Se dictó decisión mediante el cual este Órgano Jurisdiccional declaró: 1.- COMPETENTE a esta Instancia sentenciadora; 2.- ADMITIÓ la referida demanda de nulidad; 3.- ORDENÓ notificar a los ciudadanos Fiscal General de la República, Procurador General de la República, Presidente de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), y Ministro del Poder Popular Para las Finanzas;4.- ORDENÓ solicitar al ciudadano Presidente de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) los antecedentes administrativos relacionados con la presente causa; 5.- ORDENÓ remitir el expediente a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, una vez consten en autos las notificaciones ordenadas, a fin que se fije la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta contra el fallo dictado en fecha 21 de septiembre de 2010, por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la circunscripción Judicial del estado Monagas, mediante el cual declaró con lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por la ciudadana MARIMER DE JESÚS DÍAZ ZAMORA, asistido por el abogado Antonio Calatrava Armas, previamente identificados, contra el acto administrativo Nº FCDEM-P-0111-09 de fecha 26 de agosto de 2009, emanado del FONDO DE CRÉDITO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO MONAGAS (FONCREDEMO). 2. SIN LUGAR la apelación interpuesta. 3. CONFIRMA, con las modificaciones expuestas, la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la circunscripción Judicial del estado Monagas en fecha 21 de septiembre de 2010.

Se dictó decisión mediante la cual se declaró: PROCEDENTE la medida cautelar solicitada, en consecuencia SE DECRETA el embargo preventivo de bienes por la cantidad de: Bs. 9.429.240,97, el cual comprende el doble de la cantidad demandada más el treinta por ciento (30%) por concepto de costas procesales. 2.- Se ORDENA oficiar a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, para determine con la mayor precisión posible los bienes de la sociedad mercantil co-demandada, sobre los cuales pueda recaer la medida provisional de embargo decretada. 3.- Se COMISIONA al correspondiente Juzgado Ejecutor de Medidas para proceder a la ejecución de la medida otorgada. 4.- Se ORDENA la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte a los fines de continuar con la tramitación de la presente causa y notifique al Instituto Nacional de Aviación Civil, a la Ciudadana Procuradora General de la República y al Ministerio del Poder Popular para el Transporte Acuático y Aéreo.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- QUE ES COMPETENTE el recurso de apelación interpuesto en fecha 28 de octubre de 2011, por el ciudadano ARQUÍMEDES HURTADO ROMERO, actuando debidamente asistido por el abogado Juan Duque Cerrño inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 139.642, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, a través de la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el querellante, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO MANEIRO DEL ESTADO NUEVA ESPARTA. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- CONFIRMA la decisión dictada en fecha 26 de octubre de 2011, por el iudex a quo.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el abogado Wilfredo López, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana Marina Raquel Manzanilla Toro, apoderada de la ciudadana MARINA RAQUEL TORO CABRERA, contra la sentencia dictada en fecha 17 de abril de 2012, por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, que declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR (UPEL); 2. La NULIDAD del auto dictado en fecha 7 de febrero de 2013, así como las actuaciones procesales subsiguientes a éste, con excepción a la referida al pase al Juez ponente del expediente; 3. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto; 4.- CONFIRMA la sentencia apelada.

Por cuanto en la presente controversia la ciudadana querellante no aportó los medios de prueba suficientes para demostrar la mencionada conexión entre la actividad que desempeñaba para la Administración y que la enfermedad esgrimida por ella fuese resultado de dicha actividad, es por lo que este Órgano Colegiado debe REVOCAR PARCIALMENTE el fallo en consultado sólo en cuanto a la procedencia de la indemnización concebida en el numeral 5to del artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, y en consecuencia, declarar SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana María De Los Ángeles Merentes Fernández.

Se dictó desición mediante la cual esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el apoderado judicial de la sociedad mercantil BANCO DE VENEZUELA, BANCO UNIVERSAL, C.A., contra la Resolución S/N dictada el 22 de febrero de 2008, por el INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS), mediante la cual acordó sancionar a la recurrente por ochenta unidades tributarias (80 U.T.). 2.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 10 de mayo de 2012, por el abogado Manuel Domínguez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 41.605, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano GUSTAVO ENRIQUE MONDRAGÓN, titular de la cédula de identidad Nº 18.041.690, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en fecha 17 de abril de 2012, a través de la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS (C.I.C.P.C). 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- CONFIRMA el fallo apelado.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto el 29 de noviembre de 2012 por la abogada Luisa Yaselli Parés, en su condición de representante judicial del ciudadano CARLOS MANUEL BRICEÑO BRICEÑO, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital el 27 de noviembre de 2012, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el recurrente contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES EXTERIORES. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- Se REVOCA el fallo apelado. 4.-INADMISIBLE por caduco el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano CARLOS MANUEL BRICEÑO BRICEÑO contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES EXTERIORES.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta por el ciudadano JESÚS MANUEL MÁRQUEZ MOLINA, representado por el abogado Manuel Reyes, contra el INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL (IADEN); en virtud del acto administrativo dictado en fecha 29 de enero de 2013. 2. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3. CONFIRMA la sentencia dictada en fecha 5 de marzo de 2013, por el Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. Por lo que en consecuencia resulta, 4.- INADMISIBLE la Acción de Amparo Constitucional propuesta de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. 5.- ORDENA reabrir el lapso a los fines de que la parte accionante pueda interponer un recurso contencioso administrativo de nulidad.