En el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Miguel Alberto Tarazona, en su carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana MAGNOLIA VÉLEZ ESCOBAR, contra la sentencia dictada en fecha 20 de julio de 2010, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, que declaró Inadmisible la acción de amparo constitucional que interpusiera contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS). Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto; SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto; CONFIRMÓ la sentencia apelada.

En el presente recurso contencioso de nulidad esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer la consulta de ley prevista en el artículo 72 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, del fallo de fecha 21 de setiembre de 2010, emanado del Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, declaró Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JORGE ALBERTO PRADA BRICEÑO, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA, 2. IMPROCEDENTE la consulta de ley y 3. FIRME el fallo consultado.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la Sociedad Mercantil ROWART DE VENEZUELA, S.A., contra la Providencia Administrativa Nº 0102 de fecha 8 de enero de 2009, dictada por la DIRECCIÓN ESTADAL AMBIENTAL DEL ESTADO ZULIA, órgano desconcentrado del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE, que fuera enviado a esta Corte en virtud de la declinatoria de competencia realizada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 14 de febrero de 2011, esta Corte dictó decisión por medio de la cual declaró: 1. NO ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA efectuada por el referido Juzgado Superior; 2. PLANTEA EL CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA en el presente recurso; 3. ORDENA la remisión del expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que se pornuncie con respecto al conflicto de competencia planteado.

En la presente demanda contencioso administrativa esta Corte declaró: Se ordena a la Secretaría de esta Corte notifique a las Sociedades Mercantiles Farmacia Locatel C.A. y Locatel Servicios C.A., con el objeto de que consignen ante este Órgano Jurisdiccional los respectivos Estatutos Sociales, vigentes para la fecha de la transacción consignada en el expediente, o algún otro elemento a los fines de determinar la facultad expresa del ciudadano Isaac Luis Ruah González para transigir. Tal consignación, deberá hacerse dentro de un lapso de cinco (5) días de despacho contados a partir de que conste en autos la notificación de la presente decisión. Así se decide.

En el presente recurso contencioso administrativo funcionarial esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer y decidir la apelación ejercida por el Apoderado Judicial de la parte recurrente, contra la sentencia dictada en fecha 11 de mayo de 2009, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el Abogado Carlos César Moreno, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) bajo el Nro. 44.849, actuando como Apoderado Judicial de la ciudadana DAYANA MARÍA MEJÍAS, titular de la cédula de identidad Nº 12.639.215, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA, 2. SIN LUGAR la apelación ejercida y 3. CONFIRMA el fallo apelado.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 3 de marzo de 2011, por el Abogado Francisco Humbría, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del ciudadano Hadder Gregorio Acurero, contra la sentencia dictada en fecha 2 de marzo de 2011 por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, que declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la Comandancia General de la Policía del Estado Falcón, esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1. Su competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto 2. Desistido el recurso de apelación interpuesto 3. Confirma el fallo apelado en cuanto al pronunciamiento de la acción principal de nulidad en virtud de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

En la presente acción de amparo constitucional esta Corte declaró: 1. SU COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido por la Apoderada Judicial de la Sociedad Mercantil PRODUCTOS MIXTOS PROMIX, C.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 07/07/2009, que declaró "Parcialmente Con Lugar" la acción de amparo constitucional ejercida por el Apoderado Judicial de los ciudadanos PABLO VICENTE MARRERO FRANQUIZ, ALIRIO COROMOTO RIVERO FUENTES y GILBERT ALEXANDER LEÓN RAMOS, contra la referida empresa, para lograr la ejecución de la Providencia Administrativa N° 0048-2009 de fecha 29 de enero de 2009, dictada por la Inspectoría del Trabajo Pedro Ortega Díaz, 2.- El DECAIMIENTO DEL OBJETO en el recurso de apelación ejercido y 3.- FIRME el fallo apelado.

En el recurso de apelación ejercido por la Sindica Procuradora Municipal, contra la sentencia la sentencia de fecha 8 de junio de 2008, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, mediante la cual declaró Parcialmente con Lugar la acción de amparo constitucional incoada por la Apoderada Judicial de la ciudadana YESENIA MERCEDES LUGO GODOY, a los fines de solicitar el acatamiento de la Providencia Administrativa S/Nº de fecha 21 de mayo de 2008, emitida por la Inspectoría del Trabajo del Estado Trujillo, mediante la cual ordenó al CONCEJO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO JOSÉ FELIPE MÁRQUEZ CAÑIZALEZ DEL ESTADO TRUJILLO, el reenganche de la mencionada ciudadana a su lugar de trabajo y el pago de los salarios dejados de percibir. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido; SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido; CONFIRMÓ la sentencia apelada.

En el recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto en fecha 12/01/2009, por la Apoderada Judicial de la Sociedad Mercantil TUBOSCOPE BRANDT DE VENEZUELA, S.A., contra la sentencia dictada en fecha 15/12/2008, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor Oriental, la cual declaró la Perención de la Instancia en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar por los Apoderados Judiciales de la referida Sociedad Mercantil contra el auto dictado por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL TIGRE Y SAN TOMÉ DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, que rechazó la homologación de la transacción celebrada en fecha 04/05/2001, entre el ciudadano Sergio Merchan y la referida empresa, 2. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto y 3. CONFIRMA el fallo apelado.

EN EL PRESENTE RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTA CORTE DECLARÓ: 1. Su COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta en fecha 22/09/2007, por la Sustituta del Procurador General de estado Monagas, contra la sentencia dictada en fecha 23/01/2007, por el Juzgado Superior Quinto Agrario Civil - Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, la cual declaró Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano LUIS ALBERTO MANRIQUE, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO MONAGAS, 2. REVOCA el auto de fecha 23/04/2007, relativo al cómputo efectuado a los fines de la fundamentación de la apelación y 3. ORDENA remitir el presente expediente a la Secretaría de esta Corte a los fines que se cumplan con todas las fases procesales relativas al procedimiento de segunda instancia.