1.- la NULIDAD de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación a la apelación. 2.- Se REPONE la causa al estado de iniciar el lapso de contestación a la fundamentación de la apelación, contado a partir de que conste en actas la última de las notificaciones de las partes y, por consiguiente, la continuación del procedimiento de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: Su COMPETENCIA para conocer de la Consulta de Ley prevista en el artículo 72 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República del fallo dictado en fecha 10 de agosto de 2010, dictado por el Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante el cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL por el ciudadano Sandy Junior Gómez Romero, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 39.671, actuando en su carácter de representación judicial del ciudadano ASUNCIÓN DEL SEÑOR RENGEL MAESTRE. IMPROCEDENTE la consulta del fallo.

En el recurso por abstención o carencia ejercido conjuntamente con amparo cautelar por los abogados Felicia Escobar, Enrique Cheang y Marianella Montilla, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 39.874, 50.837 y 66.907, actuando como apoderados judiciales de la COOPERATIVA COLANTA LTDA, contra la DIRECCIÓN DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI); esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer en primer grado de jurisdicción el recurso interpuesto; 2.- ADMITE el aludido recurso; 3.- IMPROCEDENTE el amparo cautelar solicitado; 4.- ORDENA citar al ciudadano Registrador de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), requiriéndole que informe sobre la causa de la abstención denunciada y 5.- ORDENA notificar al ciudadano MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LAS INDUSTRIAS LIGERA Y COMERCIO y a las ciudadanas PROCURADORA y FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- SIN LUGAR el recurso de nulidad ejercido por la representación judicial de la ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, contra el Acta de Sesión Ordinaria de fecha 12 de mayo del 2000, emanada del CONSEJO NACIONAL UNIVERSIDADES (CNU). En consecuencia, se CONFIRMA la orden de suprimir el Bono de Reconocimiento Académico (BREC) sufragado por la Universidad Simón Bolívar. 2.- Se deja SIN EFECTO la medida cautelar innominada acordada el 21 de diciembre de 2000, mediante sentencia Nº 00-24028, emanada de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

Es forzoso para este Órgano Jurisdiccional declarar desistido el presente recurso contencioso administrativo de nulidad, por cuanto operó la consecuencia jurídica prevista en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo

Esta Corte ORDENA notificar al abogado Jesús Durán, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano JOSÉ HERRADEZ, para que dentro del lapso de cinco (5) días de despacho contados a partir de la fecha en que conste en el expediente el recibo de la notificación, de cumplimiento a lo ordenado en la presente decisión.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido por el abogado Raúl Aguana Santamaría, actuando en su carácter de apoderado judicial del INSTITUTO NACIONAL DE OBRAS SANITARIAS (INOS), contra la sentencia proferida en fecha 17 de enero de 2003 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Regio Nor-Oriental, mediante la cual declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con solicitud de prohibición de enajenar y gravar, contra el CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO BOLÍVAR DEL ESTADO ANZOÁTEGUI; 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido; 3.- CONFIRMA el auto apelado.

Visto que en el caso de marras un 60% del capital accionario de la sociedad mercantil demandante es propiedad del Estado, esta Corte, en virtud de los intereses patrimoniales que pueden estar en juego a favor de la República, y a los fines de emitir pronunciamiento sobre la solicitud formulada por la abogada Andrea Paredes en fecha 30 de enero de 2012, ordena notificar a la prenombrada abogada, a los fines de que, en el lapso de cinco (5) días de despacho siguientes, contados a partir de que conste en autos la notificación del presente auto, consigne la correspondiente autorización de la Junta Directiva de la sociedad mercantil Petrolera Sinovensa, S.A.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto el 30 de julio de 2008 por el abogado Lenin Partidas Nervo, en su condición de apoderado judicial del MUNICIPIO GUACARA DEL ESTADO CARABOBO, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte el 23 de mayo de 2008, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano HEBER CAMARGO, contra el referido Municipio. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- REVOCA el fallo apelado. 4.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado.

Esta Corte declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación ejercido en fecha 29 de julio de 2011, por el abogado Jesús Pérez Barreto, inscrito en el IPSA bajo el Nº 115.494, sustituto de la Procuradora General de la República, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 31 de marzo de 2011, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la abogada Saraí Cecilia Barrios, inscrita en el IPSA bajo el N° 120.687, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana MAHOLI CAROLINA ROSALES JUSTO, titular de la cédula de identidad N° 16.465.247, contra la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA (DEM). 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta por la parte recurrida. 3.- REVOCA el fallo apelado. 4.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.