En el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Andrés Salazar Ruíz, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del ciudadano OSCAR VILLALTA AGRO, contra la sentencia dictada en fecha 24 de octubre de 2007, por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró Consumada la Perención y Extinguida la Instancia del recurso contencioso administrativo de nulidad intentado por el Apoderado Judicial del mencionado ciudadano, contra la Providencia Administrativa Nº 10-03 del 25 de marzo de 2003, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTE DEL ÁREA METROPOLITANA DECARACAS. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; FIRME el fallo apelado.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la Apoderada Judicial de la Sociedad Mercantil DOMÍNGUEZ & CIA, S.A., contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la certificación de discapacidad Nº 217/10 de fecha 27 de julio de 2010, dictado por el INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL) DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES LARA, PORTUGUESA Y YARACUY, mediante el cual certificó la discapacidad total y permanente con limitación para el trabajo al ciudadano Pedro Manuel Quiñones. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: SU INCOMPETENCIA para conocer del presente recurso; DECLINÓ la competencia para conocer del presente recurso al Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que corresponda previa distribución; ORDENÓ la remisión del expediente al Juzgado Distribuidor de los Juzgados Superiores del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar de suspensión de efectos por los Apoderados Judiciales de la Sociedad Mercantil HELM BANK DE VENEZUELA, S.A., BANCO COMERCIAL REGIONAL, y de la ciudadana THAIS LÓPEZ GÓMEZ, contra el acto administrativo signado bajo la nomenclatura SBIF-DSB-II-GGTE-GEE-03606 de fecha 11 de marzo de 2010, dictado por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), hoy SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del presente recurso; IMPROCEDENTE el amparo cautelar solicitado; ORDENÓ remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación; ORDENÓ al Juzgado de Sustanciación abrir cuaderno separado a los fines de la tramitación de la medida cautelar de suspensión de efectos; ORDENÓ al referido Juzgado efectuar las notificaciones necesarias a las partes.

En la declinatoria de competencia efectuada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la región Central con sede en Maracay, estado Aragua, para conocer del recurso por abstención o carencia conjuntamente con Amparo Cautelar, interpuesto por los Apoderados Judiciales de la ciudadana ISMELDA GUERRA REBOLLEDO, contra la abstención en que presuntamente incurrió la ESCUELA DE FORMACIÓN DE OFICIALES TÉCNICOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (EFOTEC), adscrita al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA. Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: ADMITIÓ LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA; ADMITIÓ el presente recurso por abstención o carencia interpuesto; IMPROCEDENTE la acción de amparo cautelar interpuesta; ORDENÓ emplazar al Jefe de la División Académica de la Escuela Técnica Militar Núcleo Aviación; ORDENÓ notificar a la ciudadana Procuradora General de la República.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la Apoderada Judicial de la Sociedad Mercantil ADMINISTRADORA INTEGRAL E.L.B., C.A., contra el acto administrativo s/n de fecha 13 de octubre de 2004, dictado por el INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS). Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: PERIMIDA LA INSTANCIA en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto; ORDENÓ el archivo del expediente.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar de suspensión de efectos por la Apoderada Judicial de los ciudadanos JESÚS ERNESTO REYES PÁEZ y OLGA MARÍA TORCATES, contra la Resolución s/n de fecha 04 de febrero de 2011, dictada por el Sub-Contralor Municipal de la CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO TORRES DEL ESTADO LARA. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer el presente recurso; IMPROCEDENTE el amparo cautelar solicitado; ORDENÓ remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de que se pronuncie acerca de la caducidad y admita de ser procedente la presente causa para que, continúe con el procedimiento; ORDENÓ al Juzgado de Sustanciación abrir cuaderno separado a los fines de la tramitación de la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada; ORDENÓ al Juzgado de Sustanciación efectuar las notificaciones necesarias a las partes.

En el recurso de apelación interpuesto por la Abogada Aurelyn Espinoza Escalona, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la Alcaldía del Municipio Sucre del Estado Bolivariano de Miranda, contra el auto dictado en fecha 08 de Febrero de 2011, por el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante el cual admitió la prueba de informes promovida por el Apoderado Judicial de la parte recurrente, en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana INÉS MARÍA VELIZ, asistida de Abogado, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO SUCRE DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto; DECAIMIENTO DEL OBJETO y EXTINGUIDO EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto.

En el recurso de apelación interpuesto por la sustituta de la Procuradora General de la República, en nombre del ente recurrido, contra la sentencia dictada en fecha 11 de enero de 2011, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, que declaró Parcialmente Con Lugar, el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, por el Abogado Stalin Rodríguez, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana MILAGRO DEL PILAR ISEA FLORES, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; CONFIRMA, el fallo apelado, por efecto de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

En el recurso de apelación interpuesto por la Abogada Rosa García, actuando con el carácter de Apoderada Judicial del INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE MARACAIBO (IUTM), contra la sentencia dictada en fecha 09 de marzo de 2010, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, mediante la cual declaró Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano RONIXIO CASTELLANO, debidamente asistido por el Abogado Gabriel Puche, contra el mencionado Instituto. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; FIRME el fallo dictado en fecha 09 de marzo de 2010, por el mencionado Juzgado Superior.

En el recurso de apelación interpuesto por la Apoderada Judicial de los ciudadanos José López Rodríguez, Alberto Brito Capdevilla, Enio Rubén Legón, Lucy Pastora Durán y Doris Castillo Aguilar, contra la decisión dictada en fecha 10 de febrero de 2010, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, mediante la cual declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº 1366, de fecha 13 de enero de 2004, dictado por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO LARA, SEDE BARQUISIMETO, mediante la cual declaró Sin Lugar, la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesto por los recurrentes en contra de la Sociedad Mercantil Alentuy C.A. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; FIRME el fallo apelado.