Se dictó y publicó decisión mediante la cual se proveyó el escrito de pruebas presentado por la representación judicial de la parte demandada de la siguiente manera: 1. En relación al expediente administrativo se advirtió que lo que consta en autos no constituye medio de prueba, sino que esta dirigido al ppo. de comunidad de la prueba y al principio de exhaustividad, por lo que corresponderá a la CSCA su valoración; 2. En relación a las documentales con mérito se admitieron por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes; 3.- En relación a la documental consignada se admitió por no ser manifiestamente ilegal ni impertinente.-

Se dictó y publicó decisión mediante la cual se proveyó sobre la oposición de las pruebas promovidas por la parte demandante de la siguiente manera: En relación al mérito favorable se advirtió que lo que consta en autos no es un medio de prueba sino que está dirigido a la apreciación del ppo. de la comunidad de la prueba y a la invocación del ppo. de exhaustividad en el art.509 del CPC; por lo que corresponderá a la Corte su valoración en la oportunidad de decidir sobre el fondo del asunto debatido. En relación a las documentales 2 y 6, se admitieron por no ser manifiestamente impertinente e ilegal. En relación a la prueba libre audiovisual se desechó la oposición formulada y en consecuencia se admitió la misma. En relación a las testimoniales se admitieron exceptuando la testimonial del ciudadano Jaime Calpe, por haberse declarado procedente la oposición efectuada a la misma.En relación a la pruebas de informes se admitieron. Se ordenó abrir el procedimiento de Tacha.

Se dictó y publicó decisión mediante la cual se proveyó el escrito de pruebas presentado por la representación judicial de la República de la siguiente manera: En relación al mérito favorable de las actas que conforman el expediente administrativo, se advirtió que lo que consta en autos no constituye per se medio de prueba alguno, sino más bien está dirigido a la apreciación del principio de la comunidad de la prueba y a la invocación del principio de exhaustividad previsto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil; por lo que corresponderá a la Corte su valoración en la oportunidad de decidir sobre el fondo del asunto debatido. Así se decide. En segundo lugar, en relación a las documentales consignadas, este Tribunal las admite en cuanto ha lugar en derecho se refiere, salvo su apreciación en la sentencia definitiva.

Se dictó decisión mediante la cual: ADMITE la referida demanda de nulidad interpuesta; Ordena notificar a los ciudadanos FGR, Director del C.I.C.P.C., Presidente del Consejo Disciplinario del C.I.C.P.C. del Dtto. Capital, Ministro del PPP Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como al PGR; ORDENA la notificación de los ciudadanos Miguel A. Rojas Bracamonte, Rogel F. Colina Colina, Yoni Mardenia, Johan José Carmonas Araque y Willian José Carmona Araque, respectivamente, una vez conste en el expediente judicial los antecedentes; ORDENA una vez cumplidas las notificaciones ordenadas, librar el cartel de emplazamiento a los terceros; Ordena solicitar los antecedentes administrativos relacionados con el caso al Presidente del Consejo Disciplinario del C.I.C.P.C. del Distrito Capital ORDENA remitir el expediente a la CSCA, a los fines de la celebración de la Audiencia de Juicio.

Auto mediante el cual se providenció el escrito de pruebas consignado durante la Audiencia de Juicio celebrada el día 11 de junio de 2013, por la abogada Betty Torres Díaz, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 13.047, actuando con el carácter apoderada judicial de la sociedad mercantil Banco Industrial de Venezuela, C.A. en el expediente contentivo de la demanda de nulidad interpuesta por la representación judicial de la mencionada sociedad mercantil contra la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.

Auto mediante el cual se providenció el escrito de pruebas consignado durante la Audiencia de Juicio celebrada el día 11 de junio de 2013, por la abogada Lourdes María Verde Mijares, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 49.546, actuando con el carácter apoderada judicial de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, en el expediente contentivo de la demanda de nulidad interpuesta por la representación judicial de la sociedad mercantil Banco Industrial de Venezuela, C.A., contra la mencionada Superintendencia.

Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación se pronunció en relación a la admisibilidad de la demanda de nulidad ejercida conjuntamente con solicitud de amparo cautelar y medida cautelar nominada en fecha 05 de junio de 2012 por el abogado Carlos Rodolfo Machado del Gallego, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 142.278, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano Raimondo Camporota De Peppo, contra el acto administrativo de negativa registral de fecha 21 de diciembre de 2011, emanado del Registro Público del Tercer Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia.

Auto mediante el cual se providenció el escrito contentivo de la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con amparo cautelar por el Abogado Luís Ernesto Mata, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil CITIBANK, SUCURSAL VENEZUELA, contra la Resolución Nº 009-12, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO.

Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación admitió la presente la demanda de nulidad interpuesta por el ciudadano Wilfredo José Prado Mendoza, asistido por el Abogado Raúl Giménez, contra el acto administrativo de fecha 28 de octubre de 2009, emanado de la Junta Permanente de Evaluación de la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana, asimismo, se ordeno notificar al ciudadano Procurador General de la República, ciudadana Fiscal General de la República y a los ciudadanos Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana y Ministro del Poder Popular para la Defensa.

1.-TEMPESTIVA la solicitud de rectificación y aclaratoria de la sentencia Nº 2013-C-001, de fecha 14 de marzo de 2013. 2.- IMPROCEDENTE la solicitud de aclaratoria sobre el presunto error material en que incurrió esta Corte en su decisión Nº 2013-C-001, de fecha 14 de marzo de 2013, al aceptar el monto establecido por el Banco Central de Venezuela, respecto de la actualización del avalúo realizado en la presente controversia. 3.- TÉNGASE la presente decisión como parte integrante de la sentencia Nº 2013-C-001, dictada por esta Corte en fecha 14 de marzo de 2013.