Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto en fecha 5 de marzo de 2012, por el abogado Jhonmar Juan Carlos Delgado García actuando con el carácter de apoderado judicial del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital Caracas en fecha 17 de enero de 2012, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- Se REVOCA el fallo emanado por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital de fecha 17 de enero de 2012. 4.- SIN LUGAR el recurso Contencioso Administrativo de nulidad interpuesto en fecha 17 de marzo de 2011 por los abogados Rafael Simón Arocha Urbina y José Rafael Salazar Navas.

Se dictó Auto para Mejor Proveer mediante el cual esta Corte acordó solicitar tanto al Ministerio del Poder Popular para la Salud como al ciudadano José Juan Arias Luzardo que consignen ante este Órgano Jurisdiccional antecedentes administrativos que contenga los comprobantes de pago de las prestaciones sociales y otros conceptos (Fideicomiso, intereses de mora), de ser el caso que los hubiere, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Se dictó decisión a través de la cual esta Corte 1.- DECRETÓ medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar sobre bienes inmuebles propiedad de la sociedad mercantil Seguros Canarias de Venezuela, C.A. 2. ORDENÓ oficiar a la SUDEASEG para que determine los bienes inmuebles sobre los cuales será practicada la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar decretada. 3.- OTORGÓ a la SUDEASEG un lapso de diez (10) días continuos, para que indicara a este Órgano Jurisdiccional los bienes inmuebles propiedad de la sociedad mercantil Seguros Canarias de Venezuela, C.A., sobre los cuales pesara la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar decretada en el presente fallo. 4.- ORDENÓ remitir el presente expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte a los fines de la continuación del procedimiento. 5.- ORDENÓ notificar a la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE).- Se ordenó remitir el expediente al juzgado de sustanciación.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación ejercido por la apoderada judicial de la recurrente contra el auto de fecha 4 de febrero de 2004, dictado por el Juzgado a quo, mediante el cual negó la admisión de las pruebas de inspección judicial y testimonial promovida por la representación judicial de la recurrente. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación. 3.- REVOCÓ el auto apelado, en lo que respecta a la inadmisibilidad de las pruebas de testigos e inspección judicial promovidas en los capítulos II y III del escrito de promoción de pruebas presentado por la parte recurrente. 4.- ORDENÓ al mencionado Juzgado, admitir las referidas pruebas de testigos e inspección judicial promovidas. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró PARCIALMENTE LUGAR el recurso de abstención o carencia interpuesto por las abogadas Claudia Valentina Mujica Áñez y Marialejandra Barrera Álvarez, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la sociedad mercantil Organización GCS de Venezuela, C.A., contra la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). En consecuencia, se ordenó a dicho organismo emitir la decisión correspondiente al procedimiento administrativo cuyo acto de inicio fue informado a la referida sociedad mercantil en fecha 11 de agosto de 2010, y se notificara de la misma, para lo cual se le concedió un lapso de veinte (20) días hábiles contados a partir de que constara en autos la notificación del presente fallo. Debiendo informar a esta Corte sobre el cumplimiento de lo acordado, dentro de los diez (10) días de despacho siguientes. Se ordenó notificar.

Se dictó decisión a través de la cual esta Corte declaró IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos incoada en fecha 28 de marzo de 2012 por el abogado ELIECER ZORCE SALAZAR, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil IMPORTACIONES RIJE, C.A., contra el acto administrativo Nº PRE-VECO-GCP-006735, de fecha 9 de mayo de 2011, emanado de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI). Asimismo, se ordenó notificar a las partes y remitir el expediente al juzgado de sustanciación.-

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta en fecha 25 de marzo de 2010, por la abogada Alida Peralta, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 79.165, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana JENNIFER ARREAZA, titular de la cédula de identidad Nº 13.938.047, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Bienes y Contencioso Administrativo de la Región Central en fecha 23 de marzo de 2010, mediante la cual declaró inadmisible in limine litis, el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la "ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN JERÓNIMO DE GUAYABAL DE ESTADO GUÁRICO". 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta. 3.- CONFIRMA la sentencia apelada. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE) CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE) Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: Declaró que es 1.- COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 17 de junio de 2008, por la abogada María Nohely Villafaña Valdivieso, actuando con el carácter de representante judicial del CNE, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 28 de junio de 2008, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el apoderado judicial del ciudadano LENYS JESÚS PINO FARÍAS, contra el CNE. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- PROCEDENTE la consulta obligatoria 3.1.- REVOCA el referido fallo. 3.2.- SIN LUGAR el recurso. Se ordenó la remisión del expediente al juzgado de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación ejercido en fecha 22 de septiembre de 2004, por la apoderada judicial del Municipio Girardot del Estado Aragua, contra la sentencia dictada por el Juzgado a quo, en fecha 17 de septiembre de 2004, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JOSÉ LEOPOLDO IBARRA BARRIOS, contra el mencionado Municipio. 2.-DESISTIDA la apelación incoada. 3.- Conociendo de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en concordancia con el artículo 36 de la Ley de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencia del Poder Público, CONFIRMA la referida decisión. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido por el ciudadano RONNY GLEIBERTH OVIEDO MORILLO, asistido por la abogada Rosa Bistoché Campos, contra la decisión dictada en fecha 7/3/ 2012, por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el el INSTITUTO MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- IMPROCEDENTE la consulta de Ley para el caso de autos. 4.- consecuencia, queda FIRME la sentencia dictada en fecha 7 de marzo de 2012, por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital y se ordenó remitir el expediente al Juzgado de origen.