón; SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto y; Se CONFIRMA la sentencia apelada.

La Corte declaró: QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta por la abogada Ada Fernández, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 83.078, actuando con el carácter de apoderada judicial de la parte recurrida contra la decisión dictada el 21 de enero de 2008, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SANTA ROSALÍA DEL ESTADO PORTUGUESA. CON LUGAR la apelación interpuesta. ANULA el fallo apelado. Conociendo del fondo del asunto declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

La Corte declaró SIN LUGAR la demanda por cumplimiento de contrato e indemnización por daños y perjuicios ejercida por los abogados Alfredo Abou-Hasan, Álvaro Prada Alviárez y Víctor Manuel Vilachá, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajos los números 58.774, 65.692 y 98.923, actuando como apoderados judiciales de la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES YAIPAL, C.A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua en fecha 15 de febrero de 1993, bajo el Nº 64, Tomo 536-A, contra la JUNTA LIQUIDADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI).

La Corte declaró: SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar y, subsidiariamente, medida cautelar innominada, por los abogados Luis A. Ortiz Álvarez, Juan Carlos Oliveira Bonomi y Giancarlo Hernández Maionica, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Números 55.570, 117.971 y 112.186, respectivamente, actuando en su condición de apoderados judiciales de las sociedades mercantiles BELHOF INVESTERINGSMAATCHAPPIJ B.V. y BELHOF LATIN AMERICA, N.V., identificada en autos, contra el acto administrativo Número MILCO-SIEX-CJ-035-2007 de fecha 15 de agosto de 2007, emanado de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS.

La Corte declaró que es COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta por la abogada Sugey Centeno, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 118.292, en su carácter de apoderada Judicial de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO LIBERTADOR; y de la apelación interpuesta por la abogada Anthgloris Días Meza, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 43.889 en su condición de apoderada judicial del ciudadano Bernardo Pinto, en su condición de tercero interesado, titular de la cédula de identidad N° E-81.598.266, contra la sentencia de fecha 11 de agosto de 2008, dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital.Asimismo, declaró desistida la apelación ejercida por la representación judicial de la Alcaldía del Municipio Libertador; declaró sin lugar la apelación ejercida por la apoderada judicial del tercero interesado. En consecuencia, confirmó la sentencia apelada en todas sus partes.

La Corte declaró COMPETETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto; CON LUGAR la apelación interpuesta; Se REVOCA la sentencia apelada; Conociendo la solicitud cautelar, se declara IMPROCEDENTE.

La Corte declaró: SU COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta por el abogado Edgar Rodríguez Mora, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Número 7.53, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana Yurabi Rodríguez García, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Amazonas en fecha 25 de agosto de 2005, mediante la cual declaró CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO AMAZONAS; SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto; CONFIRMA el fallo apelado. Se deja sin efecto el asiento Nº 112 de fecha 8 de diciembre de 2010, del Libro Diario Digitalizado del Sistema Juris 2000, por cuanto el mismo fue diarizado por error material, téngase como válida la presente minuta para todas las actuaciones legales consiguientes.

La Corte ordenó a la Alcaldía del Municipio San Fernando del estado Apure, informe a esta Corte sobre el procedimiento de expropiación de las bienhechurías ubicadas en el fundo "La Palmita", específicamente en cuanto a: 1.1.- Si hasta la presente fecha no se ha llegado a un acuerdo amigable, a tenor de lo previsto en el artículo 22 de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social; 1.2.- Si se ha iniciado el procedimiento de expropiación ante el Órgano Jurisdiccional competente de conformidad con el artículo 23 de la referida Ley, en cuyo caso, deberá remitir copia certificada de todas las actuaciones judiciales llevadas en ese procedimiento que declaró la expropiación;1.3.- Si fue designada la Comisión de Avalúos, a efectos de determinar el valor de los bienes afectados, según lo dispone el artículo 19 de la referida ley;1.4. Remita copia certificada de las actuaciones llevadas en sede administrativa. Asimismo, ordenó la notfificación del ciudadano José Osuna J.

La Corte declaró competente para conocer de la presente apelación; SIN LUGAR la apelación interpuesta; Se CONFIRMA el fallo apelado en los términos expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

La Corte declaró: SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la abogada Nilka Cedeño C., actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil MIPLAN RECÍPROCO MIPLAN, S.A. contra el acto administrativo dictado por el Consejo Directivo del INSTITUTO PARA LA DEFENSA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO (INDECU) -hoy INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS)-, el 24 de enero de 2008, mediante la cual declaró sin lugar el recurso jerárquico y confirmó en todas y cada una de sus partes, la decisión recurrida dictada por el Presidente del referido Instituto, el 10 de mayo de 2005, que sancionó con multa de dos mil unidades tributarias (2000 U.T.) a la sociedad mercantil recurrente.