Esta Corte en aras de garantizar el principio de verdad material, y con la finalidad de cumplir con su labor jurisdiccional al momento de emitir su decisión, con base en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, estimó necesario notificar tanto a la ciudadana Yadira Patricia González, antes identificada, como a la Universidad de Oriente (U.D.O.), e igualmente, a la Directora de la Inspectoría Nacional y Otros Asuntos Colectivos de Trabajo (sector público) del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social Trabajo, para que en un lapso de diez (10) días de despacho, más cinco (5) días continuos como término de la distancia, contados a partir de que conste en autos sus respectivas notificaciones, consignen documento o información relativa a la validez o no de la I Convención Colectiva de Trabajo UDO-ASPUDO 2007-2010.

Esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana ROSA MIRELLA MELÉNDEZ DE AGÜIN, debidamente asistida por el abogado Rafael Aguin Rojas, contra el acto administrativo de ascenso a "profesora asociada", notificada el 27 de noviembre de 2001, mediante oficio Nº CU-485 de fecha 5 de noviembre de 2001, emanado del CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO; Se ORDENA la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de este Órgano Jurisdiccional, con la finalidad que se pronuncie sobre la admisión de la presente causa, y de ser admitida la misma, se continúe procedimiento correspondiente.

Esta Corte declaró ACEPTA LA COMPETENCIA declinada mediante decisión dictada por el Tribunal Superior Marítimo con Competencia Nacional en fecha 20 de abril de 2017, que declaró sin lugar el recurso de regulación de competencia incoado por la parte demandante en fecha 31 de marzo de 2017 y, confirmó la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia Marítimo con Competencia Nacional el 30 de marzo de 2017, que declaró su incompetencia en razón de la materia para conocer la demanda de nulidad interpuesta por el ciudadano RÓMULO LARES SÁNCHEZ, debidamente asistido por el abogado Roberto Hung Cavalieri, contra el INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL, que declaró el abandono de la aeronave propiedad del referido ciudadano, identificada con la matrícula YV309P; y ORDENA la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines legales consiguientes.

Esta Corte se declaró COMPETENTE para conocer la causa; SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia se CONFIRMA el fallo apelado.

Esta corte declara: Su COMPETENCIA para conocer de la apelación ejercida por la abogada Luisana Violeta Cabello Angulo, actuando con el carácter sustituta del Procurador General del estado Monagas, contra el auto dictado en fecha 21 de junio de 2017, por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con competencia en el estado Delta Amacuro, mediante el cual se pronunció sobre las pruebas promovidas por la parte recurrente, en el marco del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano MAURO JOSÉ CAMPOS ISLANDA, asistido por la abogada Emily Delgado, contra la EL ESTADO MONAGAS; CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto; REVOCA PARCIALMENTE el auto apelado conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente fallo; PROCEDENTE la oposición planteada, en consecuencia: INADMISIBLE la prueba de informes promovida por la parte actora mediante el escrito presentado en fecha 21 junio de 2017.

Esta Corte declaró: IMPROCEDENTE la perención de la instancia alegada por la parte demandada en la audiencia preliminar celebrada en fecha 13 de julio de 2016, en el marco de la demanda de contenido patrimonial interpuesta conjuntamente con medida de prohibición de enajenar y gravar por la abogada Heidy Madelaine Sánchez Delgado, actuando con el carácter de apoderada judicial de LA FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE), contra la sociedad mercantil ZUMA SEGUROS, C.A.; y ORDENÓ remitir el presente expediente al Juzgado de Sustanciación para que continúe con la sustanciación de la presente causa.

Esta Corte declara: SIN LUGAR la demanda de nulidad interpuesta por las abogadas Marisol Briceño Febres Cordero, y Haidy Fernández Manuit, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la sociedad mercantil HAVANA CLUB HOLDING S.A., contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 451 de fecha 2 de noviembre de 2015, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 559 de fecha 5 de noviembre de 2015, dictado por la DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), que "...denegó de oficio la solicitud marcaria Nº 2014-018120, para la solicitud de marca HAVANA CLUB ESSENCE OF CUBA, en clase 33 del Clasificador Internacional de Niza..."; 2.- CONFIRMA el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 451 dictada por el Registrador de la Propiedad Industrial el 2 de noviembre de 2015. Asimismo, se deja constancia del voto salvado formulado por el Juez Victor Díaz.

Esta Corte ORDENA notificar al Director del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, a los fines que remita a este Órgano Colegiado copia certificada del expediente disciplinario del querellante, dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes, contados a partir de la fecha en que conste en autos el recibo de su notificación, informándole que la omisión o retardo de la remisión de dicha documentación, podrá ser sancionada con multa entre cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) y cien unidades tributarias (100 U.T.) conforme con lo establecido en el artículo 79 de la aludida Ley.

Esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta en fecha 18 de octubre de 2016, por el ciudadano KELVIS JOHAN GALINDO, asistido por el abogado Pedro Moya, contra el auto emanado del Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 13 de octubre de 2016, mediante el cual negó la solicitud de indexación realizada por la parte apelante en fecha 6 de octubre de 2016, en el marco del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO ZAMORA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA; 2.-CON LUGAR el recurso de apelación incoado; 3- Se REVOCÓ el referido auto; y 4.-Se ORDENÓ el cálculo de la indexación de las cantidades adeudadas.

Esta Corte ACEPTA LA COMPETENCIA que le fue declinada por el Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental en fecha 15 de noviembre de 2016, para conocer de la demanda de nulidad interpuesta por la ciudadana NOIRIS MARÍA ÁLVAREZ QUINTERO, de nacionalidad colombiana, con domicilio en el Municipio Bolívar del estado Táchira, asistida por la abogada Brigitte Marley Quintero Pinilla, contra los actos administrativos Nos. T-2513 y T-1236 de fechas 16 de mayo de 2012 y 10 de julio de 2014, respectivamente, emanados de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores; y ORDENA la remisión del expediente a la Secretaria de este Órgano