Se dictó y publicó decisión mediante la cual se declaró: 1.-INADMISIBLE la reconvención interpuesta y 2.-ORDENA remitir al expediente a la CSCA a los fines de su respectivo pronunciamiento.

En fecha 5 de octubre de 2016, se dictó auto mediante el cual se acordó pasar el presente expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, a los fines de que dicte la decisión correspondiente.

Esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Manuel Assad Brito, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana CARINA ENRIQUEZ HERNÁNDEZ contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 29 de septiembre de 2015, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. Conociendo en consulta de Ley, CONFIRMA la sentencia dictada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 23 de julio de 2013.

Esta Corte declaró: 1.- COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto; 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta; y 3.- CONFIRMÓ la sentencia apelada.

Esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido el 29 de abril de 2012, por la abogada Zayed García González actuando como Representante Judicial de la Procuraduría General del estado Anzoátegui contra la sentencia de fecha 27 de enero de 2003, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental, que declaró Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la Abogada Gayd Maza Delgado, actuando como Apoderada judicial de la ciudadana MARITZA GUANARE DE GAMBOA, contra el ESTADO ANZOÁTEGUI, por Órgano de su Gobernación. SIN LUGAR la apelación interpuesta. CONFIRMA el fallo apelado.

Esta Corte solicitó tanto a la ciudadana Haydee Millán De Scalía, como a la Universidad de Oriente (UDO), e igualmente, a la Directora de la Inspectoría Nacional y Otros Asuntos Colectivos de Trabajo (sector público) del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social Trabajo, para que en un lapso de diez (10) días de despacho más cinco (5) días continuos como término de la distancia, contados a partir de que conste en autos sus respectivas notificaciones, consignen documento o información relativa a la validez o no de la I Convención Colectiva de Trabajo UDO-ASPUDO 2007-2010.

Esta Corte ORDENÓ la notificación de la parte demandante de conformidad con lo dispuesto en el artículo 601 del Código de Procedimiento Civil, concatenado con el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que en un plazo máximo de diez (10) días de despacho, contados a partir de que conste en autos el recibo de su notificación, amplié las pruebas aportadas con el libelo de demanda que permitan claramente verificar a esta Corte sobre los gastos de mantenimiento que le ocasionan las unidades de transporte colectivo objeto del contrato cuya nulidad se solicita; por otra parte deberá informar en qué estado o condiciones se encuentran las unidades de transporte objeto de la presente controversia, señalar dónde se encuentran ubicadas, quién tiene la posesión actualmente de dichas unidades de transporte y por último, suministre cualquier otra información o documentación que considere a bien anexar a los fines de la mejor resolución del asunto.

Esta Corte ratificó SU COMPETENCIA para conocer de la "reclamación frente a las vías de hecho en que ha incurrido el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (¿) del Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura", interpuesta conjuntamente con medida cautelar innominada, por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil VACORP PUBLICIDAD, C.A., contra el hoy INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE; y declaró PARCIALMENTE CON LUGAR la acción intentada; en consecuencia, se ordenó al Instituto demandado devolver a la empresa accionante la valla o estructura publicitaria que se encontraba ubicada en la Autop. Francisco Fajardo bifurcación hacia El Llanito, Av. San Francisco con Av. Principal de Macaracuay, La California Sur, previa cancelación por parte de la sociedad mercantil accionante del resarcimiento que se determine por los gastos en que hubiere incurrido la Adm. Pública por la desinstalación de la aludida valla.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer de la consulta de Ley de la sentencia de fecha 14 de noviembre de 2014, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas. 2. PROCEDENTE la consulta de ley planteada. 3. Conociendo en consulta se CONFIRMA con las precisiones señaladas en la motiva del presente fallo la sentencia dictada por el Juzgado a quo en fecha 14 de noviembre de 2014.

Esta Corte dictó auto para mejor proveer a los fines de solicitar copias certificadas del escrito libelar y sus anexos, las cuales deberán ser remitidas a este Órgano Colegiado en el lapso de cinco (5) días de despacho, más dos (2) días continuos concedidos como término de distancia, contados a partir que conste en autos su notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.