Se dictó decision mediante la cual esta Corte: 1.Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación presentado por la abogada Lisbeth Coromoto Ramírez Vergara, ya identificada, actuando por delegación del Procurador General del estado Vargas, contra la sentencia proferida por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 17 de diciembre de 2014, que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto en fecha 5 de diciembre de 2013, por los abogados Álvaro Rafael Lossada Pifano y Juan Rafael García Velásquez, ya identificados, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil INVERSIONES NASRA, C.A., y el ciudadano RAMIRO ALFREDO NASCIMENTO STACKPOLE, ambos identificados, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO VARGAS.2. CON LUGAR la apelación interpuesta.3. ANULA la sentencia apelada.4. SIN LUGAR el recurso interpuesto.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual, declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 22 de julio de 1996, por los apoderados judiciales del ciudadano JOSÉ RICARDO ABRAHAM LANDAETA, contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Carrera Administrativa, el 27 de julio de 1996, mediante la cual declaró Sin Lugar la querella funcionarial interpuesta contra el INSTITUTO NACIONAL DE CANALIZACIONES (INC). 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- CONFIRMA el fallo apelado.

Esta Corte declaró: IMPROCEDENTE la solicitud del beneficio de justicia gratuita o beneficio de pobreza interpuesta por los abogados Oswaldo Rafael La Cruz y Carlos Alberto La Cruz Alastre, actuando con el carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos Joan Manuel Gutiérrez, Alejandro Gutiérrez y Víctor Gutiérrez, en su condición de herederos únicos y universales del ciudadano fallecido Hernán Coromoto Gutiérrez, mediante la cual requirieron que sus poderdantes fueran eximidos del pago de la publicación de los edictos ordenados a través de la decisión Nº 2010-01054, dictada por este Órgano Jurisdiccional, en fecha 22 de julio de 2010.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró 1. Que es COMPETENTE para conocer en consulta la decisión de fecha 25 de febrero de 2015, proferida por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, por el ciudadano HUMBERTO MARVAL LUGO, asistido por el abogado Francisco Lepore Girón, contra el GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL.; 2. PROCEDENTE la consulta de ley; 3. Conociendo de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se CONFIRMA la sentencia consultada, dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital de fecha 25 de febrero de 2015.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el 18 de febrero de 2015, por la abogada Lisbeth del Valle Mongua, actuando como apoderada judicial de la ciudadana SOL ELENA SALINAS, ya identificadas, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 30 de junio de 2014, mediante el cual declaró inadmisible por caduco el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la referida ciudadana contra el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI). 2. SIN LUGAR el recurso de apelación. 3. En consecuencia, CONFIRMA el fallo apelado.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: DESISTIDA la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con amparo cautelar por el abogado Rhobermen Oracio Oberto Parada, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 58.114, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil PROYECTOS CORDILLERA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, en fecha 29 de abril de 2003, bajo el Nº 64, Tomo A-5, contra el acto administrativo contenido en el oficio Nº DM-ME/INTU/Nº 0129 de fecha 24 de mayo de 2013, emanado del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS URBANAS DE MÉRIDA (INTU-MÉRIDA).

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto el día 8 de octubre de 2014, por la abogada Yaniuscka Maita, actuando en su carácter de apoderada judicial del Instituto de Deportes del estado Bolívar, contra el auto dictado por el referido Juzgado en fecha 3 de octubre de 2014, mediante el cual se pronunció sobre la prórroga solicitada por el experto contable en el recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto por el ciudadano JOSÉ GREGORIO JIMÉNEZ, titular de la cédula de identidad número 8.831.377 debidamente asistido por el abogado William Salazar contra el INSTITUTO DE DEPORTES DEL ESTADO BOLÍVAR. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- IMPROCEDENTE la consulta de ley contenida en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Se dictó y publicó Decisión mediante la cual esta Corte Segunda se declaró: COMPETENTE para conocer de la consulta de Ley establecida en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República a la cual fue sometida la decisión dictada por el Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del Estado Bolívar, en fecha 3 de febrero de 2015, que declaró parcialmente con lugar la querella funcionarial interpuesta por la ciudadana CARMEN YANETH SÁNCHEZ MOTA, debidamente asistida por el abogado Fredy Ibarra Urabac, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLÍVAR y CONFIRMÓ el fallo sometido a consulta de Ley.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró que: 1.- NO ACEPTA LA COMPETENCIA declinada en fecha 21 de febrero de 2005 por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad, interpuesto por el ciudadano JOSÉ WILFREDO RODRÍGUEZ PÁEZ, titular de la cédula de identidad Nro. 12.583.944, asistido por el abogado Héctor Espinoza Rangel, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 99.529, contra la Providencia Administrativa de fecha 25 de junio de 2003, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTADO APURE. 2.- ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado de Primera Instancia del Trabajo en el estado Apure.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: HOMOLOGA EL DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO formulado por el abogado Arcenio Antonio Duque, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 51.105, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil ZULY MILK C.A., en el marco de la presente demanda por vías de hecho interpuesta por la referida sociedad mercantil, contra la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LA GESTIÓN ALIMENTARIA (SUNAGRO) y la VENEZOLANA DE ALIMENTOS LA CASA (VENALCASA).