Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró DESISTIDO el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido por la abogada Milagros Mago Franco, antes identificada, en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil VENEVALORES CASA DE BOLSA, C.A., contra el Acto Administrativo contenido en la contenido en la Resolución Nº 046 de fecha 2 de marzo de 2011 emanado de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES.

Por las razones antes expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el día 28 de septiembre de 2007, por la abogada Ana Verónica Salazar, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano JHON CARLOS CARRUYO SEGURA, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 24 del mismo mes y año, la cual declaró desistido el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS PLAZA Y ZAMORA DEL ESTADO MIRANDA 2. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3. En consecuencia, se declara FIRME la sentencia apelada.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del ciudadano JOSÉ ANTONIO ARIAS contra la sentencia dictada en fecha 12 de agosto de 2010, por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por la actora contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO OBISPO DEL ESTADO BARINAS. 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta. 3.- ANULA la sentencia. 4.- PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, en consecuencia: 4.1.- ORDENA pagar al recurrente los conceptos laborales reclamados.4.2.- NIEGA lo solicitado por el recurrente en cuanto al pago del preaviso, indemnización por despido y beneficio de alimentación. 5.- Por tanto, se ORDENA la realización de una experticia complementaria del presente fallo.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró que: NO HAY MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR, debido a que ya dictó decisión mediante la cual resolvió la acción interpuesta, resultando procedente ORDENAR QUE SE ANEXE el presente expediente AP42-G-2011-000098 (en consecuencia, su cierre informático) a la causa signada con el Nº AP42-G-2011-000084, y se acumule informáticamente con dicha causa.

Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer de la apelación ejercida en fecha 13 de julio de 2011 por el abogado Manuel Enrique Reyes Peña, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano ÁLVARO RAFAEL SOLEDAD MERCHÁN, contra la sentencia interlocutoria de fecha 27 de junio de 2011, dictada por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en la cual se declaró improcedente el amparo cautelar solicitado, en el marco del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 012392 de fecha 30 de septiembre de 2009, emanada del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA. 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta. 3.- CONFIRMA el fallo apelado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación ejercido en fecha 3 de mayo de 2010, por la abogada Lenis Villalobos Ochoa, actuando en su carácter de sustituta del Procurador General del estado Zulia contra la sentencia dictada por el referido Juzgado Superior en fecha 3 de febrero de 2011, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano ROGER DARÍO CHACÍN MORA contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA. 2.- DESISTIDA la apelación ejercida. 3.- Conociendo en consulta CONFIRMA la sentencia de fecha 3 de febrero de 2011, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia sometida a consulta.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- EXTINGUIDA LA ACCIÓN por la PÉRDIDA DEL INTERÉS en el recurso de apelación interpuesto por los Abogados Emilio González Russo y Lissel Graff Viloria, actuando en su carácter de apoderados judiciales del Municipio José Rafael Revenga del estado Aragua, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Central en fecha 22 de marzo de 2002, mediante la cual declaró PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto por las abogadas Miriam Josefina Sanoja Ojeda, Judith Bront y Jacqueline García González, actuando en su carácter de apoderadas judiciales del ciudadano MARIO ROCCO BUFFONE LÓPEZ, titular de la cédula de identidad Nro. 11.178.857, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO JOSÉ RAFAEL REVENGA DEL ESTADO ARAGUA.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar de suspensión de efectos interpuesto por el abogado Edgar N. Becerra Torres, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 82.188, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil DEPÓSITO MÉRIDA, C.A., contra la providencia administrativa Nº 177 de fecha 23 de diciembre de 2008, emanada del INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS).

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.-NO ACEPTA la competencia que le fue declinada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, en fecha 30 de junio de 2003. 2.-PLANTEA EL CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA, para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con amparo cautelar interpuesto por el abogado Omar José Sánchez Rodríguez, actuando con el carácter de apoderado judicial de la empresa SADEVEN INDUSTRIAS C.A., contra la Providencia Administrativa Nº 01-197 de fecha 27 de diciembre de 2001, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO ANZOÁTEGUI. 3.-ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de que resuelva el conflicto de competencia suscitado en el presente caso.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada el abogado Jorge Tadeo Luciani Gutiérrez,actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano AUGUSTO PÉREZ GÓMEZquién es Director-Presidente y Accionista del cincuenta por ciento (50%) del capital social de la sociedad mercantil ASTRA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, S.A.,así como del ciudadano RANDOLPH ANTHONY MORRISON BASALO quién es Director-Vicepresidente de la prenombrada sociedad mercantil y único accionista de PEARLITE, S.A.,contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 061 de fecha 30 de diciembre de 2010, publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.597 de fecha 19 de enero de 2011 emanado de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES.