La Corte declaró SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos de conformidad con el artículo 152 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, presentado por los abogados Rafael Badell Madrid, Álvaro Badell Madrid y Nicolás Badell Benítez, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de MERCANTIL, C.A., BANCO UNIVERSAL, contra la Resolución s/n emanada de la Presidencia del INSTITUTO PARA LA DEFENSA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO, de fecha 20 de abril de 2007, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto contra la decisión de fecha 16 de octubre de 2006, que impuso a su representada una multa por la cantidad de trescientas unidades tributarias (300 UT), por la presunta infracción de los artículos 18 y 92 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario. Se ordenó la notificación.

La Corte declaró HOMOLOGADO EL DESISTIMIENTO presentado mediante diligencia de fecha 13 de diciembre de 2010, por el abogado Roberto Salazar, antes identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial de la SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES ZELEKTA, en el recurso por abstención o carencia contra la "DIRECCIÓN DE INQUILINATO DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA INFRAESTRUCTURA (HOY MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA). Se ordenó el archivo del expediente.

La Corte declaró: QUE ES COMPETENTE para conocer de las apelaciones interpuestas en fechas 26 de julio de 2010 y 20 de septiembre del mismo año, la primera ejercida por el abogado Pedro Vicente Bertrán Álvarez, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte recurrente, y la segunda, ejercida por el abogado Javier Saad, actuando en su carácter de apoderado judicial de el órgano recurrido, contra la sentencia dictada por el mencionado Juzgado, en fecha 12 de febrero de 2010, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial. ORDENÓ la acumulación de la presente causa signada con el número Nº AP42-R-2009-001230 de la nomenclatura de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, al expediente signado con el número AP42-R-2010-000964 de este Órgano Jurisdiccional, y en consecuencia se ordena el cierre informático del expediente signado con el Nº AP42-R-2009-1230.

La Corte declaró: HOMOLOGADO EL DESISTIMIENTO presentado mediante diligencia de fecha 27 de julio de 2010, por la abogada Inés Mercedes González Barazarte, actuando con el carácter de apoderada judicial de la la ciudadana BIANNEYCK CECILIA MÉNDEZ GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad Nº 12.509.200, en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra "la decisión s/n, dictada en fecha 20/10/2009, por la DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO PORTUGUESA". Se ordenó el archivo del expediente.

La Corte Declaró que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la Contraloría Municipal; Declaró Con Lugar el referido recurso; Anuló el fallo recurrido; Conociendo del fondo del asunto declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el querellante. Se ordenó la notificación y remisión del expediente al Juzgado de origen.

La Corte Declaró que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto por la representación judicial del ciudadano Giuseppe Mandolfo Sperale; Declaró Sin Lugar el referido recurso ejercido; Confirmó la decisión del Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado. Se ordenó la remisión del expediente al tribunal de origen.

Se dictó auto mediante el cual esta Corte ordenó notificar a la abogada Ilvania Martins, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 117.169, a los fines de que, en el lapso de ocho (8) días de despacho siguientes, contados a partir de que conste en autos la notificación del presente auto, manifieste expresamente el mecanismo de autocomposición procesal que considere idóneo y en tal sentido consigne la correspondiente autorización.

La Corte declaró: QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta en fecha 3 de noviembre de 2009, por el abogado Edgar José Lozada Peña, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 82.086, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana SHIRLEY PIEDAD SOMOZA MÁRQUEZ, titular de la cédula de identidad Nº 6.372.074, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 29 de octubre de 2010, que declaró improcedente el amparo cautelar requerido en el marco del recurso contencioso administrativo funcionarial contra el "MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL". SIN LUGAR la apelación interpuesta. CONFIRMA el fallo apelado. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

La Corte ordenó solicitar al Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio del Poder Popular para la Educación (IPASME), que consigne ante este Órgano Jurisdiccional el expediente administrativo de la recurrente, dentro de los ocho (8) días de despacho siguientes a que conte en autos su notificación. Asimismo, ordenó notificar a la ciudadana Sorocaima Heredia, a los fines de que tenga conocimiento de dicho requerimiento.

La Corte declaró: QUE ACEPTA LA COMPETENCIA declinada por el Juzgado Superior, para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por la representación de la ASOCIACIÓN CIVIL DE GARANTÍAS DE RIESGO AUTOMOTRIZ, anteriormente identificados, contra el Memorando N° 06.00910, de fecha 14/07/10, emanado del INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, mediante el cual ordenó a sus oficinas en todo el territorio nacional, "Que se abstengan de aceptar, hasta nuevo aviso, pólizas de responsabilidad civil de vehículos emitidas por cualquier forma asociativa o administradora de riesgos que no estén debidamente autorizadas por la Superintendencia de Seguros". ORDENA la remisión inmediata de la presente causa al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de que se pronuncie sobre la admisibilidad del presente recurso, con prescidencia de la competencia.