Esta Corte ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, para conocer de la demanda de nulidad interpuesta por el Abogado Enrique Aguilera Ocando, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana CONSTANZA AGUILERA LINARES, contra el acto administrativo Nro. 116 de fecha 5 de septiembre de 2015, emanado de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) -hoy CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX) y ORDENA la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación con la finalidad de que se pronuncie sobre la admisión de la presente causa, con prescindencia de la competencia analizada en el presente fallo.

Esta Corte declaró Que es COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta en fecha 30 de noviembre de 2015, por la abogada MILDRED JOJANY CARPIO BOLÍVAR, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró Inadmisible por caducidad el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la referida abogada, contra la DEFENSA PÚBLICA; SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido; CONFIRMA la sentencia apelada con las modificaciones expuestas en el presente fallo.

En esta fecha esta Corte dictó sentencia donde declaró: Su COMPETENCIA para conocer de la demanda por vía de hecho interpuesta por los Abogados Luisa Elena Loreto Betancourt y Guillermo Caldera Marín, actuando Apoderados Judiciales de la sociedad civil LAS GARCITAS, S.C, contra la vía de hecho que presuntamente incurrió el COMANDO DE LA ZONA INTERNA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA (CZGNB-41); Se ADMITE la demanda por vía de hecho interpuesta; Se APLICA el procedimiento breve contemplado en los artículos 65 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa;ORDENA la citación de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

En el recurso de apelación ejercido interpuesto por el abogado José Francisco Rauseo Acevedo, actuando como apoderado judicial del ciudadano JESÚS ENRIQUE ARRIETA AVENDAÑO, contra la sentencia de fecha 8 de marzo de 2016, dictada por el Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró Inadmisible la acción de amparo constitucional ejercida contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA BANCA Y FINANZAS así como el SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), esta Corte dictó decisión por medio de la cual declaró: 1. INADMISIBLE el recurso de apelación ejercido por el abogado José Gilberto Guevara; 2. SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido; 3 CONFIRMA en los términos expuestos la sentencia apelada.

En el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Enrique Mendoza, actuando como apoderado judicial del ciudadano PEDRO ÁNGEL VÁSQUEZ, contra la decisión dictada en fecha 15 de octubre de 2009, que declaró Inadmisibles las pruebas promovidas por la parte recurrente, esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto, y en consecuencia se CONFIRMA en los términos expuestos el auto apelado.

En la demanda por abstención incoada conjuntamente con medida cautelar innominada interpuesta en fecha 21 de abril de 2016, por los abogados Gustavo Grau Fortoul, Miguel Mónaco Gómez y Carlos Gustavo Briceño Moreno, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de la sociedad mercantil TRANSPORTE POLAR C.A., (TRANSPOLAR), contra el INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (INAC) ante la omisión o inactividad en la que presuntamente incurrió el referido instituto, al no ordenar el levantamiento o cese de los efectos de una medida de seguridad y resguardo decretada por dicho Instituto sobre una aeronave de propiedad de la demandante, esta Corte dictó sentencia que declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer de la demanda por abstención interpuesta. 2. INADMISIBLE la demanda por abstención.

En el recurso de hecho interpuesto por el Apoderado Judicial del ciudadano EUSTOQUIO RAFAEL MARÍN PRADO, contra el JUZGADO SUPERIOR QUINTO AGRARIO Y CIVIL (BIENES) DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS CON COMPETENCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN SUR-ORIENTAL, en virtud de la negativa de dicho Órgano Jurisdiccional de oír el recurso de apelación ejercido en fecha 9 de enero de 2012, contra la sentencia dictada por el referido Juzgado Superior en fecha 22 de septiembre de 2011, recaída en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el referido ciudadano contra la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA DEL ESTADO MONAGAS. Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de hecho ejercido. 2.- El DECAIMIENTO DEL OBJETO en el recurso de hecho interpuesto.

En el recurso de apelación interpuesto por la Representación judicial de la parte recurrente conta el auto emitido por el Juzgado de Sustanciación en fecha 3 de junio de 2015 que declaró Inadmisible la oposición a la medida de ocupación urgencia interpuesta por el Apoderado Judicial de los ciudadanos JAIR CASTAÑEDA, RODOLFO CASTAÑEDA y JOSÉ CASTAÑEDA, acordada en la Resolución 023 dictada por el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta; 2. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto; 3. CONFIRMA la decisión de fecha 3 de junio de 2015, dictada por el Juzgado de Sustanciación de este Órgano Jurisdiccional.

En el recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo constitucional y subsidiariamente medida cautelar de suspensión de efectos por el abogado Gonzalo Salima Hernández, actuando como apoderado judicial de la sociedad mercantil SERCOTEL, C.A; contra la Resolución Nº SPPLC/007-2005 de fecha 24 de febrero de 2005, dictado por la SUPERINTENDENCIA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA (PROCOMPETENCIA)., esta Corte dictó decisión por medio de la cual declaró: ORDENA notificar a la sociedad mercantil SERCOTEL, C.A., para que dentro del lapso de diez (10) días de despacho, contados a partir de que conste en el expediente la notificación, manifieste su interés en que se admita el presente recurso de nulidad.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido por la ciudadana Margarita Vilatimó Rivero, en su carácter de Directora del Registro de Propiedad Industrial del SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), asistida por la Abogada Mariangel Seijas, contra la sentencia dictada en fecha 21 de octubre de 2009, por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. 2. CON LUGAR la apelación interpuesta. 3. REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 21 de octubre de 2009. 4. INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta.