En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte ORDENA notificar a la ciudadana Ruth Rodríguez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que manifieste, en un plazo máximo de diez (10) días de despacho, más dos (2) días continuos correspondientes al término de la distancia, contados a partir que conste en autos el recibo de su notificación, su interés en que sea decidida la presente causa, así como también para que alegue las razones que justifiquen su inactividad, las cuales serán apreciadas y ponderadas por esta Corte, con la advertencia que la falta de comparecencia ante este Órgano Jurisdiccional en el lapso indicado, hará presumir de pleno derecho la pérdida del interés en la misma y en consecuencia, se declarará extinguida la acción.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación ejercido en fecha 2 de noviembre de 2011, por los Abogados Darwin Hernández y Yacyra Franco, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de la ciudadana YOMYRA EURÍDICE FRANCO URIBE, contra la sentencia dictada en fecha 25 de octubre de 2011, por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la JUNTA LIQUIDADORA DEL INSTITUTO AUTÓNOMO DE LA VIVIENDA DE ARAGUA, 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto y 3. CONFIRMA el fallo objeto de consulta.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1.- TEMPESTIVA la solicitud de aclaratoria de la sentencia, dictada por esta Corte en fecha 10 de junio de 2014, 2. PROCEDENTE la aclaratoria de la sentencia dictada por esta Corte en fecha 10 de junio de 2014 y 3. CORRIGE el error material que se advirtió en la sentencia Nº 2014-0933 que dictó esta Corte el día 10 de junio de 2014.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 26 de abril de 2005, por el Abogado Julio César Márquez, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del ciudadano LUÍS ENRIQUE QUINTERO BAUTISTA, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 30 de marzo de 2005, la cual declaró Inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el referido ciudadano contra el MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE Y OBRAS PÚBLICAS, esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1. Su competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto 2. Desistido el recurso de apelación interpuesto, y 3. Firme el fallo apelado.

Esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo declara: 1.DECRETA medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el bien inmueble propiedad de la Sociedad Mercantil Harinas Concentradas Para Alimentos, (HACOPALCA), C.A.. 2.- ORDENA oficiar a los Juzgados Ejecutores de medidas de la Circunscripción Judicial que corresponda. 3.- DECRETA medida Preventiva de Embargo sobre bienes muebles propiedad de la Sociedad Mercantil Harinas Concentradas Para Alimentos (HACOPALCA), C.A.. 4.- ORDENA oficiar a los Juzgados Ejecutores de medidas de la Circunscripción Judicial que corresponda. 5.- NIEGA la medida preventiva de embargo solicitada sobre los bienes de los accionistas de la empresa demanadada. 6.- ORDENA anexar copia certificada de la presente decisión a la pieza principal.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 6 de marzo de 2006, por la Abogada, actuando como Apoderada Judicial de la parte recurrente, contra la sentencia dictada en fecha 8 de noviembre de 2005, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, esta Corte dictó sentencia y declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Nathaly Cubillan, actuando con el carácter de Apoderada Judicial del ciudadano HUGOLINO DE JESUS SANCHEZ DEL MORAL, contra la sentencia, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental que declaró Inadmisible el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el señalado ciudadano, contra la Providencia Administrativa dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS CARIRUBANA, FALCÓN Y LOS TAQUES DEL ESTADO FALCÓN.2. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3. CONFIRMA el fallo apelado con la reforma.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: DESISTIDO el procedimiento en la demanda por daños y perjuicios interpuesta por el Abogado Omar Antonio González Pérez, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del ciudadano MANUEL ISIDRO BONITO, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA DEL ESTADO YARACUY.

En el recurso de apelación ejercido por la Representación Judicial del ciudadano Omar Cruces contra la decisión dictada en fecha 9 de septiembre de 2013 por el Juzgado Superior Segundo de Transición en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el referido ciudadano contra el Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía, esta Corte dictó decisión por medio de la cual declaró: 1. Su competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto; 2. Desistido el recurso de apelación interpuesto; 3. Firme el fallo apelado.

Esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo declara SIN LUGAR la demanda de nulidad interpuesta por los Abogados Luis Fraga Pittaluga y Mónica Viloria Méndez, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la Sociedad Mercantil BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A., contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nro. 011.13 emitida el 31 de enero de 2013, por la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN), mediante la cual declaró sin lugar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la hoy demandante contra la Resolución 215.12 de fecha 14 de diciembre de 2012, y ratificó la multa impuesta por la suma de un millón doscientos cincuenta y nueve mil trescientos cuarenta y nueve bolívares con sesenta y siete céntimos (Bs. 1.259.349,67).

Esta Corte declaró Su COMPETENCIA para conocer el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano GUILLERMO MONCADA IBARRA, debidamente asistido por la Abogada Elizabeth Melgarejo Jaimes, contra el acto administrativo Nº 000171 de fecha 29 de octubre de 2004, dictado por la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante el cual declaró Sin Lugar el recurso de reconsideración incoado contra el acto administrativo Nº 000017 de fecha 22 de diciembre de 2003, que negó el reconocimiento de la condición de refugiado al referido ciudadano; y SIN LUGAR el recurso interpuesto.