Por las razones antes expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida por la abogada Carla Silveira , actuando con el carácter de apoderado judicial de la República Bolivariana de Venezuela a través del órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PLANIFICACIÓN Y LAS FINANZAS, contra el auto dictado por el Juzgado de Sustanciación de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en fecha 4 de julio de 2012, mediante el cual emitió pronunciamiento referente a las prueba de exhibición promovida por la parte recurrente; 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto; 3.- CONFIRMA el auto apelado en los términos expuestos.

En recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano CLAUDIO CASILLA MARTÍNEZ, titular de la cédula de identidad N° 3.467.007 actuando en su propio nombre y representación, contra el CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO ZULIA; esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer de la apelación ejercida el 7 de febrero de 2006, por la sustituta del Procurador General del estado Zulia, contra la decisión dictada el 14 de julio de 2005 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso interpuesto, 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto, 3.- PROCEDENTE la consulta de Ley con ocasión a la decisión recurrida y 4.- Conociendo en consulta el fondo del asunto, se REVOCA PARCIALMENTE solo en cuanto a la procedencia de la indexación solicitada, la decisión dictada el 14 de julio de 2005, y deja incólume el resto de dicho fallo.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por las ciudadanas ISABEL YANES, MARÍA ELÍAS, y Otras, titulares de las cédulas de identidad Nros. 5.006.007 y 3.153.741, respectivamente, asistidas por los abogados Juan Moreno y Juan Vegas, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 59.789 y 122.252, respectivamente, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL; esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta por la apoderada judicial de la ciudadana CELESTINA DE JESÚS DE PINTO, titular de la cédula de identidad N° E-1.033.607, contra el auto dictado en fecha 3 de abril de 2012, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital mediante el cual ordenó el archivo del expediente contentivo del caso de autos; 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto; 3.- Se CONFIRMA en los términos expuestos el auto apelado.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: 1.- PROCEDENTE la medida preventiva de embargo solicitada por la representación judicial del MINISTERIO PARA EL PODER POPULAR DE EDUCACIÓN únicamente "[¿] sobre bienes muebles propiedad de la Sociedad Mercantil MASTER OFFICE, C.A. por el doble de la suma demandada, más las costas procesales [¿]", y en consecuencia: 2.- Se DECRETA medida cautelar de embargo preventivo sobre bienes muebles propiedad de la sociedad mercantil MASTER OFFICE, C.A., de conformidad con lo previsto en los artículos 274, 286 y 527 del Código de Procedimiento Civil.

En consecuencia, este Órgano Jurisdiccional con vista al deber de protección de la Procuraduría General de la República, ORDENA notificar a la ciudadana Procuradora General de la República, al Síndico Procurador y el Alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas de la presente causa, la cual se suspenderá por un lapso de treinta (30) días continuos, una vez conste en autos dicha notificación en aplicación del lapso previsto en el artículo 97 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Durante el referido lapso de treinta (30) días continuos la ciudadana Procuradora General de la República o quien actúe en su nombre, deberá manifestar la ratificación de la suspensión o su renuncia respecto del lapso restante, siendo que una vez se tenga por notificada, la presente causa continuará su curso legal.

Por las razones antes expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el día 28 de junio de 2012, por la abogada Morela Torrealba, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 78.762, actuando con el carácter de apodera judicial del ciudadano RAFAEL PAREDES, titular de la cédula de identidad Nº 2.614.602, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 21 de junio de 2012, mediante la cual declaró inadmisible por encontrarse caduco el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO VARGAS. 2. SIN LUGAR la apelación interpuesta. 3.- CONFIRMA la sentencia apelada.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer las apelaciones interpuestas contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, en fecha 30 de abril de 2003, mediante la cual declaró Con Lugar la querella funcionarial incoada por la ciudadana YOLEIDA JOSEFINA GAMBOA, contra la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO ZULIA. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación ejercido por la Contraloría General del Estado Zulia. 3.- CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la Procuraduría General del Estado Zulia. 4.- REVOCA el fallo apelado. 5.- Se declara SIN LUGAR la querella funcionarial interpuesta.

1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto en fecha 19 de octubre de 2007, por la abogada Petra Amelia Carreño, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº. 102.725, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano FERNANDO GERMAN OLIVO RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad Nº 1.564.422, contra la sentencia de fecha 3 de octubre de 2007, proferida por la Corte de Apelaciones en lo Penal, Civil, Mercantil, Tránsito, Menores y Tribunal Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Amazonas de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, la cual declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial ejercido por la mencionada ciudadana contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO AMAZONAS. 2.- SIN LUGAR la apelación ejercida. 3.- Se CONFIRMA la sentencia apelada.

1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, mediante la cual declaró con lugar recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los ciudadanos IRIS DEL CARMEN ROMERO ARAMBULE, JOSÉ ORLANDO URBINA, ORDENER NAVA ESTRADA, FERNANDO JOSÉ MONCADA GONZÁLEZ Y HUGO ALBERTO GONZÁLEZ NAVARRO. 2.- Se REVOCA el fallo apelado por razones de Orden Público. 3.- INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, por haberse configurado una inepta acumulación de pretensiones. 4.- En aras de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa y al debido proceso, se declara que los mencionados ciudadanos DISPONDRÁN de tres (3) meses para impugnar individualmente los actos administrativos que afecten sus derechos e intereses.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 2 agosto de 2007, por el abogado Mac Douglas García Salazar, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 83.027, actuando en su carácter de apoderado judicial del recurrente, contra la sentencia dictada en fecha 18 de septiembre de 2007 por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región de Los Andes, en la cual se declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JORGE LUIS MARÍN BECERRA, titular de la cédula de identidad N° 12.974.311, debidamente asistido por el abogado Uriel Yván Marín Becerra, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 63.399, contra el CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación. 3.- FIRME el fallo.