Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: Que es COMPETENTE para conocer la inhibición formulada por la abogada Maige Ramírez Parra, en su carácter de Jueza Provisoria del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, en el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano DOUGLAS ALBERTO CONTRERAS GARCÍA, titular de la cédula de identidad número 14.936.251, representado por la abogada Iris Espinoza Pineda, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO MÉRIDA; CON LUGAR la inhibición propuesta; SE ORDENA NOTIFICAR de la presente decisión, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la publicación del presente fallo, a la abogada Maige Ramírez Parra, en su carácter de Jueza Provisoria del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.-SU COMPETENCIA para conocer el Recurso de Apelación ejercido por la parte querellada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 13 de marzo de 2012, que declaró Parcialmente Con Lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano ELIECER LANDAETA RAMÍREZ, contra el FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS. 2.-CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- Se REVOCA el fallo apelado. 4.-Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso interpuesto: 4.1.-Se CONFIRMA PARCIALMENTE el acto impugnado, en cuanto a la remoción del recurrente de dicho Fondo. 4.2.-Se ordena la REINCORPORACIÓN del recurrente al cargo que ocupaba al momento de ser removido, durante el lapso de un (1) mes de disponibilidad. 4.3.- Se NIEGA el resto de las pretensiones solicitadas.

Conforme a lo anteriormente expuesto, considera quien aquí decide que existen elementos suficientes para señalar que efectivamente el referido Juez se encuentra incurso en la causal de recusación establecida en el numeral 6° del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; en consecuencia, se declara con lugar la inhibición planteada por el Juez Gustavo Valero Rodríguez.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el abogado Nelson Alain Cuevas Trujillo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 48.323, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil SERVICIOS ESPECIALES LA CORTEZA C.A., contra la sentencia de fecha 28 de febrero de 2011, mediante la cual el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental declaró sin lugar el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto conjuntamente con Amparo Cautelar y subsidiariamente solicitud de Suspensión de Efectos interpuesta por la referida sociedad contra la Providencia Administrativa número 320-09 de fecha 2 de julio de 2009, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO PORTUGUESA, mediante la cual sancionó a la recurrente a pagar la cantidad de cinco mil quinientos noventa y cuatro bolívares fuertes con sesenta y.....

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: la NULIDAD parcial del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional el 13 de enero de 2014, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo, y en consecuencia, se REPONE la causa al estado de que se notifique a las partes para que una vez conste en autos la última de las notificaciones ordenadas, se dé inicio al lapso de fundamentación de la apelación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del "recurso contencioso administrativo de nulidad" interpuesto por los abogados Ana Elizabeth Guzmán y Leonardo Acosta Fernández, titulares de las cédulas de identidad Nº 4.587.857 y 3.335.534, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil ANCOR COSMETICS C.A., contra el Acta de Fiscalización Nº 1, emanada de la Gerencia de Fiscalización del BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT (BANAVIH). 2.- REPONE la causa al estado de admisión de la misma. 3.- ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado de Sustanciación de la Corte, a los fines que examine céleremente los requisitos de admisibilidad del recurso interpuesto y de resultar admisible sustancie el mismo conforme al procedimiento previsto para las demandas de nulidad de actos administrativos establecido en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: HOMOLOGADO EL DESISTIMIENTO, de la Demanda de Nulidad interpuesta por la sociedad mercantil RUTAS AÉREAS DE VENEZUELA RAV S.A., inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, el 26 de junio de 2006, bajo el número 15, Tomo 57-A, representada por el abogado Joel Alexis Armada Guevara, contra los actos administrativos contenidos en las Providencias números PRE-CJU-GPA-385-13, PRE-CJU-GPA-386-13, PRE-CJU-GPA-410-13, PRE-CJU-GPA-411-14 y PRE-CJU-GPA-412-13, de fechas las dos primeras 17 de septiembre de 2013 y los tres últimos de fecha 9 de octubre de 2013, emanadas del INSTITUTO DE AERONÁUTICA CIVIL (INAC), mediante las cuales se le impone, según cada Providencia, una sanción de Un Mil Unidades Tributarias (1.000 U.T), que equivale cada una a la cantidad de Ciento Siete Mil Bolívares (Bs. 107.000), y que sumadas alcanzan la cantidad de Quinientos Treinta y Siete Mil Bolívares (Bs. 537.000).

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- EXTINGUIDA LA ACCIÓN por la PÉRDIDA DEL INTERÉS en el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por el ciudadano ARMANDO JOSÉ MARTÍNEZ NAVA, titular de la cédula de identidad número 3.636.821, representado por el abogado Francisco Limonchy, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 91.211, contra la Providencia Administrativa de fecha 18 de marzo de 2005, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS CARIRUBANA, FALCÓN Y LOS TAQUES DEL ESTADO FALCÓN, mediante la cual se negó la admisión de unas pruebas, llevadas ante dicho ente en el expediente número 913.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 29 de octubre de 2007, por el abogado Carlos Enrique Ysmáyel Torrelba, en su carácter de representante judicial de la ciudadana MARÍA HERNÁNDEZ DE QUEVEDO, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO GUÁRICO, por diferencia de prestaciones sociales. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto, en consecuencia, queda FIRME el fallo apelado.

Esta Corte declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido en fecha 9 de septiembre de 2004, por el abogado Yorman Torrealba, actuando en representación del Órgano recurrido, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, con sede en Maracay, Estado Aragua, el 2 de septiembre de 2004, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto; 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto por el abogado Yorman Torrealba, representante judicial del Órgano querellado; 3.- El DECAIMIENTO DEL OBJETO del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.