Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara:1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la abogada Janine Palacios, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 103.216, con el carácter de apoderada judicial de la querellante, contra la sentencia proferida por el aludido Juzgado Superior, en fecha 2 de abril de 2013, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana PATRICIA ELIZABETH CASTELLANOS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad Nº V- 15.039.968, debidamente asistida por el abogado José del Carmen Blanco, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 26.495, contra el GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL. 2. DESISTIDO el recurso de apelación. 3. FIRME el fallo apelado.

Esta Corte declaró: IMPROCEDENTE la medida cautelar innominada solicitada por el abogado Luis Monteverde, actuando en su carácter de representante legal de la sociedad mercantil BSI S.A., en virtud del silencio administrativo en el que presuntamente habría incurrido la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES, ante el recurso de reconsideración ejercido por la empresa.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara: 1. Ratifica la COMPETENCIA para conocer y decidir en primer grado de jurisdicción, recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión, por las abogadas Emil Estrella Negrin Medina y Johana Margarita Arias Jiménez, actuando en el carácter de apoderadas judiciales de la ciudadana MARY LUZ ALBARRACIN, contra el acto administrativo dictado por la CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DEL ESTADO TÁCHIRA, "en fecha 03 de mayo de 2011, notificado a [su] representada el 04 de mayo de 2011, según oficio Nº 09-008-11de fecha 03/05/2011". 2. DESISTIDO el procedimiento de autos de conformidad con el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recuro de apelación interpuesto el 22 de mayo de 2006, por la abogada Nilia Velásquez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 38.214, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana ANA EMILSE CALDERON MORA, titular de la cédula de identidad número 3.766.440, respectivamente, contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES. 2. CON LUGAR el recurso de apelación interpuesta. 3.- REVOCA el fallo apelado. 4.- ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, a los fines de que éste proceda a pronunciarse sobre la admisibilidad del presente asunto, con excepción de la caducidad ya analizada en el presente fallo.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta por la abogado Karina Querales, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 95.699, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana CORNELIA CRISTINA GARCÍA DE ZABALA, contra la decisión proferida por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en fecha 21 de noviembre de 2012, mediante la cual declaró la perención de la instancia en el marco del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN, por diferencia en el pago de las prestaciones sociales. 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta. 3.- CONFIRMA el auto dictado en fecha 21 de noviembre de 2012, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la demanda por abstención o carencia incoada por el ciudadano OTONIEL PAUTT ANDRADE, titular de la cédula de identidad Nº 13.638.880, contra la OFICINA DE REGISTRO INMOBILIARIO DEL MUNICIPIO ZAMORA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto el día 11 de agosto de 2011, por el abogado Robinson Narváez Rodríguez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 59.874, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano ADEL JOSÉ GARATE, titular de la cédula de identidad Nº. V-5.545.225, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en el Estado Delta Amacuro, en fecha 25 de julio de 2011, mediante la cual declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el referido ciudadano contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO MONAGAS. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- Se CONFIRMA el fallo apelado.

Se declara desistido el recurso de apelación ejercido.

Esta Vicepresidencia dictó decisión mediante la cual declaró con lugar las inhibiciones planteadas en fecha 27 de mayo de 2013, por los ciudadanos Alejandro Soto Villasmil y Alexis Crespo Daza, actuando con el carácter de Jueces de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, asimismo se ordenó la remisión de las presentes actuaciones a la Secretaría de esta Corte, a los fines que se constituya con la celeridad que lo amerita la Corte Accidental, en la presente causa.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara: 1. VÁLIDO el escrito de fundamentación a la apelación presentado por la actora el día 24 de abril de 2013. 2.- La NULIDAD PARCIAL de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación a la apelación. 3.- Se REPONE la causa al estado de iniciar el lapso de contestación a la fundamentación de la apelación, contado a partir de que conste en actas la última de las notificaciones de las partes y, por consiguiente, la continuación del procedimiento de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.