Esta Corte declara: 1.- SU COMPETENCIA para conocer de la consulta de Ley con motivo de la decisión dictada en fecha 20 de mayo de 2011 por el Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los abogados José Raúl Villamizar y Alí Josefina Palacios García, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana FRANCIS DEL VALLE MEDRANO, contra el INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA. 2.- Conociendo de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, CONFIRMA el fallo dictado en fecha 20 de mayo de 2011 por el Juzgado Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital.

Se declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida por la abogada Aiveh Vargas Cedeño, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana NORIS TRINIDAD MACUARE, contra el auto dictado por el Juzgado Superior Decimo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 9 marzo de 2011, mediante el cual emitió pronunciamiento referente a las pruebas promovidas por las partes; 2.- PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto; 3.- CONFIRMA el auto apelado en lo que respecta a subsunción como merito favorable de los autos de las pruebas ´1´, ´2´, ´3´, ´4´, ´5´, ´6´, ´7´, ´10´, ´11´ y ´12´ del Capítulo I contenido en el escrito de promoción de pruebas presentado por la parte actora. 4.- REVOCA el auto de admisión de pruebas en lo atinente a la valoración de la prueba documental promovida como parte del principio del principio iura novit curia y, en consecuencia, ADMITE dicha prueba, salvo su apreciación en la definitiva.

Esta Corte declara: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto el día 4 de noviembre de 1999 por la abogada Marilena Guanipa Acosta, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 29.791, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano GERMÁN JOSÉ MARCANO GUILLÉN, titular de la cédula de identidad número 2.668.816, contra la decisión dictada por el Tribunal de Carrera Administrativa en fecha 27 de septiembre de 1999, la cual declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado contra la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN) hoy SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO. 2.- SIN LUGAR la apelación ejercida. 3.- CONFIRMA la sentencia dictada por el Tribunal de Carrera Administrativa, de fecha 27 de septiembre de 1999.

Por las razones antes expuestas esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- la NULIDAD de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación a la apelación. 2.- Se REPONE la causa al estado de iniciar el lapso de contestación a la fundamentación de la apelación, contado a partir de que conste en actas la última de las notificaciones de las partes y, por consiguiente, la continuación del procedimiento de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto el 20 de enero 2011 por la abogada Miriam Omaira Pineda de Fariñas, en su condición de representante judicial de la Fiscalía General de la República, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital el 9 de julio de 2008, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Igor David Martínez, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano JESÚS ENRIQUE BRICEÑO BECERRA, contra el acto administrativo contenido en la resolución Nº 416 de fecha 12 de abril de 2010, dictada por el MINISTERIO PÚBLICO. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- Se CONFIRMA el fallo apelado.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto por el abogado Roberto Hung Cavalieri, actuando con el carácter de delegatario de la Procuraduría General de la República, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 28 de mayo de 2010, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano ARMANDO PÉREZ, contra la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y PREVENCIÓN (DISIP) hoy SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA (SEBIN). 2- DESISTIDO el recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 3.-. Conociendo en Consulta CONFIRMA en los términos expuestos la decisió.....

Esta Corte declara Que es COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida por la abogada Katiuska Becerra Belisario, actuando con el carácter de apoderado judicial de la Procuraduría General del Estado Aragua, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central en fecha 23 de mayo de 2011, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana BELKIS ARACELIS ORTEGA CELIS, asistida por la abogada Karla González Valera, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO ARAGUA; Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la Gobernación del Estado Aragua y; CONFIRMA en los términos expuestos el fallo proferido por el Juzgado de instancia de fecha 23 de mayo de 2011.

Por las razones antes expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara DESISTIDO el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano José Vicente Ríos Zraiby, portador de la cédula de identidad N° 7.399.669, en su carácter de Presidente de la ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE CONCESIONARIOS DAEWOO (AVECON-DAEWOO) contra la Resolución Nº SPPLC/0028-2003, emanada de la SUPERINTENDENCIA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA.

Esta Corte declaró: 1.- Que NO ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada en fecha 16 de junio de 2011 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, para conocer de la demanda por cumplimiento de contrato y daño moral interpuesta por el ciudadano DIONISIO RAFAEL ESPINOZA, contra la sociedad mercantil C.N.A DE SEGUROS LA PREVISORA; 2.- En consecuencia, ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de que resuelva el conflicto de competencia suscitado en el presente caso.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: 1. DECRETA LA EJECUCIÓN VOLUNTARIA de la sentencia definitiva N° 2002-856, de fecha 18 de abril del año 2002, emanada de la Corte Primera, en la que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto por la parte recurrente, ordenando la reincorporación de la querellante a los fines de que se de cumplimiento a las gestiones reubicatorias y se realicen los trámites necesarios para el otorgamiento del beneficio de su jubilación; e igualmente la decisión Nro. 2003-1539 de fecha 15 de mayo de 2003, mediante la cual el referido órgano Jurisdiccional declaró procedente la solicitud de ampliación realizada por la demandante, y en consecuencia, ordenó el pago de los sueldos dejados de percibir desde la fecha en que se dio el retretiro de nómina de la recurrente, hasta la fecha de su efectiva reincorporación.