Con base en lo anteriormente expuesto, este Órgano Jurisdiccional concluye que en la presente solicitud cautelar no se encuentra satisfecho el periculum in mora, es decir, el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, y siendo que su verificación junto con el fumus bonis iuris son elementos concurrentes y necesarios para declarar la procedencia de la medida aquí solicitada, es forzoso concluir que en el presente caso no se configuran los requisitos de procedencia, en consecuencia, esta Corte declara IMPROCEDENTE la medida de suspensión de efectos solicitada.

Este Órgano Jurisdiccional declarar Con Lugar el recurso de apelación ejercido por la representación judicial del recurrido Municipio, en atención al error en el que incurrió el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental en su decisión de fecha 11 de octubre de 2007.

1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación intentado por el abogado EDGAR ERASMO DURÁN, actuando en su propio nombre y en defensa de sus derechos contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 7 de noviembre de 2013 contra la COORDINACIÓN JUDICIAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación intentado contra la sentencia dictada en fecha 7 de noviembre de 2013 por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. 3.- Se CONFIRMA en los términos expuestos la decisión apelada.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.-La NULIDAD PARCIAL del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 29 de abril de 2013, únicamente en lo relativo al inicio del procedimiento de segunda instancia establecido en el Título IV, Capítulo III, artículo 87 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo. 2.- REPONE la causa al estado de que se libren las notificaciones a que hubiera lugar, para que se dé inicio al procedimiento de segunda instancia contemplado en el Titulo IV, Capítulo III, artículo 87 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.3.-VÁLIDO el escrito de fundamentación a la apelación presentado por la recurrente, en fecha 7 de mayo de 2013. Se ordenó la notificación de las partes.

Por todo lo antes expuesto, visto que en el presente caso no se verificó la caducidad de la demanda respecto a la nulidad de los actos administrativos constituidos por el "Certificado de Empadronamiento" dictado en fecha 22 de septiembre de 2011 y la "Cédula Catastral" proferida en fecha 31 de octubre de 2012 por la Dirección de Planificación Urbana y Catastro de la Alcaldía del Municipio Baruta del Estado Bolivariano de Miranda, resulta forzoso para esta Corte declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de los ciudadanos Pedro Díaz Leandro, Antonia Petra Díaz Leandro, José Gregorio Díaz Barreto y Javier Alexander Díaz Barreto, en consecuencia REVOCA el fallo proferido por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 11 de octubre de 2013.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- PROCEDENTE la suspensión de la causa solicitada por el abogado Víctor Esqueda, actuando en su carácter de representante judicial de la CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL (CORPOELEC), en el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el abogado Pedro Antonio Morales Aguilar, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano OMAR JOSÉ PANTALEÓN RAMÍREZ, contra el acto administrativo contenido en la Providencia Nº 168-03 de fecha 10 de diciembre de 2003, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO TÁCHIRA, mediante la cual declaró sin lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios dejados de percibir.2.- Se ACUERDA la suspensión de la causa por un lapso de ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir del día siguiente de la publicación del presente fallo.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianela Millán Rodríguez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 27.295, actuando como apoderada judicial de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO VALENCIA DEL ESTADO CARABOBO, contra el auto proferido por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, mediante la cual admitió el escrito de promoción de pruebas presentado por el abogado Rafael Tortolero, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 30.923, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana SONIA JOSEFINA DORANTE PERNALETE. parte recurrente. 2. DESISTIDO el recurso de apelación. 3. FIRME el auto dictado el 19 de noviembre de 2003, por el referido Juzgado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de las apelaciones interpuestas, tanto por la parte recurrente asistida por la abogada Rosa Betancourt, así como por el abogado José Gregorio Figueroa, actuando con el carácter de apoderado judicial del Municipio Maturín del estado Monagas, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con competencia en el estado Delta Amacuro, en fecha 1 de junio de 2011, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por la ciudadana YASHIRA DEL VALLE MARCANO JIMÉNEZ, asistida por la abogada Soraya Hernández, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO MUNICIPIO MATURÍN DEL ESTADO MONAGAS. 2.- DESISTIDOS los recursos de apelación interpuestos. 3.- FIRME la sentencia apelada. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: DESISTIDO el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, e IMPROCEDENTE la consulta de Ley contenida en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en consecuencia, FIRME el fallo apelado.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 24 de septiembre de 2013, por el abogado Humberto Decarli, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana MARISELA BELIS YANES, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 15 de abril de 2013, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la aludida ciudadana, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 01-00-000114 de fecha 24 de mayo de 2012, emanada de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, mediante la cual se removió a la referida ciudadana.2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- Se CONFIRMA el fallo apelado.