Se dictó y publicó decisión mediante la cual se providenció sobre el escrito de pruebas promovidas por el apoderado judicial de la sociedad mercantil Industrias Improcon, C.A., admitiendo las documentales y se advirtió que es criterio reiterado de la jurisprudencia el hecho que la solicitud de apreciación de lo que consta en autos, no constituye per se medio de prueba alguno, razón por al cual corresponde a la Corte Segunda de lo Conteciooso Administartivo la valoración de los autos que conforman el proceso.

Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación anuló el auto dictado en fecha 01 de febrero de 2011 y repuso la causa al estado de pronunciarse en relación a la diligencia suscrita en fecha 25 de enero de 2011, por el abogado Nelson González D., actuando con el carácter de representante judicial de la sociedad mercantil Electrificación del Caroní, C.A.

Auto mediante el cual se ordenó la notificación de los ciudadanos Procuradora General de la República, Fiscal General de la República, Superintendente de la Sudeban y Antonio Chacón, a los fines de la continucación de la causa.

Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación ordenó notificar a la ciudadana Procuradora General de la República y a los ciudadanos Presidentes de las sociedades mercantiles Seguros Caroní, C.A. y Karoma, C.A.

Auto mediante el cual se ordenó la notificación de los ciudadanos Fiscal General de la República, Procuradora General de la República y Gerente de Determinación de Responsabilidades de la Unidad de Auditoria Interna de Fogade, a los fines de la continuación del proceso.

Auto mediante el cual se ordenó la notificación de la ciudadana Procuradora General de la República y citación de la Asociación Cooperativa Cotrap 708 R.L. y sociedad mercantil Seguros Premier, C.A., a los fines de la contestación de la demanda.

Auto mediante el cual se ordenó la notificación de los ciudadanos Fiscal General de la República, Procuradora General de la República, Presidente del Indepabis y Carlos Lares, a los fines de la continuación del proceso.

La Corte dictó decisión mediante la cual declaró INADMISIBLE la demanda por indemnización por daños y perjuicios derivados de siniestro eléctrico interpuesta por el abogado Omar Eulises Arévalo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 37.076, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana MARÍA DE JESÚS DEL CARMEN MONCADA GIL, titular de la cédula de identidad Nº 4.953.430, contra la entonces sociedad mercantil ELECTRICIDAD DE LOS ANDES COMPAÑÍA ANÓNIMA (CADELA), hoy fusionada en virtud del Decreto Nº 4.492 de fecha 15 de mayo de 2006, dictado por el Ejecutivo Nacional, y publicado en Gaceta Oficial Nº 38.441 de fecha 22 de mayo de 2006, a la sociedad mercantil C.A. DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO ELÉCTRICO (CADAFE), de conformidad con el artículo 35.5 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y en concordancia con el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil.

La Corte declaró Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el abogado Gustavo Pinto, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 25.663, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano EDUARD EMIL ISTÚRIZ BLANCO, titular de la cédula de identidad Nº 12.683.461, contra la decisión dictada el 9 de enero de 2008, por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO ACEVEDO DEL ESTADO MIRANDA; 2. DESISTIDO el mencionado recurso de apelación, en consecuencia, declara FIRME el fallo apelado.

La Corte dictó decisión mediante la cual declaró QUE ES COMPETENTE para conocer de la consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 29 de octubre de 2010, mediante el cual se declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial por los abogados Ronald Golding Monteverde, Miriam Noria Guzmán y Karina Querales Rodríguez, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana MARLENE GÓMEZ DE MUÑOZ, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN. Conociendo de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto Nº 6.286, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, CONFIRMA la decisión dictada en fecha 29 de octubre de 2010 por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital.