Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer de la consulta de Ley establecida en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a la cual fue sometida la decisión dictada en fecha 16 de julio de 2013, por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró parcialmente con lugar el Recurso Contencioso Administrativo incoado el ciudadano WUITER RAFAEL MÁRQUEZ MONTERO, contra el acto administrativo contenido en el oficio número CPN-DN-Nº 008072-12 de fecha 19 de octubre de 2012, emanado de la Dirección General del CUERPO DE POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA adscrito al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ, mediante el cual se declaró procedente la medida de destitución del mencionado ciudadano; 2.- CONFIRMA, el referido fallo.

Se dictó decisión mediante la cual se declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido en fecha 22 de febrero de 2011, por la abogada Carla de Rasetta, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón en fecha 16 de diciembre de 201. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto; 3.- Se CONFIRMA el fallo apelado;

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido el día 21 de julio de 2010 por el abogado Rafael Luciano Pérez Moochett, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 27.064, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano LUIS ANTONIO GARRETA ÁVILA, titular de la cédula de identidad Nº 8.872.740, contra el auto dictado por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, mediante el cual negó la admisión de la prueba de informe promovida por la parte recurrente en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el referido ciudadano contra el MINISTERIO PÚBLICO. 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3. En consecuencia, queda FIRME el auto apelado.

Esta Corte dictó decisión, mediante la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el 2 de octubre de 2008, por el abogado Enrique De León, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 91.905, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil TRANSPORTE BUFALINO, C.A., contra la Providencia Administrativa N° 05-162 de fecha 11 de julio de 2005 dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LA ZONA DE HIERRO DE PUERTO ORDAZ. 2. DESISTIDO el recurso de apelación. 3. En consecuencia, se declara FIRME el fallo apelado. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de Origen.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara:1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación en fecha 17 de julio de 2013, por la abogada María Eugenia Ramírez Rojas, apoderada judicial de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 5 de junio de 2013, que declaró parcialmente con lugar la demanda interpuesta por la ciudadana YAJAIRA BURGOS DE CASTILLO, debidamente representada.2.-PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto.3.- Se REVOCA PARCIALMENTE la sentencia de fecha 5 de junio de 2013, dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, únicamente en cuanto a la procedencia de la indexación ordenada a pagar sobre el monto correspondiente al daño moral, y en consecuencia: 4.- IMPROCEDENTE la indexación solicitada.

Se dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Carlos Enrique Salazar, titular de la cédula de identidad número 7.683.166, debidamente asistido por el abogado Maximiliano Najul, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 51.341, contra la sentencia dictada 31 de octubre de 2012 por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- CONFIRMA el fallo apelado

Esta Corte declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto el 27 de julio de 2011 por la abogada Okarilina Azuaje Govea, en su condición de apoderada judicial del recurrente, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central el 21 de julio de 2011, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la precedente abogada, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano JULIO JOSÉ TOVAR PONTE, titular de la cédula de identidad N° 7.270.846, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO GIRARDOT DEL ESTADO ARAGUA, por cobro de conceptos laborales. 2. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3. Se CONFIRMA el fallo apelado.

Esta Corte dictó decisión, mediante la cual declaró: 1.-Su COMPETENCIA para conocer y decidir la demanda que por cumplimiento de contrato e indemnización de daños y perjuicios ejercida conjuntamente con solicitud de medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar, interpuso la abogada Célida Bello Hernández, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 35.149, actuando en su carácter de apoderada judicial del INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO MONAGAS (IVIM), adscrito a la Gobernación del Estado Monagas, contra la Sociedad Mercantil PREFABRICADOS GUAYANA C.A. 2.-IMPROCEDENTE el desistimiento solicitado por la representación judicial de la parte demandada. 3.-Se ORDENA remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de continuar con el curso correspondiente de Ley.

Esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la abogada Marisela Cisneros Áñez, actuando como apoderada judicial del ciudadano SAÚL ACEVEDO, titular de la cédula de identidad Nro. 3.241.468, contra la sentencia del 22 de mayo de 2012, dictada por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la Policía Metropolitana de Caracas adscrita anteriormente a la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas hoy adscrita al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIOR Y JUSTICIA. 2. CON LUGAR el recurso de apelación ejercido. 3.- REVOCA la decisión recurrida. 4.- Se ORDENA la remisión del expediente al Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, a los fines de que proceda a conocer del fondo de la presente causa.

Esta Corte declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por el ciudadano Jesús David Rodríguez Guevara, asistido por el abogado Reimundo Mejías La Rosa, antes identificado, contra el acto administrativo de destitución emanado del Instituto Autónomo de Policía del Estado Anzoátegui, por estar incurso en la causal de falta de probidad establecida en el artículo 86 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, al haberse comprobado que el referido ciudadano había cometido el delito de extorsión a un comerciante