se dictó decisión mediante el cual se declaró: 1. INADMISIBLE la oposición formulada por la representación judicial de la sociedad mercantil SEGUROS ALTAMIRA, C.A., plenamente identificada en autos, a la medida de embargo preventivo que se decretó en su contra, fecha 11 de abril de 2011. 2. SE SUSPENDE la medida de embargo preventivo decretada sobre bienes muebles propiedad de la sociedad mercantil SEGUROS ALTAMIRA C.A., mediante sentencia de fecha 11 de abril de 2011. 3.- Se ORDENA notificar al ciudadano Superintendente de la Actividad Aseguradora, de la presente decisión.

En el presente asunto, esta Corte dictó sentencia mediante la cual: 1. DECRETA LA EJECUCIÓN VOLUNTARIA de la sentencia Nº 2002-1557 dictada en fecha 20 de junio de 2002, por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual declaró con lugar la querella funcionarial interpuesta por "solicitud de calificación de despido" incoada por el ciudadano JORGE YOUSSEF BECHARA, titular de la cédula de identidad Nº 8.863.407, contra la UNIVERSIDAD DE ORIENTE (UDO), de conformidad con lo previsto en el artículo 524 eiusdem, y 2. Se ORDENA a la Secretaría de este Órgano Jurisdiccional que anexe a la notificación de la Casa de Estudios querellada, copia certificada del dictamen pericial practicado por el Banco Central de Venezuela, recibido en fecha 11 de agosto de 2011, el cual corre inserto a los 579 al 584 de la segunda pieza del expediente judicial; de igual manera se le ordena practicar la notificación del ciudadano Jorge Youssef Bechara.

Por las razones antes expuestas esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 1º de marzo de 2012, mediante la cual declaró sin lugar la oposición efectuada contra la procedencia de la medida cautelar solicitada por la parte actora y ratificó la procedencia de dicha medida de fecha 1º de marzo de 2012; 2.- SIN LUGAR el recuso de apelación interpuesto., y en consecuencia; 3.- CONFIRMA en los términos expuestos la sentencia apelada.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- SU COMPETENCIA para conocer de la consulta motivo de la decisión dictada en fecha 27 de octubre de 2011 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana MARIBEL DEL CARMEN GRATEROL MORALES, debidamente asistida por el abogado Rafael González Rivas, contra la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO PORTUGUESA.2.- PROCEDENTE la consulta de la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental en fecha 27 de octubre de 2011 3.- Conociendo en consulta CONFIRMA el fallo dictado en fecha 27 de octubre de 2011 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental.

En la presente demanda de nulidad interpuesta por el ciudadano WILSON NAVARRO, titular de la cédula de identidad N° 7.965.267, asistido por la abogada Amparo Alonso, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 57.687, contra el acto de homologación de la transacción celebrada entre el referido ciudadano y la GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA; esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- QUE NO ACEPTA LA COMPETENCIA declinada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, para conocer del "recurso de nulidad" interpuesto, y 2.- PLANTEA CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA para ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a la cual se ordena remitir el presente expediente.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto por el abogado LUIS EDUARDO ROJAS, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital mediante la cual declaró sin lugar el recurso por abstención o carencia incoado; 2.- CON LUGAR el recurso de apelación ejercido; 3.- Se REVOCA el fallo apelado; 4.- En consecuencia, declara CON LUGAR la presente acción. 5.- ORDENA a la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO ZAMORA DEL ESTADO MIRANDA dar respuesta inmediata a la aludida solicitud de jubilación formulada por el accionante, actuación la cual deberá ejecutarse en estricto apego a lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios, así como a las disposiciones previstas en la LOPA.

Se ordena la notificación de la parte querellada para que consigne la información requerida en el lapso establecido en la presente decisión, asimismo se ordena notificar a la ciudadana Ingris Morales, a los fines de que tenga conocimiento de dicho requerimiento, y de ser el caso impugnar la información dentro del lapso de cinco (5) días de despacho siguientes a que conste en autos la información solicitada.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de consulta de Ley de la sentencia dictada en fecha 25 de febrero de 2011, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Central, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Luis Eduardo Mendoza, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano REINALDO RODRÍGUEZ RUEDA, contra la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA. 2.- PROCEDENTE la consulta de Ley.3.- Conociendo en consulta se REVOCA la decisión de fecha 25 de febrero de 2011, emanada del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Central, y en consecuencia se declara: 4.- SIN LUGAR, el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto por la sustituta de la Procuradora General de la República, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 19 de enero de 2005, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el apoderado judicial de la ciudadana MIRYAM CEVEDO DE GIL, titular de la cédula de identidad Nº 3.807.521, contra del MINISTERIO DE INTERIOR Y JUSTICIA hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL INTERIOR Y JUSTICIA. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- REVOCA el fallo dictado por el iudex a quo. 4.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer de la solicitud de regulación de competencia realizada por los abogados Maglen Pizzani y Serafín Magallanes actuando como apoderados de la sociedad mercantil TALLERES UNIDOS PRODUCTOS DE ACERO, C. A., (TUPACA),en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra el acto administrativo en el Auto de fecha 4 de mayo de 2011, dictado por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS AUTÓNOMOS DE GIRARDOT, MARIO BRICEÑO IRAGORRY, LIBERTADOR, COSTA DE ORO, LINARES ALCÁNTARA, Y MARIÑO DEL ESTADO ARAGUA, CON SEDE EN MARACAY. 2. SIN LUGAR la solicitud de regulación de competencia. 3. COMPETENTE los Tribunales de Primera Instancia de Sustanciación,Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. 4. ORDENA la remisión del expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de los señalados Tribunales.