Esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer en Consulta de Ley prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la sentencia dictada en fecha 13 de octubre de 2011, por el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana MARÍA AUXILIADORA MEDINA, debidamente asistida por la Abogada Dollys Flores contra el INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESADO FALCÓN. 3. CONFIRMA con la indicación expuesta el fallo de fecha 13 de octubre de 2011.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: Su COMPETENCIA para concoer de la presente causa. ANULA, por orden público, el fallo dictado el 4 de diciembre de 2012, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental. INADMISIBLE por Caducidad el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. la NULIDAD parcial del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 6 de marzo de 2014, únicamente lo relativo al inicio de la relación de la causa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo y 2- Se ORDENA la reposición de la causa al estado de que el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, notifique a las partes de la remisión del expediente a esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación en fecha 14 de junio de 2013 y ratificado en fecha 18 de septiembre de 2013 por la Abogada Elisa Pineda Ochoa actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la ciudadana MARGARITA DEL CARMEN CALDERA PIÑERO, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental en fecha 10 de junio de 2013, mediante la cual declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con acción de amparo cautelar y subsidiaria medida de suspensión de efectos, por la referida ciudadana contra la CONTRALORÍA DEL ESTADO PORTUGUESA, 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto y 3. FIRME el fallo apelado.

Esta Corte dictó sentencia interlocutoria con fuerza de defintiva declarando DESISTIDO el procedimiento en la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con amparo cautelar por el ciudadano JOSÉ GREGORIO TALLAFERRO OSTA, asistido por el Abogado Reinaldo José González Fisser, contra las Providencias Administrativas Nros. 027-2011 y 16/12 de fechas 27 de abril de 2011 y 31 de mayo de 2012, respectivamente, notificada la segunda mediante el oficio N° 230-12 de fecha 1° de junio del mismo año, que declararon Sin Lugar los recursos de reconsideración y jerárquico interpuestos contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº 155-2010 de fecha 20 de septiembre de 2010, emanada de la Dirección General Sectorial de Parques Nacionales, perteneciente al INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES (INPARQUES).

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte ORDENA notificar al Presidente del SISTEMA REGIONAL DE SALUD DEL ESTADO ZULIA, para que en el lapso de diez (10) días de despacho siguientes a que conste en autos su notificación, concediéndose ocho (8) días continuos correspondientes al término de la distancia, consignen original o copias certificadas del expediente administrativo del ciudadano Bernardo Fernández López. Asimismo, se advierte que en caso de no remitirse lo solicitado a este Órgano Jurisdiccional, esta Corte pasará a dictar sentencia con los elementos cursantes en autos y se impondrá al funcionario responsable multa, entre cincuenta Unidades Tributarias (50 U.T.) y cien Unidades Tributarias (100 U.T.), de conformidad con el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En el presente recurso contencioso administrativo esta ordena al Ministerio del Poder Popular para la Educación, de conformidad con lo previsto en el artículo el 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, que en el lapso de cinco (5) días siguientes a la constancia en autos de su notificación, remita a este Órgano Jurisdiccional el expediente administrativo de la citada ciudadana y Al respecto, se informa que en caso de no remitirse dicho expediente a este Órgano Jurisdiccional, esta Corte pasará a dictar sentencia con los elementos cursantes en autos y se impondrá al funcionario responsable multa, entre cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) y cien unidades tributarias (100 U.T.), de conformidad con el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. IMPROCEDENTE la "medida cautelar innominada", solicitada en la demanda por cobro de honorarios profesionales interpuesta, por los Abogados JUAN PÉREZ APARICIO y MARITZA ALVARADO MENDOZA, actuando en su propio nombre y representación, contra la CAJA DE AHORROS Y PREVISIÓN SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA.2. ORDENA anexar copia certificada de la presente decisión a la pieza principal de la causa contenida en el expediente judicial Nº AP42-O-2000-022668 de esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer de la inhibición formulada por el Abogado GARY JOSEPH COA LEÓN, actuando en su condición de Juez Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto conjuntamente con amparo cautelar por el ciudadano EDGAR ENRIQUE SILVA RIVERO, debidamente asistido por el Abogado Manuel de Jesús Domínguez, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE SEGURIDAD CIUDADANA (INSETRA) y 2.- CON LUGAR la inhibición interpuesta.

En el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Víctor Rondón, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la parte recurrente, contra la sentencia de fecha 18 de octubre de 2013, dictada por el Juzgado Superior Estatal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, que declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano PABLO EMILIO NIETO, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA DEL ESTADO TÁCHIRA, esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto. 2. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3. CONFIRMA el fallo recurrido.