Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido el 18 de septiembre de 2008, por la apoderada judicial de la Procuraduría General del Estado Trujillo, contra la sentencia dictada por el referido Juzgado Superior, en fecha 25 de marzo de 2008, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la apoderada judicial de la ciudadana ELSY JOSEFINA BRACAMONTE TERÁN, titular de la cédula de identidad Nº 2.625.794, contra la PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO TRUJILLO. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación ejercido, 3.- PROCEDENTE la consulta de Ley, 4.- Se REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en fecha 25 de marzo de 2008. 5.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual HOMOLOGÓ EL DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN Y DEL PROCEDIMIENTO solicitado por el abogado Jorge Luis García, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 130.407, actuando con el carácter de Síndico Procurador del Municipio Rosario de Perijá del Estado Zulia, se ordenó el archivo del expediente.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ORDENA la acumulación del presente expediente, al asunto Nº AP42-R-2002-002662, cuya ponencia está asignada al ciudadano Gustavo Valero Rodríguez, Juez Vicepresidente de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, y en consecuencia, se proceda al cierre informático del presente expediente signado con el Nº AB42-R-2002-000017. Así se declara.

Esta Corte declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, en consecuencia se confirma la sentencia de fecha 1 de enero de 2009, dictada en primera instancia por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil - Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental.

Esta Corte declara sin lugar el recurso de apelación interpuesta por la apoderada judicial de la Caja de Ahorros y Previsión Social de los Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, por ser considerada la prueba de informes manifiestamente impertinentes, en consecuencia, se confirma el auto dictado en fecha 12 de noviembre de 2002 por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta por la apoderada judicial de la ciudadana CARIDAD DEL VALLE BERICOTO, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental, de fecha 25 de octubre de 2006, mediante la cual declaró inadmisible in limine litis el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la mencionada ciudadana contra la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO ANZOÁTEGUI. 2.- CON LUGAR la apelación ejercida. 3.- REVOCÓ el fallo apelado. 4.- ORDENÓ remitir el presente expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental, a los fines que se pronunciara sobre la admisión del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, con excepción a la causal de inadmisibilidad referida a la caducidad, ello en virtud de que ésta ya fue analizada por esta Alzada.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta en fecha 23 de febrero de 2012, por la abogada Ángela Rosa Romero, actuando en nombre propio y representación contra la sentencia dictada el 3 de febrero de 2012, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital mediante la cual declaró SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO INDEPENDENCIA DEL ESTADO MIRANDA; 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta; 3.-CONFIRMA la sentencia apelada. Se ordenó notificar y remitir el expediente al Tribunal de origen.

Se dictó Sentencia que declaró: SIN LUGAR la demanda de nulidad interpuesta por la la sociedad mercantil BANCO CARONÍ C.A., BANCO UNIVERSAL; contra la Resolución Nº 109.12, de fecha 30 de julio de 2012 y notificada el 2 de agosto de 2012, por la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO, en la que se declaró sin lugar el Recurso de Reconsideración interpuesto y se confirmó el acto administrativo Nº 067.12, mediante el cual se impuso a la entidad bancaria una multa por la cantidad de Novecientos Dieciocho Mil Bolívares sin Céntimos (Bs. 918.000,00), correspondiente al uno por ciento (1%) de su capital pagado, por haber evidenciado dicho órgano administrativo, el incumplimiento en el otorgamiento de los porcentajes de créditos para el sector agrario, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2011, por parte de dicha institución bancaria; en consecuencia, se RATIFICÓ la legalidad de las Resoluciones Nº 067.12 y N°109.12. Se ordenó la notificación.

Por las razones antes expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ordena notificar al ciudadano PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO MONAGAS, para que comparezcan en un lapso de diez (10) días de despacho contados a partir que conste en autos la última de las notificaciones ordenadas, a los fines de que manifiesten su interés de continuar con la presente causa, la cual lo constituye el recurso de apelación ejercido en fecha 7 de enero de 1986, por el ciudadano Procurador General del Estado Monagas, contra la sentencia dictada en fecha 20 de diciembre de 1985 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el día 1 de noviembre de 2013, por el Abogado Fernando J. Valera, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo en Nº 91.434, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil INTERBANK SEGUROS, S.A., contra la decisión dictada en fecha 28 de octubre de 2013, por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró parcialmente con lugar la demanda de ejecución de fianza conjuntamente con medida cautelar de embargo, interpuesta por el INSTITUTO AUTÓNOMO DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y SERVICIOS DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA (INFRAMIR). 2.- HOMOLOGADA LA TRANSACCIÓN celebrada entre las partes en fecha 29 de enero de 2014.