Por las razones anteriormente expuestas esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara DESISTIDA la apelación ejercida por la abogada Judith Nieto Albornoz, actuando con el carácter de apoderada judicial del INSTITUTO AUTÓNOMO ?FONDO PARA EL DESARROLLO AGRARIO DEL ESTADO TÁCHIRA ? (FONDATA), contra la sentencia dictada en fecha 9 de mayo de 2001, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de Los Andes, con sede en el Estado Táchira, la cual declaró con lugar la querella incoada por la abogada Francy Coromoto Becerra Chacón, antes identificada, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana JUANA MARÍA BECERRA CORRALES, antes identificada, contra el referido Instituto.

1.- SIN LUGAR la reposición formulada por el abogado Raúl Arrieta, actuando con el carácter de apoderado judicial del FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN (FOGADE). 2.- ORDENA oficiar al ciudadano Ministro de Finanzas en su condición de Presidente de la Junta de Regulación Financiera, a los fines de que envíe a esta Corte información acerca del cumplimiento de la sentencia dictada por este Órgano jurisdiccional en fecha 02 de mayo de 2001, mediante la cual declaró CON LUGAR el recurso de nulidad ejercido por los abogados José Santiago Nuñez Aristimuño, Federico Leañez Aristimuño y Liliber Quintero Velasco, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana MARÍA CRISTINA COPPOLA DE DI MASE, contra el acto contenido en la Resolución N° 036-1095 dictada el 11 de octubre de 1995 por la JUNTA DE EMERGENCIA FINANCIERA, en la que ordenó la intervención de la sociedad mercantil INVERSIONES NAIGUATÁ, C.A. Tal información deberá ser remitida en un lapso de cinco (5) día.....

La Corte declara que se dió cumplimiento al fallo de fecha 16 de noviembre de 2000.

La Corte revocó el fallo sometido a consulta y, ordena al a quo decidir las medidas cautelares solicitadas.

La Corte se declaró competente para conocer el recurso, lo admite, declara improcedente la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada e igualmente improcedente la solicitud de amparo cautelar solicitada y, ordena la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación para los fines legales consiguientes.

1.- REVOCA el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en la ciudad de Barquisimeto de fecha 28 de febrero de 2001, el cual declaró INADMISIBLE la pretensión de amparo e IMPROCEDENTES la medida cautelar innominada y la suspensión de los efectos del acto impugnado, interpuesta por las abogadas Naila Marín y Martha González, en su carácter de apoderadas judiciales de la ciudadana FRANKLIN JOSE ALVARADO contra LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO TRUJILLO. 2.- ORDENA al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en la ciudad de Barquisimeto, decidir las medidas cautelares solicitadas, de conformidad con lo establecido en la parte motiva del presente fallo.

Por las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por la abogada Rosa Morales Marín, actuando con el carácter de sustituta del Procurador General de la República, contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Carrera Administrativa el 17 de noviembre de 2000, mediante la cual se declaró parcialmente con lugar la querella interpuesta por los abogados William Benshimol R., Jorge H. Benshimol R., Laura R. Benshimol Doza y Nayadeth C. Mogollón Pacheco, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana MARIJOICE C. CAMARILLO DE LEÓN, contra el INSTITUTO NACIONAL DE CANALIZACIONES; sentencia que se CONFIRMA mediante el presente fallo.

La Corte declaró sin lugar la apelación interpuesta y, confirma la sentencia apelada.

La Corte se declaró incompetente para conocer de la querella.

La Corte confirmó la sentencia del a quo.