Esta Corte declaró que es: 1.- COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto por el abogado Marcos Elías Goitia, ya identificado, actuando como apoderado judicial del querellante, en fecha 12 de julio de 2012, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, en fecha 1º de agosto de 2012, que declaró sin lugar la querella interpuesta por el abogado antes mencionado en representación del ciudadano LUIS RAFAEL MÁRQUEZ CABORUCO, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE. 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta. 3.- CONFIRMA la sentencia apelada:

Esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto en fecha 3 de marzo de 2015, por el abogado Carlos Eduardo Urbina Esteves, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana SIKIU ELIZABETH BORGES VIVAS, ya identificados, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 25 de febrero del mismo año, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- CONFIRMA la sentencia apelada.

Esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación ejercido el 6 de noviembre de 2014, por la abogada Valtieri Verrocchi Vivas, ya identificada, actuando con el carácter de apoderada judicial del Instituto de Crédito Agrícola del estado Apure (INCREA), contra la sentencia de fecha 16 de octubre de 2014, por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por la ciudadana OLIDAR COROMOTO BARRIENTOS MARCHENA, asistida por el abogado Alberto Luis Bolívar Guevara, ya identificados, contra el INSTITUTO DE CRÉDITO AGRÍCOLA DEL ESTADO APURE (INCREA). 2.- CON LUGAR el recurso de apelación ejercido y en consecuencia, PERIMIDA la causa. 3.- REVOCA la sentencia apelada. 4.- EXTINGUIDO el presente proceso.

Esta Corte: ORDENA notificar a la sociedad mercantil BANCO CARONÍ, C.A., BANCO UNIVERSAL, y a la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a los fines que informen en un plazo máximo de diez (10) días de despacho siguientes a su notificación, si conservan interés en continuar el presente proceso y de ser éste el caso, expresen los motivos por los cuales mantienen el referido interés, los cuales serán ponderados por este Órgano Jurisdiccional al momento de emitir la decisión correspondiente, advirtiéndose que no producirse respuesta dentro del plazo antes indicado, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo procederá a declarar la pérdida del interés en la demanda interpuesta.

Esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer en consulta la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 4 de junio de 2014, que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano VÍCTOR MANUEL ROCHA MALDONADO, asistido por la abogada Carmen Cristina Rocha Maldonado, ya identificados, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO. 2.- DESISTIDA la apelación interpuesta por el Órgano administrativo. 3.- PROCEDENTE la consulta de ley. 4.- ANULA la sentencia consultada en lo relativo a conceder el carácter de funcionario público de carrera al querellante. 5.- CONFIRMA la sentencia en los demás aspectos examinados.

Esta Corte declaró: 1.- IMPROCEDENTE la declaratoria de perención planteada mediante auto de fecha 14 de febrero de 2017, por el Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo; en la presente demanda de nulidad interpuesta por el ciudadano ABNER JOSÉ CORONEL BOBADILLA, titular de la cédula de identidad Nº V-15.054.373, contra el CUERPO TÉCNICO DE VIGILANCIA DEL TRÁNSITO Y TRASPORTE TERRESTRE DEL ESTADO ARAGUA. 2.- Se ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de que comisione nuevamente, amplia y suficientemente al Juez Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, para que practique la notificación de los ciudadanos Abner José Coronel Bobadilla, Federico García García y Fidel José Borges Sánchez.

Esta Corte ordenó: SOLICITAR a las ciudadanas Carmen Rosario García Velásquez y María Remigia Justo Justo, que consignen la solicitud o documento entregado ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S), donde pueda evidenciarse fecha en la cual fue interpuesto y recibido, para lo cual se conceden tres (3) días de despacho, contados a partir de que conste en autos su notificación, a los fines que proceda a subsanar dicha omisión, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 ejusdem.

Esta Corte declaró: EL DESISTIMIENTO del procedimiento en la demanda de nulidad interpuesta por la ciudadana LIUDMILA GARCÍA, debidamente asistida por el abogado Luis Alfonzo Herrera Orellana, contra los actos administrativos S/N de fechas 20 de septiembre y 1º de noviembre de 2011, dictados por la OFICINA DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, mediante los cuales se declaró y confirmó la responsabilidad administrativa de un grupo de funcionarias, entre las cuales se encuentra la mencionada ciudadana y le impuso la sanción de multa por la cantidad de ocho mil cuatrocientos sesenta y seis bolívares con setenta y cinco céntimos (Bs. 8.466,75), ello conforme a lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y los artículos 107 y 108 del Reglamento de la referida Ley.

Esta Corte declaró: IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de la sentencia Nº 2017-142, dictada por este Órgano Jurisdiccional en fecha 21 de febrero de 2017, formulada en fecha 7 de marzo de 2017, por la abogada Carolina Herrera Bozzo, inscrita en el Instituto de Previsión social del Abogado bajo el Nº 79.602, actuando con el carácter de delegada del Procurador General del estado Vargas.

Esta Corte declaró: 1. Que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 3 de junio de 2015, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los abogados Juan Pablo Torres y Olena Colombani de Torres, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano LUCAS RANGEL HERNÁNDEZ, contra la UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 2. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia, se CONFIRMA la sentencia apelada.