En el presente recurso contencioso administrativo funcionarial esta Corte declaró: PERIMIDA LA INSTANCIA en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la Abogada Josefina Zurita Aguilera, actuando con el carácter de Apoderada Judicial del ciudadano CARLOS MONTESINO ACOSTA, contra el acto administrativo Nº CU-220 de fecha 11 de noviembre de 2003, dictado por el CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO, mediante el cual declaró improcedente la solicitud de Titularidad del cargo como Miembro Ordinario del Personal Docente y de Investigación de la Universidad de Carabobo, efectuada por el mencionado ciudadano.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 31 de agosto de 2004, por los Abogados Leonardo Colmenares y Bedo Castellanos, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de la ciudadana María Teresa Rodríguez Hevia, contra la sentencia dictada en fecha 26 de agosto de 2004 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, que declaró Inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la Gobernación del Estado Táchira, esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1. Su competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto 2. Sin lugar el recurso de apelación interpuesto 3. Confirma con la reforma indicada el fallo apelado.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad, interpuesto por el ciudadano JOSÉ RAMÓN OBREGÓN VARGAS, debidamente asistido por el Abogado Rosalio Torrealba Torrealba, contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución Nº 06-00-02 MC-97-001-001, de fecha 3 de septiembre de 1997 y el acto administrativo de fecha 13 de noviembre de 1997, notificado este último mediante oficio Nº 06-00-02645 de fecha 23 de diciembre de 1997, emanados de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, esta Corte dictó sentencia por medio de la cual declaró: 1. DESISTIDO el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto; 2. ORDENA el archivo del expediente.

En el cuaderno separado contentivo de la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada conjuntamente en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la Apoderada Judicial de la Sociedad Mercantil SINTHESIS, C.A., contra el acto administrativo de fecha 29 de octubre de 2010, identificado como PRE-VECO-GCP s/n, emanado del Presidente de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), esta Corte dictó decisión por medio de la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recuso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos; 2. IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada en el recurso contencioso administrativo de nulidad incoado; 3. ORDENA anexar el presente cuaderno separado a la pieza principal.

En la presente acciòn de amparo constitucional esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido en fecha 14/03/2011, por la ciudadana BLANCA HAYDEE ZORRILLA, asistida por el Abogados Jorge Enrique León Díaz, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 14/03/2011, que declaró Inadmisible la acción de amparo constitucional que ejerciera "procediendo en [su] carácter de representante y sucesora de la CORPORACIÓN DE SERVICIOS DETROIT, S.R.L", contra el "MINISTERIO DE VIVIENDA Y HÁBITAT (antiguo INAVI), actualmente representado por el Ministro Ricardo Molina, y contra los ciudadanos funcionarios ERIKA VILLAMIZAR, quien funge como Jefa de la División de Recaudación y OSCAR HERNÁNDEZ, Jefe de Vivienda, ambos venezolanos, mayores de edad, quienes dicen ser representantes del Ministerio", 2. SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido y 3. CONFIRMA el fallo apelado.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 26 de abril de 2011, por el Abogado Alexander Gallardo, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana ORNELLA RAMBOTTI, contra la sentencia dictada en fecha 13 de abril de 2011, por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, esta Corte dictó sentencia por medio de la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto; 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; 3. FIRME el fallo apelado.

En la demanda por incumplimiento de contrato interpuesta conjuntamente con medida cautelar de embargo por las Abogadas Judith Palacios Badaracco y Holimar Carolina Pineda Medina, actuando con el caracter de Apoderadas Judiciales del Banco Central de Venezuela contra la Sociedad Mercantil CONSTRUCCIONES Y MATERIALES PET PER, C.A., y la Sociedad Mercantil Hispana de Seguros C.A., esta Corte declara: 1.- Su Competencia para conocer de la demanda; 2.- Decreta medida preventiva de embargo sobre bienes muebles propiedad de la Sociedad Mercantil Construcciones y Materiales Pet Per C.A; 3.- Decreta medida de embargo contra la Sociedad Mercantil Hispana de Seguros, C.A., 4.- Ordena oficiar a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora; 5.- Ordena librar comisión al Juzgado Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; 6.- Ordena remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte.

En el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana ANNERIS MARGARITA CHIRINOS BÁEZ, asistida por los Abogados Víctor Hugo Mejías, Francks E. Vecchionacce I. y Fiorella Vecchionacce Queremei, contra la decisión dictada en fecha 25 de septiembre de 2006, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual se declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto; CON LUGAR el recurso de apelación incoado; ANULÓ el fallo apelado; SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

En la demanda interpuesta conjuntamente con medida cautelar de embargo por el Abogado Roberto Alfonzo Castellanos Hernández, en su carácter de Síndico Procurador Municipal del Municipio Boconó de Estado Trujillo contra las Sociedades Mercantiles J.M. INVERISIONES IMPORTACIONES y EXPORTACIONES, C.A., y PROSEGUROS S.A., esta Corte declara: 1.- Nula por ilegal la actuación realizada por el Juez Ejecutor de Medidas de los Municipios Boconó y Juan Vicente Campo Elías de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, contenida en el acta de fecha 29 de mayo de 2011; 2.- Ordena notificar a la Sociedad Mercantil Banco de Venezuela, Banco Universal, S.A.; 3.- Decreta la medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el bien inmueble identificado pertenenciente a la Sociedad Mercantil J.M. Inversiones, Importaciones y Exportaciones, C.A; 4.- Ordena oficiar al ciudadano Registrador Público Inmobiliario del Municipio Boconó del Estado Trujillo.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. SU COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto por la Abogada María Toyo, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la ciudadana AUDREY JOSEFINA MÁRQUEZ DE LONGA, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 15/12/2009, que declaró Inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la referida ciudadana, contra la JUNTA LIQUIDADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR (INAM), 2. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto y 3. CONFIRMA la sentencia apelada.