Por las razones anteriormente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido por la parte recurrente contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 26 de marzo de 2013, en la cual declaró parcialmente con lugar recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano EDGAR ANTONIO IBARRA TORRES. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido. 3.- Se CONFIRMA la sentencia apelada.

Se dictó decisión a través de la cual esta Corte declaró: 1.-QUE ES COMPETENTE, para conocer del recuso de apelación interpuesto el 26 de febrero de 2013 por la representación judicial de la ciudadana recurrente, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 14 de febrero de 2013, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana BEATRIZ ELENA GÓMEZ DE MARTÍNEZ, debidamente asistida por el abogado David Jose Justy Roa, contra la JUNTA LIQUIDADORA DEL CENTRO SIMÓN BOLÍVAR, C.A. 2.-ANULA el fallo apelado. 3.-DECLINA el conocimiento de la presente causa al Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, que corresponda previa distribución. 4.- Ordenó remitir el expediente al prenombrado Juzgado. Se ordenó la notificación.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo debe declarar PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la abogada María Bracho Reyes, actuando en su carácter de sustituta del Procurador del Estado Zulia, en consecuencia, se REVOCA PARCIALMENTE la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental en fecha 4 de abril de 2003, únicamente en cuanto al pago de la bonificación de fin de año solicitada, así como de aquellos conceptos que requieren de la prestación efectiva de servicio, pero CONFIRMA dicho fallo los demás aspectos. Así se decide.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1.-Declaró que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 18 de marzo de 2013, por el abogado Jhonny Blanco, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano Junior Alejandro Manrique Rodríguez, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 22 de febrero de 2013, mediante el cual declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el Instituto Autónomo de Bomberos del Estado Bolivariano de Miranda. 2.- SIN LUGAR la apelación ejercida por la representación judicial del querellante. 3.- CONFIRMA el fallo apelado, en los términos planteados en la parte motiva del fallo. Se ordenó la notificación del fallo y la remisión del expediente al Juzgado de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos interpuesta por el abogado Jesús Antonio Ripoll, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil ORGANIZACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL C.A. (ONSEINCA), contra la decisión dictada por la comisión de contrataciones de la sociedad mercantil Petroboscan, S.A., filial de Petróleos en fecha 19 de marzo de 2012, mediante la cual se informó a la sociedad mercantil recurrente que no le fue adjudicado el contrato de "Servicio De Vigilancia, Seguridad y Custodia Para Las Instalaciones De Petroboscan, S.A", en el marco del "Proceso De Contratación Publica Nº. A-043-11-178". Se ordenó la notificación de la presente decisión y la remisión del cuaderno separado al Juzgado de Sustanciación de esta Corte.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta el 20 de diciembre de 2011, por el abogado Enrique Pérez Bermúdez, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte recurrida, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 8 de diciembre de 2011, a través de la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el prenombrado abogado en representación del ciudadano ERIC ALEXIS PEÑARANDA RUIZ, contra EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA. 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta. 3.- Se CONFIRMÓ la sentencia apelada. Se ordenó notificar y remitir el expediente al Tribunal de origen.

Esta Corte DECRETA LA EJECUCIÓN VOLUNTARIA de las sentencias N° 2007-01442, de fecha 3 de agosto de 2007, y Nº 2008-01900, de fecha 22 de octubre de 2008, dictada por esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual ordenó a la República Bolivariana de Venezuela pagar a la ciudadana Josefina Grosso de Villegas, la cantidad de tres mil doscientos cuarenta y cinco punto cuarenta unidades tributarias (3.245,41 U.T.) por concepto de actualización de la indemnización expropiatoria.

Esta Corte de una revisión exhaustiva del expediente administrativo de la recurrente y demás actas procesales, que no consta en autos medio probatorio alguno del cual pueda desprenderse que el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES), haya dado cumplimiento a la obligación de realización en forma periódica de las evaluaciones de desempeño de la ciudadana Yasmil Escalona, tal como lo prevé la Ley del Estatuto de la Función Pública en sus artículos 57 y siguientes, razón por la cual este Órgano Jurisdiccional conociendo en consulta de acuerdo a lo establecido en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, confirma el fallo dictado por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 15 de noviembre de 2010, mediante el cual declaró parcialmente con lugar presente recurso contencioso administrativo funcionarial.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo considera ajustado a derecho el pronunciamiento realizado por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Central con Sede en Maracay, Estado Aragua, en cuanto al derecho que le asiste al querellante, para que se le realice el pago pendiente del Bono Bolivariano del año 2009, en consecuencia, se CONFIRMA el fallo consultado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido el 30 de marzo de 2013, por la abogada Rosana Ávila García, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana MARÍA TRINA MENDOZA DE ROJAS, contra el auto dictado en fecha 23 de marzo de 2013, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental, mediante el cual declaró inadmisible "la prueba de experticia contenida en el Capítulo II de nuestro escrito de promoción de pruebas" del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO ANZOÁTEGUI. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- FIRME el auto apelado. Se ordenóremitir elexpediente al tribunal deorigen.