Se dicto y publicó decisión mediante la cual se declaró competente a la CSCA para conocer en 1er grado de jurisdicc. la presente demanda; se admitió la demanda de nulidad en cuanto ha lugar en derecho se refiere a la ciudadana Yelipza de Jesús Mejías de Narea e INADMITE la referida demanda conforme a la ciudadana Nilda González García, por operar la causal de inadmisibilidad referida a la caducidad, se ordenó notificar a los ciudadanos FGR, Directora de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría del estado Guárico, CGR, Procurador del estado Guárico, PGR Orlando Zambrano y Carlos Bolívar, cuando consten los antec. administrativos; se solicitaron los antecedentes administrativos, librar el cartel de los 3ros interesados; se ordenó la apertura de un cuaderno separado, una vez cumplidas las notificaciones ordenadas y remitir el presente expediente a la CSCA, a los fines que tenga lugar la audiencia de juicio.

En fecha 29 de octubre de 2013, este Juzgado de Sustanciación dictó auto mediante el cual se pronunció en relación a la admisibilidad de la demanda de nulidad interpuesta por la representación judiciales de la ciudadana ANA MARÍA BAPTISTA DE SÁNCHEZ, contra el acto decisorio de fecha 19 de agosto de 2010, emanado de la GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARÍA (FOGADE).

En fecha 29 de octubre de 2013, este Juzgado de Sustanciación dictó auto mediante el cual se pronunció en relación a la admisibilidad de la demanda de nulidad interpuesta por el ciudadano Abilio Ramón Ramos Ayaro, asistido por el abogado José Rafael Vivas, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 43.907, contra el silencio administrativo producido por el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), en virtud del ejercicio del recurso jerárquico que incoara el mencionado ciudadano, contra el acto administrativo de Negativa Registral dictado en fecha 29 de junio de 2012, por el ciudadano Registrador Público del Tercer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, notificado en fecha 11 de julio de 2012.

En fecha 29 de octubre de 2013, este Juzgado de Sustanciación dictó auto mediante el cual declaró inadmisible la demanda por cobro de bolívares derivados de daños morales y solicitud de pensión por incapacidad derivado de accidente laboral, ejercida por la ciudadana Sulky Yarismar Lugo, asistida por el Abogado Robert Alberto Moreno Juárez, contra el Instituto Autónomo de Salud del Estado Apure (INSALUD-APURE), así mismo ordenó notificar a las partes y al Procurador General (E) de la República.

Esta Corte evidenció que en el caso de autos se configuró un conflicto negativo de competencia, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por ser el Tribunal Superior competente para dirimir el conflicto negativo de competencia en materia de amparo autónomo, se ORDENA la remisión del presente expediente a la señalada Sala, a los fines legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil.

Esta Corte evidencia que la sentencia apelada se encuentra ajustada a derecho por lo tanto declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, CONFIRMA el fallo dictado por el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en fecha 12 de julio de 2013, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta. Así se decide.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. SU COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación ejercido por el Abogado Iván Molina Pulido, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la parte querellante, contra la sentencia de fecha 17 de abril de 2012, dictada por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, que declaró Inadmisible la querella funcionarial interpuesta, respecto al acto de remoción; Sin Lugar, respecto al de retiro interpuesto por la ciudadana MARÍA ELENA GUILLÉN GUILLÉN, contra la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO MÉRIDA, 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto y 3. FIRME el fallo apelado.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: DESISTIDO el procedimiento en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar de suspensión de efectos, por los Abogados Daniel Salas Arana y Miguel Ángel Domínguez Franchi, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de la Sociedad de Comercio MEALS DE COLOMBIA, S.A, contra la Resolución N° 837 de fecha 20 de marzo de 2009, publicada el 31 de marzo de 2009, en el Boletín 502 de la Propiedad Intelectual, dictada por el REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL SERVICIO AUTÓNOMO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto en fecha 9/10/2012, por la Apoderada Judicial del Instituto querellado, contra la decisión dictada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en fecha 18/9/2012, la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JOSÉ EREIPA, contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.), 2. CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte querellada, 3. REVOCA la sentencia dictada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital en fecha 18/09/2012 y 4. SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer de la demanda por resolución de contrato interpuesto por el Abogado Luis Eduardo Acuña Salas, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil DISTRIBUIDORA DISCA, C.A., contra el Ministerio de Hacienda hoy MINISTERIO PARA EL PODER POPULAR PARA LAS FINANZAS y 2. Se ORDENA la notificación del Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil Distribuidora Disca, C.A., para que manifieste su interés en el presente caso.