Esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 17 de septiembre de 2009, por el Abogado Carlos Alberto Pérez, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la recurrente, contra la sentencia dictada en fecha 23 de julio de 2009, por el mencionado Juzgado Superior que declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los Abogados Carlos Alberto Pérez, Rosa Linda Cárdenas Martínez y Walkiria Rengifo Villaroel, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de la ciudadana SILVIA SUSANA MARCUCCI MONTERO, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. CONFIRMA el fallo apelado.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer la Consulta de ley prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, de la sentencia dictada en fecha 31 de enero de 2014, por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano FRANCISCO JAVIER BLANCO SILVA, asistido por las Abogadas Jazmín Coromoto Sequera Colmenares y Jazmín del Valle Marín Sequera, contra la República Bolivariana de Venezuela por Órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO y 2. CONFIRMA el fallo objeto de consulta.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por el Abogado José Stalin Martínez Gago, actuando en su condición de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil MEGA IMPORT SUPPLY, S.A., contra el acto administrativo dictado en fecha 8 de julio de 2013, por la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), mediante el cual confirmó la suspensión preventiva del Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) a la prenombrada empresa. ORDENA anexar el presente cuaderno separado a la pieza principal referida a la demanda de nulidad contenida en el expediente AP42-G-2014-000115 de esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 21 de septiembre de 2009, por el Abogado Richard Sierra, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la parte recurrente, contra la sentencia dictada en fecha 10 de julio de 2009, por el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, que declaró Improcedente la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada, esta Corte dictó auto para mejor proveer mediante el cual ORDENÓ al referido Juzgado Superior, para que dentro de un lapso no mayor a diez (10) días de despacho, mas dos (2) días continuos correspondientes al término de la distancia, contados a partir de su notificación, informe sobre el estado actual de la causa principal, siendo que en caso de haberse dictado sentencia definitiva en el recurso de nulidad interpuesto, remita a este Órgano Jurisdiccional copia certificada de la referida sentencia.

En la demanda por daño moral interpuesto los Abogados Yamilly Capote Barrero y Edmundo Peréz Arteaga, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de la ciudadana MARÍA MERCEDES PÉREZ DE GARCÍA, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO CHACAO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda interpuesta, y en consecuencia: 1.1. CONDENA al Municipio Chacao del estado Miranda a pagar la cantidad de seiscientos mil bolívares exactos (Bs. 600.000,00), a la ciudadana María Mercedes Pérez, a los fines de indemnizar el daño moral sufrido, 1.2. CONDENA al Municipio Chacao del estado Miranda, a garantizar a la ciudadana María Mercedes Pérez, los servicios de atención mínima para el diagnóstico, prevención y recuperación de algún padecimiento consecuencia de la enfermedad de Mal de Chagas y 1.3. IMPROCEDENTE la indexación monetaria.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. IMPROCEDENTE las medidas cautelares solicitadas por el Abogado Carlos Mosquera, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del ciudadano RAPHAEL HENRY GONZÁLEZ ARIAS, tercero interesado en la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con acción de amparo cautelar y medida cautelar de suspensión de efectos, por los Apoderados Judiciales de la Sociedad Mercantil PROMOCIONES BON DI, C.A, contra el acto administrativo S/N dictado en fecha 5 de mayo de 2011, por el INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS) y 2. ORDENA anexar copia certificada de la presente decisión al expediente signado bajo la nomenclatura Nº AP42-G-2011-000276.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad, interpuesto por el ciudadano ABILIO RAMÓN RAMOS AYARO, debidamente asistido por el Abogado José Rafael Vivas, contra la Negativa Registral emanada del REGISTRO PÚBLICO DEL TERCER CIRCUITO DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL, de fecha 29 de junio de 2012, esta Corte dictó decisión por medio de la cual declaró: 1. DESISTIDO el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto.

En el recurso de apelación interpuesto por la Representación Judicial de las ciudadanas Tiobel Violeta Ríos, Rosalinda Blanco Tovar y Esther Felicia Pantoja Vásquez, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, de fecha 22 de enero de 2014, mediante el cual se declaró Inadmisible por Caducidad e Inepta Acumulación de Pretensiones, esta Corte dictó decisión por medio de la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto. 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3. FIRME el fallo apelado.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación ejercido por el Abogado Henry Sanabria Nieto, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil Universitas de Seguros C.A., contra la decisión de fecha 11 de octubre de 2013, dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, la cual declaró Parcialmente Con Lugar la Demanda de Contenido Patrimonial interpuesta por Sociedad Mercantil Anónima CORPORACIÓN VENEZOLANA DE TELECOMUNICACIONES -COVETEL- S.A., contra las Sociedades Mercantiles INGENIERÍA CARIVENCA C.A, y UNIVERSITAS DE SEGUROS, C.A, 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto y 3.- FIRME el fallo apelado.