Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación ejercido por la abogada Karla Peña García, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 123.501, actuando con el carácter de apoderada judicial de la FUNDACIÓN BANCO DE DROGAS ANTINEOPLÁSICAS (BADAN), contra la decisión dictada por el referido Juzgado, en fecha 25 de noviembre de 2010, que negó la solicitud de declarar desistido el procedimiento, en el marco de la demanda de contenido patrimonial incoada por los apoderados judiciales del ciudadano FRANCISCO JONÁS MENDOZA, titular de la cédula de identidad N° 1.972.528, contra la mencionada Fundación. 2.- EL DECAIMIENTO DEL OBJETO DE LA APELACIÓN efectuada por la representación judicial de la referida Fundación. 3.- Se ordenó la remisión del expediente al Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer de la consulta de Ley del fallo dictado en fecha 25 de marzo de 2003, por el Juzgado Superior Cuarto en Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante el cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la abogada Brenda Magaly Roa Palma, inscrita en el Instituto de Prevención Social del abogado bajo el número 1.508, actuando en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana LOURDES CECILIA LEAL contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S); 2.- Conociendo en consulta de Ley CONFIRMA el fallo dictado por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 25 de marzo de 2003, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta por la abogada Libna Motta Reina, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 43.750, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano SERGIO ANTONIO HERRERA, titular de la cédula de identidad Nº 7.160.166, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, en fecha 17 de septiembre de 2002, que declaró inadmisible la querella funcionarial interpuesta por el mencionado ciudadano contra la "ALCALDÍA DEL MUNICIPIO JUAN JOSÉ MORA DEL ESTADO CARABOBO".2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta. 3.- FIRME el fallo apelado. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

Esta Corte dictó Sentencia mediante la cual declaró HOMOLOGADO el desistimiento planteado por la abogada María Fátima Cremi Baldini, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 44.821, en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana MARILÉ GASSIRARO ARAMBULET, contra la decisión de fecha 15 de febrero de 2011, suscrita por la DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO PORTUGUESA.

Esta Corte dictó decisión, mediante la cual solicitó a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), informe, dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes a la notificación del presente auto, cuál fue el método utilizado para la cuantificación de las mercancías importadas por la Sociedad Mercantil Soluciones Aquatech, C.A., Se ordena notificar.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta por los abogados Marlys Orfila Márquez y Romer Martínez Maurell, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 14 de julio de 2010, mediante la cual declaró PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JUAN VICENTE MEDINA SALAZAR, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL. 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta por la parte recurrente. 3.- ANULA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 14 de julio de 2010, que declaró PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial. 4.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial . Se ordena notificar y remitir al Tribunal de origen

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta en fecha 3 de noviembre de 2011, por el abogado LUIS RIZEK RODRÍGUEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 10.061, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano CÉSAR LUIS MORA ARÉVALO, titular de la cédula de identidad Nº 5.151.597, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en la misma fecha, que declaró improcedente el amparo cautelar requerido en el marco del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL. 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta.3.- CONFIRMA el fallo apelado. Se ordenó remitir el expediente al Juzgado de origen.

Esta Corte dictó Sentencia mediante la cual declaró 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la representación judicial del ciudadano MANUEL FRANCISCO HERNÁNDEZ PADRÓN, asistido por el abogado José Antonio Uzcátegui González, contra la sentencia dictada en fecha 30 de junio de 2011 por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. 2.- REVOCA la decisión dictada en fecha 30 de junio de 2011, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital. 3.- ORDENA LA REMISIÓN del presente expediente al Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital a los fines de su pronunciamiento sobre las restantes causales de inadmisibilidad, salvo la correspondiente a la caducidad, la cual ya fue analizada en el presente fallo.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: ORDENA notificar a los MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE y MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO, y al ciudadano MARCO AURELIO VALERO BALANDRIA, para que dentro de lapso de cinco (5) días de despacho, contados a partir de que conste en autos la última de las notificaciones, den cumplimiento a lo ordenado en la presente decisión. Igualmente, esta Corte declara que en caso que la información solicitada sea consignada por alguna de las partes, podría -si así lo quisiera- la parte contraria impugnar tal información dentro de los cinco (5) días siguientes a que conste en autos la remisión de la información requerida, para lo cual se abrirá, el día siguiente a la impugnación, la articulación probatoria prevista en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil.

Se dicó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida en fecha 23 de febrero de 1999, por la abogada Yolanda Torrealba, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 19.895, actuando en representación de la Procuraduría General del Estado Lara, contra la sentencia de fecha 25 de noviembre de 1998, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, mediante la cual declaró con lugar la querella funcionarial interpuesta por la abogada Ana Ramírez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 58.138, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano RAFAEL COLMENAREZ S., titular de la cédula de identidad Nº 7.418.855, contra la "GOBERNACIÓN DEL ESTADO LARA". 2.- La PÉRDIDA DEL INTERÉS y la EXTINCIÓN DEL PROCESO DE APELACIÓN en el recurso de apelación ejercido. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.