La Corte declaró QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación del fallo dictado por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 16 de octubre de 2007, mediante el cual declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Manuel Assad Brito, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano OMAR ORTA, titular de la cédula de identidad N° 1.108,578, contra la República Bolivariana de Venezuela por órgano del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO (hoy Ministerio del Poder Popular para la Salud). CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por el apoderado judicial de la parte querellante. REVOCA la sentencia de fecha 16 de octubre de 2007, dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital. ORDENA la remisión del expediente al Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso

La Corte declaró QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 1º de noviembre de 2010, por el abogado Guillermo Rafael Cabrera Hernández, actuando con el carácter de apoderado judicial de la SOCIEDAD CIVIL CENTRO DOCENTE CARDIOLÓGICO BOLIVARIANO DE ARAGUA, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Central, en fecha 29 de octubre de 2010. SIN LUGAR la apelación incoada. CONFIRMA con las modificaciones expuestas, la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Central, en fecha 29 de octubre de 2010, quedando sin efecto la condenatoria en costas ordenada a la parte accionada.

La Corte declaró Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la abogada Magaly Alberti Vázquez, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil Fondo de Bienes de Venezuela, C.A. contra la sentencia dictada en fecha 3 de febrero de 2011, por el Juzgado de Sustanciación de este Órgano Jurisdiccional que declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo de nulidad incoado por la actora contra la decisión de fecha 25 de julio de 2008, emanada del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), hoy Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS); SIN LUGAR la apelación interpuesta; CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado de Sustanciación de esta Corte, el 3 de febrero de 2011, que declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo de nulidad.

La Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, que el día 14 de diciembre de 2010, el Juzgado de Sustanciación libró el cartel de emplazamiento al que se refiere el artículo 21 aparte 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (aplicable ratione temporis), el cual no fue retirado en el lapso previsto para ello por la recurrente en la presente causa, por lo que en aplicación del criterio antes señalado, debe declararse el desistimiento en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto.

Se declara Sin Lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con medida cautelar de amparo constitucional interpuesto por los abogados Rafael Chavero Gazdik y Marianella Villegas Salazar, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil ALIMENTOS HEINZ C.A, ya antes identificada, contra el acto administrativo contenido en el acta de Inspección Nº FC-000259 de fecha 21 de febrero de 2008, emanado del INSTITUTO PARA LA DEFENSA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO DEL ESTADO CARABOBO. En consecuencia, se RATIFICA el acto administrativo impugnado, y se modifica el monto de la sanción impuesta a la empresa accionante a cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T).

La Corte declara QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta contra el fallo de fecha 23 de septiembre de 2009, emanado del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital mediante el cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el apoderado judicial de la IVONNE CASTRO ENCISO, contra el SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT). SIN LUGAR la apelación ejercida. CONFIRMA el fallo apelado.

La Corte declaró Que es competente para conocer de la apelación ejercida. SIN LUGAR la apelación ejercida. Se CONFIRMÓ el fallo apelado.

La Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo dictó decisión mediante la cual se declaró SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos, por los abogados Gonzalo Rodríguez Matos, Gustavo Grau Fortoul, Miguel Mónaco Gómez y Daniel Leza Betz, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 33.668, 35.522, 58.461 y 81.691, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil DIAGEO VENEZUELA, C.A., contra la Resolución N° SPPLC/ 0027-2004 de fecha 28 de abril de 2004, dictada por la SUPERINTENDENCIA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA. En consecuencia Se CONFIRMA el acto impugnado en los términos expuestos. Se CONFIRMA la sanción de multa impuesta a la sociedad mercantil DIAGEO VENEZUELA, C.A.,

La Corte declara Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la Síndica Procuradora Municipal del Municipio Independencia del Estado Miranda, contra el fallo de fecha 20 de octubre de 2005, dictado por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano PEDRO JOSÉ ÁLVAREZ SANTAELLA, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO INDEPENDENCIA DEL ESTADO MIRANDA. CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. REVOCA el fallo dictado por el a quo. CADUCA la reclamación judicial con respecto al acto que removió al funcionario. Se ORDENA los trámites de las correspondientes gestiones reubicatorias.

La Corte declaró Que RATIFICA la decisión del Juzgado de Sustanciación de fecha 9 de noviembre de 2010 mediante la cual declaró que esta Corte es INCOMPETENTE para conocer de la demanda de intimación de honorarios profesionales interpuesta por JESUS ALFONSO MONTES DE OCA NUÑEZ y NUMA POMPEYO MONTE DE OCA NUÑEZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social bajo los Nros. 15.871 y 59.134, respectivamente, actuando en su propio nombre y representación contra MUNICIPIO SIMÓN BOLIVAR DEL ESTADO ANZOATEGUI; ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que se pronuncie con respecto a la regulación de competencia interpuesta en fecha 16 de noviembre de 2010, por los abogados Jesús Alfonso Montes de Oca Nuñez y Numa Pompeyo Monte de Oca Nuñez, inscritos en el Instituto de Previsión Social bajo los Nros. 15.871 y 59.134, respectivamente.