La Corte declaró ACEPTA la competencia que le fuera declinada por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito del Área Metropolitana de Caracas en fecha 26 de septiembre de 2008 y, en consecuencia se declara competente para conocer de la demanda ejercida por la ciudadana ANA MARITZA ANDRADE DE CHIRINOS, titular de la cedula de identidad Nro. 3.832.036, asistida por la abogada Olga Sanabria Peña, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 79.837, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por órgano del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN; SE REMITE el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo a los fines de que se pronuncie sobre la admisibilidad de la demanda, con excepción de la competencia ya analizada.

La Corte declaró Que es COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida en fecha 23 de julio de 2003, por la ciudadana Martha Magin, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo número 75.922, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS, contra la sentencia dictada por el referido Juzgado Superior en fecha 16 de julio de 2003, en la cual declaró PARCIALMENTE CON LUGAR la acción interpuesta. SIN LUGAR la apelación interpuesta. CONFIRMA la sentencia apelada en los términos contenidos en el presente fallo.

La Corte declaró SIN LUGAR la "Acción de Tutela de Derechos Constitucionales conjuntamente con Medida Cautelar Innominada", incoada por la sociedad mercantil CIRCUITO RAINBOW, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 14 de marzo de 2001, bajo Número 8, Tomo 17-A-cto., contra las actuaciones materiales o vías de hecho desplegadas por el INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (I.N.T.T.T) adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura, hoy INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia.

La Corte declaró La NULIDAD PARCIAL del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 30 de noviembre de 2010, únicamente en lo relativo al inicio del procedimiento de segunda instancia establecido en el Título IV, Capítulo III, artículo 87 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo. REPONE la causa al estado de que se libren las notificaciones a que hubiera lugar, para que se dé inicio al procedimiento de segunda instancia, supra mencionado

La Corte declara Que es COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta por el abogado Silvio Pérez Vidal, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 2.644, en su carácter de apoderadas judiciales de la ciudadano ZOILA MORET GONZÁLEZ, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región de Los Andes en fecha 27 de junio de 2007, mediante la cual declaró inadmisible in limine litis el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO MÉRIDA. SIN LUGAR la apelación interpuesta. CONFIRMA la sentencia apelada.

Aplicando los argumentos de hecho y de derecho expuesto, contenido en lo establecido en el artículo 56 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y, de una revisión exhaustiva de las actuaciones del expediente judicial que cursa ante este Órgano Jurisdiccional, se observa que la parte actora no dio cumplimiento al requisito de admisibilidad del antejuicio administrativo, requerimiento procesal indispensable a los fines de la interposición de todas aquellas demandas de contenido patrimonial que se pretendan instaurar contra la República, los Estados y los Municipios, y cuyo incumplimiento constituye una causal de inadmisibilidad de la demanda.

La Corte declarar la nulidad parcial del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 25 de noviembre de 2010, únicamente en lo relativo al inicio del procedimiento de segunda instancia establecido en el Título IV, Capítulo III, artículo 87 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo, y en consecuencia, se repone la causa al estado de que se libren las notificaciones a que hubiera lugar, para que se dé inicio a la relación de la causa contemplada en el Titulo IV, Capítulo III, artículo 87 y siguientes de la LOJCA.

La Corte declaró Que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación ejercido el 10 de enero de 2011, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual se declaró improcedente la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por el ciudadano RAFAEL ALEJANDRO DELGADO, asistido por la abogada Efigenia Nuñez Jorge, en el recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar y solicitud de suspensión de efectos, contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES; ANULA PARCIALMENTE el auto dictado en fecha 22 de febrero de 2011, sólo en lo que respecta a la remisión de la causa al Juez ponente, a los fines de que dictara la decisión correspondiente; REPONE la causa al estado de que se realicen las notificaciones a que hubiere lugar para que se inicie el procedimiento de la causa.

La Corte declaró SIN LUGAR el recurso ejercido contra las vías de hecho, por la sociedad mercantil INVERSIONES FULL VISIÓN C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 11 de septiembre de 1996, bajo el Nº 11, Tomo 44., contra el INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (INTTT) (hoy INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (INTT).

La Corte ACEPTÓ LA COMPETENCIA para conocer de la demanda por cumplimiento de contrato, interpuesta por la abogada Celida Zuleta Nery, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 25.786, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil METRO DE MARACAIBO, C.A., (METROMARA), antes identificada, contra las sociedades mercantiles CONSTRUCCIONES DEL ROSARIO, C.A y VENEZOLANA INTERNACIONAL DE FIANZAS C.A. (INTERFIANZAS), plenamente identificadas en el fallo. ORDENÓ la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de que examine las causales de admisibilidad con excepción de la referente a la competencia, la cual ya ha sido analizada por este Órgano Jurisdiccional. Se ordenó notificar y remitir copia de la presente decisión al Juzgado de Origen.