Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer el presente recurso de apelación interpuesto el 7 de mayo de 2017 por el abogado Juan Luis González Taguaruco, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana ANARGI LORENMAR ARAQUE GUILLÉN; contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- Se CONFIRMA el fallo dictado por el Iudex a quo el 22 de febrero de 2017.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró Su COMPETENCIA para conocer de la demanda por abstención o carencia interpuesta los ciudadanos AISYEN KEITH DE ALCALA Y PEDRO ANTONIO ALCALA SANDOVAL, asistidos por el abogado Rubén Darío Morante Hernández, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HABITAT Y VIVIENDA. ADMITIÓ la misma, ordenó APLICAR el procedimiento breve contemplado en los artículos 65 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.Se ORDENÓ citar al Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, para que comparezca a informar en un lapso de cinco (5) días de despacho, contados a partir de que conste en autos su citación, Se ORDENÓ la notificación al ciudadano Procurador General de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a fin que consigne opinión sobre el presente caso, y a la Fiscalía General de la República.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- CONSUMADA LA PERENCIÓN Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar innominada por el abogado Orlando Pacheco Padrón, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 41.699, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil GRUPO EUROVEN, C.A., contra la providencia administrativa N° CNC-PE-07/765, emanada de la COMISIÓN NACIONAL DE CASINOS, SALAS DE BINGO Y MÁQUINAS TRAGANÍQUELES, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267, ordinal 1 del Código de Procedimiento Civil.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1.- ORDENÓ notificar a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que, una vez conste en autos el recibo de su notificación debidamente practicada, en un lapso de veinte (20) días de despacho, remita a esta Corte la información relativa al estado en que se encuentra la ejecución voluntaria de la sentencia Nº 2013-1952 dictada por esta Corte en fecha 7 de octubre de 2013, 2.- Se ORDENÓ a la Secretaría de este Órgano Jurisdiccional, que se anexe a la referida notificación de la demandante, entre otros, copias certificadas de las sentencias antes señaladas. 3.- Se ORDENÓ notificar a la ciudadana JOSEFINA GROSSO DE VILLEGAS.

Declara:Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la representación judicial del INSTITUTO AUTÓNOMO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE, contra el fallo dictado en fecha 2/3/2017 por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con medida de amparo cautelar por la representación judicial de la ciudadana VANESSA CEDEÑO. CON LUGAR el recurso de apelación. REVOCA el fallo apelado. PARCIALMENTE CON LUGAR la querella funcionarial interpuesta. VÁLIDO el acto administrativo impugnado. ORDENA cancelar a la ciudadana Vanessa De Jesús Cedeño Suárez, los salarios dejados de percibir desde la efectiva notificación de su destitución esto es el 23/5/2016 hasta el 31/3/2018, fecha en la cual fenece la protección post natal así como, la inclusión de la referida ciudadana y de su niña en el seguro médico hasta la culminación del fuero.....

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaro: 1.- ORDENÓ notificar a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), de conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, para que, una vez conste en autos el recibo de su notificación debidamente practicada, en un lapso de diez (10) días de despacho, remita a esta Corte la información relativa al estado en que se encuentra la ejecución voluntaria de la decisión N° 2002-856 de fecha 18 de abril de 2002. 2.- Se ORDENÓ a la Secretaría de este Órgano Jurisdiccional, que anexe a la referida notificación, entre otros, copia certificada de las sentencias N° 2002-856 de fecha 18 de abril de 2002, así como su ampliación Nº 2003-1539 de fecha 15 de mayo de 2003, de igual manera se le ordenó practicar la notificación de la parte demandante la ciudadana Nidia Pérez de Pulido.

Se dictó decisión mediante la cual esta CSCA declaró 1.- SU COMPETENCIA para conocer la inhibición formulada en fecha 21 de noviembre de 2017 por el abogado ÁNGEL VARGAS RODRÍGUEZ, actuando en su condición de Juez Provisorio del Juzgado Superior Segundo en lo Civil y de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en la acción de amparo constitucional interpuesto por el ciudadano RONALDO ESPINOZA contra la ESCUELA DE MÚSICA PABLO CASTELLANOS del estado Vargas, adscrita al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA. 2.- CON LUGAR la inhibición planteada por el abogado ÁNGEL VARGAS RODRÍGUEZ, actuando en su condición de Juez Provisorio del Juzgado Superior Segundo en lo Civil y de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 21 de noviembre de 2017 . 3.- SE ORDENA NOTIFICAR de la presente decisión, dentro del lapso de veinticuatro (24) horas siguientes a la publicación del presente fallo.

Se dictó decisión mediante la cual esta CSCA salva las omisiones y rectificar el error material, de la sentencia N° 2017-868 dictada por esta Corte el 22 de noviembre 2017, toda vez que, donde se lee "[¿] del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con acción de amparo cautelar por las ciudadanas MERY FUENTES, TAHIS QUERO y NANCY GONZÁLEZ, titulares de las cédulas de identidad Nros. 4.865.384, 10.321.235 y 12.338.419, respectivamente [¿]" debiendo leerse de la siguiente manera: "[¿] del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con acción de amparo cautelar por las ciudadanas NERY FUENTES, THAIS QUERO y NANCY GONZÁLEZ, titulares de las cédulas de identidad Nros. 4.862.394, 10.521.235 y 12.338.479, respectivamente [¿]", quedando subsanado de esta manera el error antes señalado.

Esta Corte dictó decisión a través de la cual declaró su competencia para conocer de la apelación interpuesta el apoderado judicial de la parte demandada contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo del estado Monagas, con Competencia en el estado Delta Amacuro en fecha 8 de junio de 2017, que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LÓPEZ AGÜERO (CONSERLA), contra la sociedad mercantil Aguas de Monagas, C.A. DESISTIDO el recurso de apelación. PROCEDENTE la consulta prevista en el artículo 84 del Decreto Nº 6.286, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en consecuencia, se CONFIRMÓ el referido fallo.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual ordenó oficiar al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (C.P.N.B.) y al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, para que dentro del lapso de cinco (5) días de despacho, contados a partir de la fecha en que conste en el expediente el recibo de las notificaciones respectivas, a los fines de dar cumplimiento a lo ordenado en la referida decisión.