Esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida por la abogada Ayleen Guédez, actuando en su carácter de apoderada judicial de la FUNDACIÓN TRASNOCHO CULTURAL, contra el auto dictado por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital en fecha 14 de abril de 2011, mediante el cual se pronunció sobre las pruebas promovidas por las partes; 2.- CON LUGAR el recurso de apelación ejercido; 3.- REVOCA PARCIALMENTE el auto apelado, específicamente en cuanto a la prueba de cotejo promovida por la parte recurrente sobre documento privado marcado como ´B´, elaborado presuntamente por la ciudadana Yaily Torres; 4.- ORDENA al Juzgado a quo pronunciarse sobre la admisibilidad de la prueba de cotejo solicitada por la accionante.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- TERMINADO EL PROCEDIMIENTO por ABANDONO DEL TRÁMITE, en la acción de amparo constitucional incoada el abogado Juan Bernardo Delgado Linares, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 68.408, actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos MERLIN CHAROW VIELMA LÓPEZ, IBRAHIM ALEXANDER GONZÁLEZ, JOSÉ GREGORIO FIGUEREDO PINTO Y OTROS, titulares de las cédulas de identidad Nros. 10.480.183, 10.090.848 y 7.926.662, respectivamente, contra la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- SU COMPETENCIA para conocer de recurso de apelación interpuesto en fecha 19 de enero de 2012, por el apoderado judicial del ciudadano OSWALDO GREGORIO SALAS RODRIGUEZ, contra la decisión de fecha 13 de enero de 2012. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 19 de enero de 2012, por la representación judicial de la parte querellante, contra la decisión de fecha 13 de enero de 2012, emanada del Juzgado Superior ut supra. 3.- CONFIRMA la sentencia apelada.

Esta Corte declaró: IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada en el marco del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido por el abogado Héctor José Galarraga Giménez, actuando en su carácter de apoderado judicial de la UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR y el ciudadano Rector ENRIQUE AURELIO PLANCHART ROTUNDO, contra la Providencia Administrativa Nº 24-05-11-006-PA dictada en fecha 13 de noviembre de 2011 por el DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE DECAIMIENTO DEL OBJETO formulada por la abogada Vanessa Santos, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 117.024, actuando con el carácter de apoderada judicial del MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, mediante diligencia suscrita en fecha 17 de junio de 2010. 2.- RATIFICA el auto de fecha 21 de junio de 2006, y en razón de ello, se Ordena la notificación del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, para que dentro del lapso de diez (10) días siguientes a la notificación de la presente decisión consigne la información requerida.

Se dictó decisión a través de la cual esta Corte declaró IMPROCEDENTE la medida de suspensión de efectos solicitada. Asimismo, se ordenó notificar a las partes.-

Esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida por el abogado Carlos Farías León, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana JANETH MACHADO, contra el auto dictado por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo en fecha 23 de julio de 2009, mediante el cual emitió pronunciamiento referente a las pruebas promovidas por las partes; 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto; 3.- CONFIRMA el auto apelado en los términos expuestos.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró IMPROCEDENTE la solicitud de fecha 11 de agosto de 2011, por el abogado Juan Pablo José Guerrero Cayama, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 85.261, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Siderúrgica del Orinoco C.A., mediante la cual solicitó la ejecución voluntaria de la decisión Nº 2010-01718 de fecha 16 de noviembre de 2010. Se ordenó notificar a la sociedad mercantil Siderúrgica del Orinoco C.A.

Esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida por la abogada Merwil Corina Alvarado, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana SENOBIA DE LAS MERCEDES BARRIOS, contra el auto dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental en fecha 1º de abril de 2011, mediante el cual emitió pronunciamiento referente a las pruebas promovidas por la parte actora; 2.- DESITIDO el recurso de apelación interpuesto; 3.- FIRME el auto apelado.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el 1º de noviembre de 2004, por el ciudadano CIRO RAMÓN ZAMORA ALVIAREZ, asistido por el abogado Bedo José Castellano Segarra, contra la sentencia proferida por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de Los Andes, en fecha 26 de octubre de 2004, mediante la cual declaró inadmisible la querella funcionarial interpuesta contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA. SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido; REVOCA PARCIALMENTE el fallo apelado, solo en cuanto a la condenatoria en costas.