Se dictó decisión mediante la cual esta Corte Declaró NULIDAD PARCIAL del auto emitido por esta Corte en fecha 17 de noviembre de 2010, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscritas con posterioridad al mismo; 2.- REPONE la causa al estado de que se notifique a las partes del inicio del lapso para fundamentar la apelación de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.-DECRETA LA EJECUCIÓN FORZOSA de la sentencia N° 2011-0517 de fecha 5 de abril de 2011 de esta Corte, que declaró parcialmente con lugar la demanda de indemnización por daño moral ejercida por el ciudadano ELIO RAMÓN PÉREZ URBINA contra el INSTITUTO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE (INSETRA) DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL. 2.-ORDENA oficiar al Presidente del Instituto demandado y al Síndico Procurador Municipal, a fin de que informen a esta Corte dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes a su notificación, sobre la verificación de la existencia de fondos en el presupuesto vigente para el pago de las cantidades adeudadas a la parte actora. 3.-ORDENA al Presidente del Instituto demandado cumplir con la disculpa dirigida al ciudadano demandante como desagravio por la privación inconstitucional de libertad.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la abogada Zenaida Tahhan Bracho, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana NANCY MARGARITA BRACHO PETIT, contra la Resolución Nº 060-11 de fecha 17 de febrero de 2011, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN), mediante la cual se declaró sin lugar el recurso de reconsideración incoado por la recurrente, y ratificó el acto administrativo contenido en el oficio Nº SBIF-DSB-OAC-AGRD-23651 de fecha 11 de noviembre de 2010, emanado de dicha Superintendencia. 2.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto. 3.- DESESTIMADA la petición de indemnización de daños y perjuicios de la recurrente.

Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: 1.- COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la ciudadana Jacqueline del Valle Márquez Correa, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 16 de septiembre de 2008, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana JACQUELINE DEL VALLE MÁRQUEZ CORREA, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO CAJA DE TRABAJO PENITENCIARIO. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- Se ANULA el fallo dictado por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 16 de septiembre de 2008. 4.- Conociendo el fondo del asunto, se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1.- SIN LUGAR "la demanda por cobro de bolívares" por reintegro de anticipo y fianza de fiel cumplimiento interpuesta por la representación judicial de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA contra UNIVERSAL DE SEGUROS, C.A., 2.- CON LUGAR "la demanda por cobro de bolívares", interpuesta por la la demandante contra CONSTRUCTORA COSTA DEL LAGO, S.A., en consecuencia: 2.1.- Se ordenó a CONSTRUCTORA COSTA DEL LAGO, S.A., a pagar a la parte demandante la cantidad Bs. F 95.021, 37; por concepto de indemnización de daños y perjuicios y 2.2.- Se condena a CONSTRUCTORA COSTA DEL LAGO, S.A., al pago de los costos y costas del presente procedimiento de conformidad con el artículo 274 del CPC aplicable por remisión expresa del artículo 31 de la LOJCA. Se ordenó remitir copia certificada de la presente decisión a la Contraloría General de la República y al Registro Nacional de Contratistas, respectivamente.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró:1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la representación judicial del FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS, anteriormente denominado FONDE DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE), en contra de la Sentencia dictada por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital el 28 de septiembre de 2010, mediante la cual negó la medida cautelar de embargo solicitada conjuntamente con la demanda por repetición de pago interpuesta contra la ciudadana LIBIA MARGARITA HERNÁNDEZ DE GARCÍA;2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto;3. REVOCA la apelada;4. DECRETA medida preventiva de embargo sobre bienes muebles propiedad de la ciudadana LIBIA MARGARITA HERNÁNDEZ DE GARCÍA5. ORDENA oficiar al Juzgado Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas que corresponda, previa distribución de Ley.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- INCOMPETENTE para conocer la querella interpuesta por los abogados Leonel Alfonso Ferrer Urdaneta e Isabel Cecilia Esté Bolívar, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 65.719 y 56.467, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR (APUSB), contra la UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR; 2.- DECLINA la competencia para conocer la querella interpuesta en el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Región Capital que corresponda según la distribución, al cual se ORDENA REMITIR el presente expediente; 3.- Se REVOCA la sentencia dictada, en fecha 9 de diciembre de 2008 por el Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida por la abogada Úrsula Rodríguez Marcano, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana Mirna Coromoto Leal Martínez, antes identificada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 28 de marzo de 2011, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos incoado por la ASAMBLEA NACIONAL contra la Providencia Administrativa Nº 649-08 de fecha 11 de septiembre de 2008, corregida por error material mediante auto de fecha 13 de octubre de 2008, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL DISTRITO CAPITAL, MUNICIPIO LIBERTADOR (SEDE NORTE). 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido contra la referida sentencia. 3.- CONFIRMA la sentencia dictada por el a quo.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 3 de noviembre de 2009, por el abogado Eduardo Mejías, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano ROMÁN ANTONIO GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° 2.858.543, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO VARGAS DEL ESTADO VARGAS; 2.- ANULA el fallo apelado dictado en fecha 9 de octubre de 2009 por el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital; 3.-ORDENA remitir el expediente al Tribunal de Origen a los fines que se pronuncie sobre la admisibilidad de la presente querella, a excepción de la caducidad aquí analizada.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas en fecha 28 de julio de 2010, mediante el cual se declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano CARLOS EDUARDO CABRERA GARCÍA, asistido por el abogado Frederick Antonio Díaz Viera, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE. 2.- Conociendo de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto Nº 6.286, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en virtud del artículo 33 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, CONFIRMA el fallo consultado.