En el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Freddy Mora Bastidas, actuando con el carácter de Apoderado Judicial ESTHER DE NIETO, contra la sentencia de fecha 7 de octubre de 2002 dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de los Andes, que declaró Inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial conjuntamente con solicitud de amparo cautelar contra el Director de la Oficina de Personal y Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Mérida, esta Corte declara: 1.- Su Competencia para conocer el recurso; 2.- Sin Lugar el recurso de apelación; 3.- Confirma el fallo apelado.

En el recurso de apelación interpuesto por el Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil CENTRAL AZUCARERA DE PORTUGUESA, C.A., contra la decisión dictada en fecha 5 de agosto de 2010, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, mediante la cual declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesta, contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº 382-08 de fecha 09 de septiembre de 2008, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL MUNICIPIO ACARIGUA DEL ESTADO PORTUGUESA. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; FIRME el fallo apelado.

En el recurso contencioso administrativo por abstención o carencia interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar por Héctor Reynel Mariani Castaño y Samuel José Martínez Morales, actuando con el carácter de Directores de la ASOCIACIÓN CIVIL MAR Y MAR 2000, debidamente asistidos por el Abogado Pedro Hernández contra la COMISIÓN NACIONAL DE CASINOS, SALAS DE BINGO Y MÁQUINAS TRAGANÍQUELES, esta Corte dictó decisión por medio de la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso contencioso administrativo por abstención o carencia interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar. 2. EXTINGUIDO EL PROCESO POR LA PÉRDIDA DEL INTERÉS en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto.

En la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, del fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central con sede en Maracay Estado Aragua, en fecha 27 de abril de 2009, mediante el cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Donato Viloria, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana LUISA AMELIA PEREIRA, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer de la consulta; REVOCÓ la sentencia consultada. SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 24 de noviembre de 2009 por el Abogado Daniel Buvat, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del ciudadano Fery Molina Figueroa, contra el auto dictado en fecha 21 de septiembre de 2009 por el Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró la perención de la instancia en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el Instituto de Policía Municipal de Chacao, esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1. Su competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto 2. Con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte querellante 3. Revoca el fallo apelado 4. Ordena la remisión del expediente al Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital a fin de que emita pronunciamiento sobre el fondo del presente asunto.

En la consulta del fallo dictado en fecha 9 de noviembre de 2010 por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano Orlando Arturo Tanzi Gámez contra la Gobernación del Estado Apure, esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1. Su competencia para conocer de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 2. Confirma la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas en fecha 9 de noviembre de 2010.

En el recurso de apelación ejercido en fecha 15 de diciembre de 2008, por la Apoderada Judicial de la ciudadana MARÍA CHIQUINQUIRA SUÁREZ SÁNCHEZ, contra la sentencia dictada en fecha 8 de diciembre de 2008, por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró Inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la Representación Judicial de la referida ciudadana contra la ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación ejercido; REVOCÓ por orden público el fallo dictado por el mencionado Juzgado Superior; INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcional interpuesto.

En el recurso de apelación interpuesto por la Apoderada Judicial de la sociedad mercantil CARGOPORT LOGISTICS, C.A, contra la decisión dictada en fecha 14 de diciembre de 2009, por el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, mediante la cual declaró Improcedente el amparo cautelar solicitado en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, contra la Providencia Administrativa Nº USBAD-031-2009, de fecha 27 de julio de 2009, dictada por el INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL), DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES BOLÍVAR, AMAZONAS Y DELTA AMACURO. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto; SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto; CONFIRMÓ el fallo apelado.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 17 de noviembre de 2008, por la Abogada Nancy Laya, actuando con el carácter de sustituta de la Procuradora General de la República, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 22 de julio de 2008, mediante la cual declaró Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la Abogada Teresa Herrera Risquez, actuando con el carácter de Apoderada Judicial del ciudadano FERNANDO RAMÓN CARTAYA contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS FINANZAS, esta Corte dictó decisión por medio de la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto. 2.- HOMOLOGA EL DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN efectuado por la Abogada Teresa Herrera Risquez.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil LESMICAR TRADING, C.A., contra el acto administrativo s/n, de fecha 17 de agosto de 2010, emanado de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), "mediante el cual se NIEGA bajo cambio de Status la solicitud Nº 8552215 de Autorización de Adquisición de Divisas efectuada ante CADIVI (¿) POR BIENES Y SERVICIOS (ALD)¿". Se dictó auto mediante el cual esta Corte declaró: ORDENÓ notificar a la Dirección General de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a los fines de que informe a esta Corte sobre el procedimiento establecido para la legalización de facturas o documentos producidos en el Reino de Tailandia, durante el período comprendido entre el 05 de marzo de 2010 y el 17 de agosto de 2010.