Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró:1.- IMPROCEDENTE la medida cautelar innominada solicitada por los abogados José Valentín González, Álvaro Guerrero Hardy y Andreína Martínez Veracoechea, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 42.249, 91.545 y 117.904 respectivamente, actuando como apoderados judiciales de la sociedad mercantil MOLIENDAS PAPELÓN, S.A., mediante la cual solicitaron a esta Corte que le ordenara al INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS que se abstuviera de dictar medidas de comiso en contra de su representada con base en el numeral 3 del artículo 112 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. 2.- SE ORDENA la remisión del presente cuaderno separado al Juzgado de Sustanciación con el objeto de que sea anexado a la pieza principal.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.-QUE ACEPTA LA COMPETENCIA para conocer del presente recurso, interpuesto por el abogado Edgar Becerra Torres, apoderado judicial de la sociedad mercantil DEPÓSITO MÉRIDA, C.A., contra la providencia administrativa Nº 177 de fecha 23 de diciembre de 2008, emanada del INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS). 2.-ANULA la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental de fecha 22 de enero de 2009. 3.-NULAS todas las actuaciones realizadas en el caso de autos posteriores al fallo de fecha 22 de enero de 2009 dictado por el referido Juzgado. 4.-Se REPONE la causa al estado de pronunciarse sobre la admisión. 5.-ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado de Sustanciación de la Corte, a los fines de que examine céleremente los requisitos de admisibilidad del recurso interpuesto, salvo la relativa a la caducidad.....

Esta Corte declara:1.- SU COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto contra el fallo de fecha 13 de julio de 2010, emanado del Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante el cual se confirmó la suspensión de efectos de la Resolución Administrativa Nº CJ/DSF/021-2009 de fecha 19 de octubre de 2009, dictada por el Superintendente Tributario de la Alcaldía del Municipio Baruta del Estado Miranda, dictada por ese Juzgado en fecha 20 de noviembre de 2009, en el recurso contencioso administrativo de nulidad contra el acto administrativo contenido en la Resolución Administrativa Nº CJ/DSF/021/2009 de fecha 19 de octubre de 2009, dictado por el Superintendente Tributario de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO MIRANDA. 2.- ANULA el fallo proferido3.- Se ORDENA al Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, a que decline su competencia para conocer del fondo de asunto controvertido.....

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto por el abogado Jorge Luis Meza, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 30.861, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano JOSÉ EZEQUIEL RODRÍGUEZ MONASTERIO, titular de la cédula de identidad N° 3.090.497, contra el fallo dictado en fecha 28 de junio de 2004 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, mediante el cual declaró improcedente el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto; 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto; 3.- CONFIRMA el fallo apelado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por el ciudadano MILOS ALCALAY MIRCOVICH, titular de la cédula de identidad número 3.410.165, asistido por el abogado Jorge Luis Suárez Mejías, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 24.578, contra la Resolución S/N de fecha 16 de enero de 2007, emanada de la Auditoría Interna del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (hoy, MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES EXTERIORES).

Se dictó decisón mediante la cual esta Corte declaró:1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del ciudadano Antonio José Mundarain Moya, contra la sentencia dictada en fecha 04 de octubre de 2010, por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital; 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte recurrente;3.- CONFIRMA el fallo dictado por el referido Juzgado, en fecha 04 de octubre de 2010.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es competente para conocer la apelación interpuesta por la apoderada judicial de la "ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA", contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 27 de julio de 2010, mediante el cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los apoderados judiciales de la ciudadana MARITZA MARIÑO DE MARTORANO, titular de la cédula de identidad Nº 5.299.351, contra la mencionada Alcaldía. 2.- PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta. 3.- SE REVOCA PARCIALMENTE la sentencia de fecha 27 de julio de 2010, dictada por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, sólo con referente al pago de las cantidades señaladas en el presente fallo, en consecuencia se CONFIRMA PARCIALMENTE, la mencionada decisión.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte, declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta por el abogado Lucindo Pérez, actuando con el carácter de apoderado judicial de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO GUÁRICO, contra la sentencia dictada el 21 de abril de 2004, por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Central, en el juicio contencioso administrativo funcionarial incoado por la ciudadana NILDA FRANCISCA FIGUEROA contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por órgano de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO GUÁRICO. 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta. 3.- ANULÓ la sentencia dictada en fecha 21 de abril de 2004, por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Central. 4.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. Se ordenó notificar.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer por consulta de Ley de la sentencia dictada el 2 de marzo de 2011, por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los apoderados judiciales de la ciudadana ELISABEL CLARET SALCEDO HURTADO, contra la SUDEBAN; 2- Se HOMOLOGÓ la transacción contenida en el escrito de fecha 2 de mayo de 2011, y presentado ante esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, el día 25 de ese mismo mes y año, suscrito entre la ciudadana ELISABEL CLARET SALCEDO HURTADO y el SUPERINTENDENTE DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO. Se ordenó notificar y la remisión del expediente al tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- La NULIDAD PARCIAL del auto emitido por esta Corte el 28 de abril de 2011, únicamente en lo relativo al lapso de fundamentación a la apelación, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo. 2.- REPUSO la causa al estado de que se libren las notificaciones a que hubiera lugar, para que se dé inicio al lapso de diez (10) días de despacho, dentro de los cuales la parte apelante deberá presentar las razones de hecho y de derecho en que fundamenta la apelación interpuesta, de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.