Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. VÁLIDO el escrito de fundamentación a la apelación presentado por la actora el día 24 de mayo de 2011. 3.- La NULIDAD PARCIAL de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación a la apelación. 4.- Se REPONE la causa al estado de iniciar el lapso de contestación a la fundamentación de la apelación, contado a partir de que conste en actas la última de las notificaciones de las partes y, por consiguiente, la continuación del procedimiento de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Conforme a lo anteriormente expuesto, considera quien aquí decide que existen elementos suficientes para señalar que efectivamente el referido Juez se encuentra incurso en la causal de recusación establecida en el numeral 6° del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; en consecuencia, se declara CON LUGAR la inhibición planteada por el Juez Gustavo Valero Rodríguez.

Debe forzosamente este Órgano Jurisdiccional declarar SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad incoado contra la Providencia Administrativa Nº 000045, de fecha 11 de febrero de 2008, dictada por la Gerencia Fiscalización del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH).

Por las razones antes expuestas esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el día 29 de abril de 2013, por la abogada Janine Palacios, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte recurrente, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 23 de abril de 2013, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana KATHERINE ANDRADE FERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad Nº 9.418.430, debidamente asistida por el abogado José del Carmen Blanco, contra el GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL. 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3. En consecuencia, queda FIRME la sentencia apelada.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad conjuntamente con Medida Cautelar de suspensión de efectos por la Sociedad Mercantil GRUPO TOTAL 99, C.A., representada por la abogada María Luisa Pérez, contra la Resolución N° 00295 de fecha 23 de junio de 2008, emanada de la GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DEL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT (BANAVIH). 2.- VÁLIDAS las actuaciones llevadas a cabo por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas. 3.- INOFICIOSO emitir pronunciamiento sobre la solicitud de medida cautelar de suspensión efectos, realizada por la parte actora. 4.- SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto. Se ordenó notificar.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer en consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción de la Región Central con sede en Maracay, Estado Aragua, en fecha 5 de marzo de 2012, mediante el cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Limberg Zamora González, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 132.293, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana CARMEN EDILIA SUMOZA BLANCO, titular de la cédula de identidad Nº V- 2.520.261, contra el INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES) por diferencia de prestaciones sociales. 2.- Conociendo de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial Orgánica de la Procuraduría General de la República, se CONFIRMA el fallo consultado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- EXTINGUIDA LA ACCIÓN por la PÉRDIDA DEL INTERÉS en el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano EDUARDO SUZIN SEQUERA, portador de la cédula de identidad N° 6.023.120, contra la UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR. 2.- TERMINADO el presente procedimiento.

Por las razones antes expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto, en fecha 18 de abril de 2013 por la abogada Betty Josefina Torres Díaz, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 13.047, actuando en su carácter de apoderada judicial de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO GIRARDOT DEL ESTADO ARAGUA. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto, y en consecuencia, 3.- Se CONFIRMA la decisión apelada.

Esta Corte declaró: 1.- CON LUGAR el recurso de apelación intentado por la abogada Keyla Escalona, actuando en representación de la UNIVERSIDAD DE CARABOBO, contra la decisión proferida por el Juzgado de Sustanciación de esta Corte el día 26 de febrero de 2013, mediante la cual declaró procedente la solicitud de indexación hecha por la abogada ILSE COVA CASTILLO en el marco de la demanda por estimación intimación de honorarios intentada por ésta última; 2.- ANULA el fallo apelado, por cuanto el mismo infringe el principio de cosa juzgada.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara TERMINADO EL PROCEDIMIENTO por abandono del trámite, en la acción de amparo constitucional incoada por el abogado Pedro Luis Naveda Sánchez, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana SILVIA DEL VALLE GARCÉS MEDINA, titular de la cédula de identidad N° 10.972.014, contra el acto administrativo dictado en fecha 14 de noviembre de 1996, por el CONSEJO DE APELACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA.