Esta Corte dictó decisión mediante la cual declara: Por las consideraciones precedentemente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR la demanda de nulidad interpuesta por el ciudadano CARLOS ENRIQUE LOYO, titular de la cédula de identidad Nº 5.300.101, actuando con el carácter de representante legal de su hija VICTORIA EUGENIA LOYO VERDE, titular de la cédula de identidad Nº 25.222.564, asistido por el abogado Fernando José Marín Mosquera, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 73.068, contra el acto administrativo Nº PRE-CJ-000313 de fecha 25 de febrero de 2014, emanado de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), hoy CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX), a través del cual se negó la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD), correspondiente a la solicitud Nº 17180659.

Se dictó decisión mediante la cual: instar tanto a la ciudadana Maria Trina Perdomo Azuaje, antes identificada, como a la Defensa Pública General, para que en un lapso de diez (10) días de despacho, contados a partir de que consten en autos sus respectivas notificaciones, consignen en original o en copia certificada el certificado electrónico de la declaración jurada de patrimonio de egreso o cese de funciones presentada por la referida ciudadana, con su debido acuse de recibo

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.-Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto en fecha 12 de marzo de 2008, por el abogado Bernardo Ramo Marrufo, actuando en representación del ciudadano BARTOLO RAFAEL VILERA NÚÑEZ, contra la sentencia proferida en fecha 4 de marzo de 2008, por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Central, que declaró inadmisible por caduco el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por el abogado Juan de Dios Espinoza Baptista, todos ya identificados, en su carácter de apoderado judicial del accionante, contra el MUNICIPIO AUTÓNOMO JULIÁN MELLADO DEL ESTADO GUÁRICO. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- CONFIRMA el fallo apelado, con las modificaciones expuestas.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró:1.-Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto , en fecha 7 de marzo de 2005, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, en fecha 3 de marzo de 2005, que declaró sin lugar la demanda de nulidad interpuesta, contra el INSTITUTO PUERTO AUTÓNOMO DE PUERTO CABELLO. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- FIRME el fallo apelado.

Esta Corte se declaró COMPETENTE para conocer la causa; PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto; REVOCA de manera parcial el fallo respecto a la desestimación de nulidad del artículo Quinto del Decreto, así como la exclusión del Alcalde consagrada en el artículo Octavo en lo relativo a la facultad instructora en materia penal del ambiente; y CONFIRMA PARCIALMENTE el fallo del a quo, en cuanto a la nulidad parcial del artículo sexto del Decreto , sólo en relación a la aplicación de la sanción de arresto hasta por (02) días de aquellas personas que resulten responsables de ocupar ilegalmente predios urbanos o rurales.

Esta Corte SOLICITA a las partes que en el lapso de diez (10) días de despacho siguientes, contados a partir de que conste en autos las respectivas notificaciones, consignen en original o en copia certificada el certificado electrónico de la declaración jurada de patrimonio de egreso o cese de la recurrente, advirtiéndose que una vez transcurrido el lapso fijado en el presente auto, esta Corte dictará sentencia conforme a los alegatos y la documentación que conste en autos.

Se dictó decisión mediante la cual:1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta en fecha 13 de febrero de 2007, por el abogado Carlos Carrillo, actuando en su carácter de apoderado judicial del INSTITUTO NACIONAL DE CANALIZACIONES, contra la sentencia dictada el 7 de diciembre de 2006, por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas y Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JESÚS HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad Nº 2.642.866, asistido por el abogado José Ramón Sánchez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 81.083, contra el referido instituto. 2.- SIN LUGAR la apelación ejercida. 3.-CONFIRMA la sentencia apelada

Esta Corte declaró su INCOMPETENCIA para conocer y decidir el "recurso contencioso administrativo funcionarial" interpuesto por la ciudadana MARÍA ANA COLLADO MILLÁN, asistida por el abogado Antonio José Meneses, contra la UNIVERSIDAD DE CARABOBO; DECLINA la competencia para conocer el presente asunto en el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, a quien se ORDENA la remisión del expediente, a los fines legales pertinentes.

Esta Corte declaró IMPROCEDENTE la solicitud de aclaratoria formulada por el abogado Casto Martin Muñoz Milano, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano SIMÓN JOSÉ LINARES, en torno a la sentencia dictada por esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo Nº 2013-C-003 el 30 de enero de 2014.

Esta Corte declaró su INCOMPETENCIA para conocer y decidir en primer grado de jurisdicción la demanda de nulidad interpuesta con medida de suspensión de efectos por la ANDREINA ALEXANDRA GRANADOS PALACIOS, asistida por el abogado Jerson Bello, contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la notificación Nº CEPGM1034/2016 de fecha 14 de junio de 2016, dictado por la COORDINACIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, mediante la cual fue desincorporada de la Especialización de Cirugía de dicha Facultad; DECLINA la competencia para conocer el presente asunto en los Juzgados Superiores Estadales de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en funciones de distribución, a quien se ORDENA remitir el expediente, a los fines legales consiguientes.