Esta Corte declaró: El DECAIMIENTO DEL OBJETO formulado en la demanda de nulidad interpuesta por la ciudadana NILSA MARÍA RODRIGUES DE SOUSA, titular de la cédula de identidad Nº 6.868.447, contra la DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA Y GESTIÓN DEL HÁBITAT, adscrita al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA Y HÁBITAT hoy, MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA.

Esta Corte declaró: Que es COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte en fecha 26 de julio de 2016, que declaró con lugar el recurso interpuesto por el ciudadano JOSÉ ÁNGEL VILLAMIZAR MARTÍNEZ, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto y conociendo en Consulta de Ley prevista en el artículo 72 del entonces vigente Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, hoy artículo 84 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, CONFIRMA en los términos expuesto la decisión dictada en fecha en fecha 26 de julio de 2016, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte.

Esta Corte declaró: SIN LUGAR la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar innominada por los abogados José Gregorio Casado Gómez y Germán De La Rosa Cano, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil ESTACIONAMIENTO UNIVAR, C.A., contra la providencia Administrativa Nº DGF-OAM-D-2016-000101, de fecha 2 de mayo de 2016, emanada del INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.).

Esta Corte declaró: Que es COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 30 de noviembre de 2016, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Manuel Assad Brito, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana AIDA MERCEDES GARRIDO ESCALONA, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto y conociendo en Consulta de Ley prevista en el artículo 72, hoy artículo 84 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, CONFIRMA la decisión dictada en fecha 30 de noviembre de 2016, por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte demandante contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 29 de marzo de 2016, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por los abogados Ramón Escovar Alvarado y Oscar Ghersi Rassi, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil SOPORTES ELÉCTRICOS SOPELCA, C.A., contra la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA; 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta; y 3.- CONFIRMÓ el fallo apelado.

Esta Corte: dictó auto para mejor proveer mediante el cual ordenó solicitar al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la remisión a este Órgano Jurisdiccional del manual descriptivo o el Registro de Información de Cargos donde se pueda comprobar las funciones laborales del ciudadano Luis Enrique Infante Llovera; el cual, deberá ser consignado dentro del lapso de cinco (5) días de despacho siguientes a la constancia en autos de la última notificación del presente auto.

Esta Corte declaró que es COMPETENTE para conocer la apelación ejercida contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas en fecha 15 de enero de 2016, mediante la cual se declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con medida cautelar por el ciudadano YARSÓN ASDRÚBAL BLANCO MARTÍNEZ, debidamente asistido por el abogado Marcos Elías Goitia, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE, SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto y CONFIRMÓ la sentencia apelada.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual: LEVANTÓ la medida de enajenar y gravar acordada en fecha 12 de marzo de 1993, por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo mediante decisión Nº 93-155, y a tal efecto, visto que el inmueble objeto del presente asunto fue adquirido por el Banco Nacional de Descuento C.A., conforme a documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del Distrito Sucre del estado Miranda, bajo el Nº 1, folio 1, Protocolo Primero, Tomo 10, en fecha 3 de enero de 1978, se ORDENA notificar de la presente decisión al Registrador antes identificado a los fines legales consiguientes. Así se decide.

Esta Corte se declaro COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada el 13 de febrero de 2017, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, que declaró "consumada la perención breve de la Instancia, y consecuencialmente extinguido el proceso" en el marco del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano MIGUEL ELÍAS CASTILLO MATUTE, asistido por el abogado Reinmundo Mejías La Rosa, contra el CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS (C.I.C.P.C); CON LUGAR el recurso de apelación ejercido; REVOCA la sentencia apelada; ORDENA la remisión del expediente, a los fines que emita pronunciamiento en torno al fondo del recurso interpuesto, al haberse tramitado el procedimiento previsto en la Ley del Estatuto de la Función Pública en su totalidad.

Esta Corte ACEPTA LA COMPETENCIA declinada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativa de la Región Capital en fecha 22 de febrero de 2017, para conocer y decidir en primer grado de jurisdicción la demanda nulidad interpuesta conjuntamente con medida de amparo cautelar por la abogada Editrudys de los Ángeles Rodríguez Silva, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano RAIMUNDO ALBERTO RODRÍGUEZ SILVA, contra el SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES ASEGURADOS O INCAUTADOS, CONFISCADOS Y DECOMISADOS, adscrita a la Organización Nacional Antidrogas (ONA) del Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; ADMITE PROVISIONALMENTE la referida demanda de nulidad; IMPROCEDENTE el amparo cautelar solicitado; ORDENA remitir el expediente la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que se pronuncie sobre la caducidad de la demanda interpuesta.