En el día de hoy 30 de septiembre de 2014, este Juzgado de Sustanciación libró auto mediante el cual se pronunció sobre la admisibilidad de la demanda de nulidad interpuesta por la representación judicial del ciudadano Marcos Antonio Guanchez, contra el acto administrativo Nº 002-2002 de fecha 8 de julio de 2002, dictado por la Directora de Averiguaciones Administrativas de la Contraloría Municipal del Municipio Baruta del estado Miranda, notificado mediante Gaceta Municipal del Municipio Baruta del Estado Miranda Extraordinario Nº 264-07/2002 de fecha 17 de julio de 2002.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró:1. SU COMPETENCIA para conocer de la Apelación interpuesta por la Apoderada Judicial de la ciudadana MARÍA MARVEYA MÁRQUEZ ROJAS, contra la decisión dictada en fecha 24/05/2004, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial Los Andes, mediante la cual declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo de funcionarial conjuntamente con solicitud de amparo cautelar por la referida ciudadana, contra INSTITUTO AUTÓNOMO MERIDEÑO DE DESARROLLO RURAL (IMDERURAL), 2. DESISTIDA la apelación, 3. REVOCA por orden público el fallo dictado en fecha 24/05/2004, por el referido Juzgado, mediante la cual declaró Sin Lugar el recurso contencioso funcionarial conjuntamente con amparo cautelar interpuesto y 4. INADMISIBLE el recurso contencioso funcionarial ejercido conjuntamente con solicitud de amparo cautelar interpuesto.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1.- SU INCOMPETENCIA para conocer el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por la Abogada Nancy Villamizar Polanco, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil SM PHARMA, C.A., antes identificada, contra las Providencias Administrativas Nº 2013-0024, de fecha 10 de junio de 2013, Nº 2013-0032, de fecha 10 de agosto de 2013, dictada por la DIRECCIÓN DE INSPECTORÍA NACIONAL Y OTROS ASUNTOS COLECTIVOS DEL TRABAJO DEL SECTOR PRIVADO y el Auto de homologación de fecha 6 de enero de 2014, dictado por la ciudadana MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, 2. DECLINA LA COMPETENCIA a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y 3. ORDENA remitir el presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer la apelación interpuesta en fecha 2/08/2005, por la Apoderada Judicial del CONSORCIO PRECOWAYSS, contra la sentencia de fecha 29/07/2005, dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, mediante la cual se declaró Inadmisible por Caducidad el recurso contencioso administrativo de nulidad, 2. La NULIDAD del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 31/01/2006, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo y 3. Se ORDENA la remisión de la presente causa a la Secretaría de esta Corte, a los fines de que realice las actuaciones necesarias para la notificación de las partes de que se dará inicio a la relación de la causa, conforme a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela aplicable rationae temporis.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido por la Abogada Nathaly Cubillan, actuando con el carácter de Apoderada Judicial del recurrente, contra la sentencia de fecha 27 de octubre de 2005, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, mediante la cual declaró Inadmisible el recurso de nulidad interpuesto por el ciudadano JOSÉ VICENTE GÓMEZ ELIZONDO contra la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS CARIRUBANA, LOS TAQUES Y FALCÓN DEL ESTADO FALCÓN, 2. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto y 3. CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental dictada en fecha 27 de octubre de 2005.

En la demanda por estimación e intimación de honorarios profesionales interpuesta por el ciudadano LUÍS LEÓN, actuando en nombre propio y representación, contra las Sociedades Mercantiles INDUSTRIA VENEZOLANA MAICERA PROAREPA, C.A. y PRODUCTOS Y FINANCIAMIENTOS AGRÍCOLAS C.A. (PROFINCA), esta Corte dictó decisión mediante la cual 1. NO ACEPTÓ LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA efectuada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, para conocer de la demanda de intimación e estimación de honorarios profesionales interpuesta, 2. PLANTEÓ conflicto negativo de competencia ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y 3. ORDENÓ remitir el expediente a Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto en fecha 25 de noviembre de 2004, por el Abogado Juan Reyes Lozano, procediendo con el carácter de Apoderado Judicial del ciudadano LUÍS ENRIQUE AYALA CARRASCO, contra la sentencia de fecha 2 de septiembre de 2004, dictada por el Tribunal Superior Segundo de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual se declaró Inadmisible por Caducidad el recurso contencioso administrativo funcionarial, 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto y 3. FIRME el fallo apelado.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: CONSUMADA LA PERENCIÓN Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por el ciudadano OSCAR MARINO ARDILA ZAMBRANO contra el PRESIDENTE DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MÉRIDA.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: EXTINGUIDO EL PROCESO POR LA PÉRDIDA DEL INTERÉS en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 26 de noviembre de 2003, por el ciudadano Abogado FRANCISCO GASIA GONZÁLEZ, actuando en su propio nombre y representación, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 13 de marzo de 2003, la cual declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el referido ciudadano contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA, 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto y 3. FIRME el fallo apelado.